POSADAS. La reciente reunión entre el Observatorio de Acceso a la Información Pública Misiones (Obaipumi) con el ministro de Gobierno, Jorge Franco, no fue suficiente para destrabar el acceso a la información pública, tal como lo establece la ley provincial. La misma negación de información se registra en los municipios que adhirieron a la norma pero no la aplican como corresponde.“Las autoridades misioneras requeridas persisten en la práctica de negar información pública, tal como lo reflejan las solicitudes realizadas por los ciudadanos Alberto Holz a autoridades provinciales y por Rafael Pereyra Pigerl a las autoridades municipales de la ciudad de Oberá”, expresó el Observatorio.En el caso de Holz, reveló que “después de la insistencia en su pedido, la Policía entregó al candidato a director por la rama pasiva en las últimas elecciones del IPS, copias de casi todos los certificados de escrutinio provisorio, pero entre ellos no estaban los correspondientes a las seis mesas denunciadas como fraudulentas. En su respuesta, el jefe de la Policía de la Provincia, comisario (Héctor) Munaretto, afirma haber cumplido con las obligaciones asumidas con el IPS de acuerdo al convenio firmado, pero evitó informar cómo y cuándo entregó esos documentos a la Junta Electoral, aduciendo que recibieron algunos certificados, en ‘circunstancias exógenas’, ‘pero no cumplían ningún rol preponderante en el acto eleccionario’ y, por lo tanto ‘fueron archivados’. La respuesta no hace más que acrecentar las sospechas, por eso, en el día de ayer (por el jueves) y asesorado por Obaipumi, Holz insistió con el requerimiento de las actas faltantes y a la vez solicitó la copia del convenio mencionado por Munaretto, porque su lista no habría sido notificada de la existencia del convenio, sino que en todas las instancias del acto electoral se habrían regido con las cláusulas de la Anexo II de Resolución 1.481/97 del IPSM”.El caso de OberáTambién en interconsulta con el Observatorio, el abogado y exconvencional Rafael Pereira Pigerl reiteró sus requerimientos al intendente Ewaldo Rindfleisch y al presidente del Concejo Deliberante, Jorge Motta. En ambas se solicitó “la nómina actualizada del plantel del personal municipal contratado, permanente, funcionarios electos y los políticos nombrados por éstos, especificando en cada caso: función, categoría e ingresos”. El alcalde nunca contestó el requerimiento original, y el Concejo Deliberante lo hizo en forma parcial, argumentando que la información no entregada respondía a “datos sensibles”.En sus reiteraciones, Pereira Pigerl reforzó el concepto de la Corte Suprema: “Nada puede servir de excusa para eximir al Estado de su obligación de obrar en forma transparente y de someter al control público la forma en que emplea los fondos”.




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