BUENOS AIRES (DyN). La Cámara Federal de Casación Penal resolvió enviar a juicio oral al exsecretario de Transporte Ricardo Jaime y al empresario Sergio Cirigliano por el presunto delito de “dádivas”, tras un fallo de la Corte Suprema que despejó el camino hacia el debate.Casación había declarado la “invalidez” del auto de elevación a juicio contra ambos imputados dispuesto por el juez federal Julián Ercolini, en un expediente en el que se investiga si Jaime realizó viajes costeados por Cirigliano, a quien debía controlar como Secretario de Transporte.Ercolini investigó, a instancias del exfiscal de Investigaciones Administrativas Manuel Garrido -hoy diputado por la UCR- esas supuestas “dádivas” que habría recibido Jaime entre septiembre de 2006 y julio de 2009.“El Máximo Tribunal de la Nación, con fecha 26 de agosto de 2014, resolvió -por mayoría, con disidencia del doctor Petracchi- hacer lugar a la queja, declarar procedente el recurso extraordinario y dejar sin efecto la sentencia apelada, devolviéndola a esta instancia a fin de que se dicte un nuevo fallo con arreglo a lo expresado”, explicó ayer la Sala IV de la Casación, con las firmas de los jueces Gustavo Hornos, Juan Carlos Gemignani y Mariano Borinsky.Ese fallo de la Corte dejó sin efecto la decisión de suspender el envío de la causa a juicio oral, de modo tal que el criterio del máximo tribunal es de cumplimiento obligatorio y Jaime y Cirigliano deberán afrontar el debate.“A partir de los alcances del fallo citado, y dándole debido cumplimiento a lo ordenado por el más alto Tribunal, corresponde rechazar los recursos de casación interpuestos por las defensas de Sergio Claudio Cirigliano y Ricardo Raúl Jaime y remitir las actuaciones al juzgado de origen en forma urgente, con el objeto de que continúe el trámite del proceso”, resumieron los camaristas.Además de esta causa, Jaime afronta otras investigaciones, entre ellas una por enriquecimiento ilícito por la que fue procesado junto a miembros de su familia.Asimismo, Jaime recibió una condena menor en un caso donde se lo acusó de haber intentado sustraer unas tarjetas durante un allanamiento a uno de sus domicilios.
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