BUENOS AIRES (NA). El juez federal Ariel Lijo dispuso ayer un allanamiento en el Municipio de la Costa, en Mar del Tuyú, en el marco de una investigación sobre presuntas maniobras fraudulentas en un plan de viviendas, cuando el vicepresidente Amado Boudou se desempeñaba como secretario de Hacienda.Se trata de una causa que se inició a partir de la denuncia que realizó el concejal Marcos García contra el vicepresidente; el ministro de Planificación, Julio De Vido; el exintendente Juan de Jesús y su hijo y actual mandatario comunal, Juan Pablo de Jesús.La denuncia es a raíz de una licitación de 2005 por un total de 26 millones de pesos para la construcción de 486 viviendas y dos escuelas en el Municipio de la Costa, que debía finalizar en 2006 pero que, según el concejal, no fueron terminadas pese a haberse pagado dos tercios de la suma acordada.Según indicaron fuentes judiciales a la agencia NA, el allanamiento fue llevado a cabo por Gendarmería Nacional en busca información y contratos con la empresa Cantera, que debía llevar a cabo las obras.La medida fue ordenada por Lijo y cursada por medio de su par, el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, ni bien finalizó la declaración testimonial del concejal García (Unión-PRO), en la cual ratificó lo denunciado.Este jueves, el fiscal Gerardo Pollicita pidió abrir una causa para investigar los hechos y en su dictamen imputó a Boudou, De Vido y otros acusados. Lijo, a su vez, ya ordenó varias de las medidas solicitadas por el fiscal: a la Inspección General de Justicia pidió que informe sobre los antecedentes y la composición accionaria de la empresa Cantera, y al Ministerio de Planificación Federal que aporte detalles sobre las obras y los fondos que fueron adjudicados.Según declaró García ante el juez, el Ministerio a cargo de De Vido aportó unos 20 millones de pesos para la construcción de 484 viviendas y dos escuelas en el Partido de la Costa; y que hubo cinco procesos de licitación en los cuales intervino Daniel Tarrida como cara visible de la firma Cantera.Además, dijo que los mismos fueron suscriptos por Boudou como secretario de Hacienda de dicho partido junto al actual intendente Juan Pablo de Jesús; y su padre, quien fuera jefe comunal al momento de ocurridos los hechos. A los ocho meses de firmados los convenios para emprender las obras, Boudou y Juan de Jesús autorizaron pagar a Cantera el 96% del presupuesto. “Luego 48 horas después de cobrar la casi totalidad de la obra, la empresa convoca a concurso preventivo que tramita ante el Juzgado nacional en lo comercial número 5”, señaló el concejal, según surge de la declaración a la que accedió NA.Además, aseguró que Juan Pablo de Jesús luego rescindió el contrato con Cantera por el incumplimiento de las obras, pero que no se hizo ninguna denuncia penal o civil.García precisó las direcciones donde iban a ser construidas las viviendas en el Plan Federal; y sostuvo que además se planeó la construcción de cinco o seis establecimientos “de los que hoy no hay noticia”.También sostuvo que hubo “trabajadores que denunciaron el abandono por parte de la empresa de las obras y la no remuneración”. Mientras tanto… en la causa CicconeEl fiscal federal Jorge Di Lello pidió rechazar un pedido de nulidad contra el testimonio de Nicolás Ciccone, exdueño de la empresa gráfica, realizado por sus propios abogados, quienes aseguran que sus dichos fueron utilizados en su contra para luego procesarlo.Se trata del testimonio que Nicolás Ciccone prestó el 5 de diciembre pasado, en el cual reconoció que hubo una maniobra en la cual participó el vicepresidente Amado Boudou para el salvataje y posterior compra de la quebrada empresa, al otorgarle un plan de facilidades de pago.En esa oportunidad, Ciccone declaró como testigo y aseguró que Boudou participó en al menos dos encuentros en los que se analizó el tema, y lo mismo fue ratificado por su yerno Guillermo Reinwick.Pero luego de que ambos declararan como testigos, el juez Ariel Lijo mutó su condición en la causa y los procesó por “cohecho activo” junto al vicepresidente Boudou, al considerar que habían sido partícipes de la maniobra.Para la defensa de Ciccone, los abogados Gabriel Palmeiro y Maximiliano Rusconi, los dichos del exdueño de la empresa como testigo se utilizaron luego para imputarlo en la causa, por lo cual plantearon la nulidad.En su dictamen, Di Lello consideró que el pedido de los abogados de Ciccone se produjo recién luego de que procesaran a su cliente y también sostuvo que “utiliza para todas las presentaciones argumentos iguales”. “No es correcta la afirmación del incidentista respecto a que, la declaración testimonial de su defendido, fue utilizada como prueba relevante para convocarlo posteriormente” como acusado, dijo el fiscal en el escrito al que accedió NA.Además, explicó el fiscal que puede ocurrir que “quien oportunamente fuera llamado como testigo” luego “mute su carácter a imputado”, como fue el caso de Nicolás Ciccone y su yerno Guillermo Reinwick.
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