PUERTO IGUAZÚ. Las fuentes sostienen que la ausencia duró cerca de una hora, no más. Sin embargo, fue suficiente para que la casa que debía cuidar fuera usurpada. Un efectivo policial pagó caro el abandono de su puesto de custodia en Puerto Iguazú. Se “escapó” para tomar el desayuno sin imaginar que, en ese lapso, la vivienda sería ocupada ilegalmente.El episodio del que tuvo conocimiento PRIMERA EDICIÓN en las últimas horas sucedió la semana pasada, en la mañana del último viernes en el barrio Las Leñas de la ciudad del Alto Paraná misionero.Se trata de un complejo habitacional construído y gestionado por el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (Iprodha), emplazado a unos tres kilómetros del centro de Puerto Iguazú, sobre el final de la tradicional avenida República Argentina.Según las fuentes, meses atrás el organismo inició un trámite de revocación de la vivienda a quien en ese momento era la titular de la misma. Dicho instituto se reserva ese derecho ante determinados casos, como por ejemplo la falta de pago o la no ocupación del inmueble. Cualquiera que haya sido el motivo, lo cierto es que tras ese trámite y con el objetivo de evitar mayores inconvenientes, el Iprodha contrató un servicio de adicional con la Policía de Misiones que constaba de un efectivo policial apostado en la escena a los fines de evitar una intrusión.Varias semanas pasaron sin mayores novedades. Hasta la mañana del último viernes. Ese día, el agente que cumplía con el adicional sintió hambre y se decidió a abandonar “por algunos minutos” su lugar de trabajo en busca del desayuno.El efectivo quizás pensó que nada iba a cambiar en esos minutos. Pero se equivocó. Cuando regresó se encontró con una sorpresa: la casa por la que le pagaban para cuidar había sido usurpada. Había fallado en su trabajo.El insólito episodio llegó entonces hasta las autoridades policiales, que decidieron abrir un sumario al agente de la fuerza provincial. Ante la denuncia, tomó también intervención la Justicia provincial, que inició una investigación caratulada en un principio como “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y “facilitación del delito de usurpación”.Al cierre de esta edición se investigaba si el uniformado actuó con negligencia y la usurpación lo tomó por sorpresa, como creen los más “bondadosos” en Puerto Iguazú, o si, por el contrario, hubo complicidad del funcionario público. Esas cuestiones serán resueltas ahora por la Justicia.
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