BUENOS AIRES (Agencias-Medios Digitales). Apremiado por la inflación, el kirchnerismo en la Cámara de Diputados se apresta a convertir en ley el trío de proyectos del Poder Ejecutivo que actualizan la Ley de Abastecimiento y que crean un observatorio de precios y un fuero judicial para atender reclamos de consumidores.La sesión especial comenzó a las 12.04 con la presencia de 139 legisladores, esto es, 10 más que el quórum reglamentario. Para ello el Frente para la Victoria contó con el apoyo de sus aliados tradicionales, incluyendo a Martín Insaurralde, además del moyanista Omar Plaini y de diputados del gobernador cordobés José Manuel De la Sota. Una vez luego, los bloques opositores bajaron al recinto.El debate promete mucha polémica y podría quedar en el podio de sesiones más largas de la era K: según anticiparon fuentes oficiales, la sesión podría durar 24 horas. Como fuera, se descarta que la votación será favorable para el kirchnerismo.El bloque que conduce Juliana Di Tullio defenderá a capa y espada los tres proyectos que reclamó el Ejecutivo para su gestión económica y que lograron dividir al gran empresariado de las pequeñas y medianas empresas.El arco opositor, con distintos argumentos, volverá a poner el grito en el cielo por la nueva Ley de Abastecimiento, aunque no tiene número para imponer sus dictámenes alternativos.NegativasEl diputado nacional Claudio Lozano (Unidad Popular) anticipó anoche que su bloque votará en contra del proyecto de reforma de la Ley de Abastecimiento, aunque acompañará la creación del observatorio de precios y la instauración de un fuero especial para conflictos entre empresas y consumidores.El diputado nacional por la Coalición Cívica-ARI Fernando Sánchez anticipó esta tarde que su bloque va a votar en contra de la reforma de la Ley de Abastecimiento que impulsa el Poder Ejecutivo, por considerar que “ni siquiera debería existir”.Detalles del proyectoEl proyecto de “Nueva regulación de las relaciones de producción y consumo” actualiza las penas previstas en la Ley de Abastecimiento de 1974, con el objetivo de atender la cuestión de los precios, que incluye la inflación y ciertos abusos sobre los consumidores.En este sentido, la propuesta habilita al Poder Ejecutivo a establecer márgenes de utilidad y precios de referencia para cualquier etapa del proceso económico. Además, permite aplicar sanciones a quienes remarquen artificial o injustificadamente los precios de una forma que no sea proporcional a los aumentos de los costos; o a quienes acaparen mercadería, se nieguen a la venta de productos, afecten el normal abastecimiento de una mercadería, o no entreguen facturas.Fuero para los consumidoresLa iniciativa crea en el ámbito del Poder Judicial el servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (Coprec), donde los usuarios y consumidores podrán presentar sus reclamos de forma gratuita, y éstos deberían ser solucionados en un plazo de 30 días.Los usuarios y consumidores podrán presentar reclamos cuyo monto no exceda un valor equivalente a 55 salarios mínimos, vitales y móviles, a través de un formulario que será determinado en la reglamentación. Además, las empresas que no se presenten a esa conciliación quedarán sujetas a multas.Si no se llega a un acuerdo, se podría accionar ante la Auditoría de Relaciones de Consumo, primero, y la Cámara Federal y Nacional de Apelaciones en las Relaciones de Consumo o ante la Cámara Federal de Apelaciones correspondiente.Observatorio de preciosEl Coprec se encargaría del monitoreo, relevamiento y sistematización de los precios y la disponibilidad de insumos, bienes y servicios que son producidos, comercializados y prestados en Argentina. Decomiso de bienes ilegalesEl Senado aprobó por unanimidad un proyecto de ley que propone el decomiso anticipado de bienes provenientes del narcotráfico, la trata de personas o el lavado de dinero.La iniciativa plantea modificaciones al Código Penal para que el juez o tribunal pueda disponer el decomiso de las “cosas o ganancias” que hayan servido o provengan de la comisión de esos delitos “antes del dictado de sentencia”.El proyecto combinó diversas iniciativas presentadas por senadores del oficialismo, la UCR, el PRO y el Frente Amplio Unen.La Cámara alta aprobó además por unanimidad la creación de secretarías especializadas en cuestiones de narcotráfico, que se instalarán en el ámbito judicial de todas las provincias del país. Impulsada por los senadores radicales Gerardo Morales, Ernesto Sanz, Mario Cimadevilla, y por Adolfo Rodríguez Saá (Bloque Justicialista de San Luis), la norma crea organismos judiciales especializados, en aquellas provincias en donde haya más de 100 causas abiertas relacionadas con el tema del narcotráfico.
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