POSADAS. El presidente de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (Faca) Ricardo de Felipe señaló que es urgente dotar de mayor presupuesto a los poderes judiciales, para mejorar su infraestructura, la contratación de personal y principalmente para informatizar el sistema, todo ello representará un mejor servicio para la población.Al hacer este análisis, coincidió con la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Provincias, organismo que se reunió la semana pasada en Corrientes y efectuó un fuerte y unánime pedido de mayor presupuesto y mejores salarios.El presidente de la Faca hizo estas declaraciones en una entrevista exclusiva con PRIMERA EDICIÓN en el marco de la XVII Conferencia Nacional de Abogados, que se desarrolla hasta hoy en Posadas, con la temática “Tecnología, Justicia y Derecho”.¿Qué balance hace del desarrollo del encuentro de abogados?Muy positivas las jornadas por la gran participación de colegas de todo el país, desde el norte al sur están presentes, colegas desde Comodoro Rivadavia hasta Jujuy. Con mucha satisfacción vemos un compromiso de abogacía con la temática y nos enorgullece haber elegido este tema para la conferencia nacional. También hay que agradecer al Gobierno que ha demostrado un compromiso con las jornadas y puesto a disposición todo lo necesario.¿Cuales pueden llegar a ser las conclusiones?Es difícil prever eso hasta el final porque las comisiones todavía están debatiendo pero en líneas generales seguramente tendremos el convencimiento de que la aplicación de los sistemas informáticos mejoran el servicio de justicia, esta será una de las cuestiones que indudablemente la abogacía tendrá que asumir como indispensable. Junto con ello la necesidad de que los Colegios de Abogados de todo el país brinden capacitaciones no sólo jurídicas sino las herramientas tecnológicas que hay que aprender para manejar los nuevos sistemas de cara a los cambios que se avecinan.Hace dos semanas se reunió la Jufejus en Corrientes y emitió un reclamo por los bajos presupuestos de las justicias provinciales ¿Coincide?Coincidimos con los jueces, es indudable que se necesita mayor presupuesto para hacer más eficiente la administración de justicia, seguimos con la estructura del siglo pasado, sólo el 3 por ciento del presupuesto total se dedica a la Justicia. Evidentemente no es un tema prioritario para el poder político, es indudable que para ellos primero están las cuestiones sociales donde ponen más énfasis, como salud, seguridad, vivienda, se usa la mayoría de los recursos para otras cuestiones y no para la Justicia. Después vienen los reclamos de la sociedad sobre la inseguridad.Pero mayor presupuesto no sólo para salario sino también para más personal, más infraestructura, hay juzgados en edificios que no pueden seguir funcionando, son prácticamente galpones.El tema presupuestario debe salir de una decisión política, porque además va a implicar un cambio de cultura del personal, que venía acostumbrado a trabajar de una manera y deben cambiar, al principio le costará.En Misiones ocurre que la mayoría de los ingresos son por acomodo político, prácticamente no hay más concursos.Eso debe terminar, después se habla de la familia judicial pero en algunos lugares es efectivamente una cuestión familiar. No puede ser. Hay que hacer los concursos abiertos para obtener los cargos, no sólo los jueces sino también los funcionarios, deben someterse a los procedimientos de evaluación.¿Qué opinión tiene de las reformas de los códigos civil y penal que se impulsó?En el caso del código penal fue un trabajo jurídico muy importante. Pero la cuestión es ver si estamos en el momento oportuno, me parece que la sociedad tiene otras prioridades, tal vez no es momento de realizar un análisis doctrinario al respecto, es algo que se debe seguir debatiendo, no apresurarse. Las reformas sustanciales de códigos no pueden realizarse de un día para el otro, sin análisis meticuloso y principalmente un consenso de la población.No estamos renegando ni diciendo que está mal adecuar normas jurídicas a cambios sociales pero nos parece que debería ser con prudencia, con mesura, con estudio, consultado a todos los sectores de la sociedad. Por ejemplo, en Brasil y en España las reformas duran diez años. Lo principal es ser cautelosos y tener el consenso de la sociedad, tanto para el código penal como el código civil, cualquiera de los casos.Desde hace un tiempo se critica mucho la “puerta giratoria” que dicen que hay en la Justicia, donde los delincuentes entran y salen enseguida.Hay que dejar algo bien en claro, los jueces aplican la ley aprobada por los partidos políticos con sus representantes en el Congreso, no digo que tengan responsabilidad si no aplica la ley como corresponde, pero en líneas generales, el tema llega al juez cuando los delitos ya están cometidos. Tiene que funcionar la prevención, que no es responsabilidad de los jueces, los procesos de prevención son competencia de los gobiernos y es el mayor problema, porque al juez le llega el caso cuando el delito ya está cometido. No quita que se deben resolver con la mayor garantía pero entendamos que si hay normas que dicen que una persona procesada no debe estar detenida, y su defensa pide la liberación, el juez debe cumplir con la ley y dejarlo provisoriamente en libertad mientras dure el proceso.
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