BUENOS AIRES. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner envió al Congreso un proyecto para modificar la Ley de Abastecimiento. La iniciativa elimina la pena de prisión prevista en la norma vigente, pero agrega una serie de facultades que permitirían al Gobierno intervenir en la dirección de las empresas.El objetivo de la Casa Rosada es endurecer el control en la comercialización de bienes y servicios, en base a una regulación del proceso de formación de precios.La norma otorga al Estado la capacidad de aplicar márgenes de utilidad empresaria, precios de referencia y niveles máximos y mínimos en la comercialización.Así las cosas, la iniciativa vuelve a poner en veredas opuestas al Gobierno y los empresarios, que advierten un avance “inconstitucional” del Estado sobre su actividad.El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, defendió el proyecto al señalar que se trata de una iniciativa de “alta calidad” que busca “hacer cumplir el artículo 42 de la Constitución Nacional”. “No puede ser inconstitucional una ley que busca hacer cumplir un artículo, el 42, de la Constitución Nacional”, planteó el jefe de ministros en su habitual conferencia de prensa en la Casa de Gobierno, en la que subrayó la importancia de este paquete de proyectos que analiza el Senado y sostuvo que merece “un debate abierto”. En este sentido, Capitanich precisó que se trata de “una propuesta que involucra la modificación de cuatro leyes: la de Defensa del Consumidor, la de Defensa de la Competencia, la de Abastecimiento y la de Lealtad al Consumidor”. Además, entre los aspectos más importantes contemplados por la reforma, el jefe de Gabinete mencionó la incorporación de “sanciones pecuniarias regidas por el principio de pague ahora y reclame después”, que -sostuvo- constituye una “garantía reparadora para el consumidor”. Por otro lado, puntualizó que el paquete de iniciativas también tiende a “generar un marco regulatorio para el proceso de formación de precios tendiente a generar mayor equidad en la cadena de valor” y evitar “la concentración, que desnaturaliza el proceso de formación de precios”. La Asociación de Bancos Argentinos (Adeba) manifestó su rechazo al proyecto porque “atenta contra principios constitucionales consagrados como el de libre empresa y la propiedad privada” y advirtió que, de progresar, la iniciativa inhibirá la inversión privada.La entidad conducida por el dueño del banco Macro, Jorge Brito, consideró que la intervención del Estado en el mercado interno “trae como consecuencia efectos totalmente opuestos a los perseguidos, ya que la intromisión del Estado en áreas y funciones que no son de su competencia termina por inhibir la inversión privada, desabastecer los mercados y promover la aparición de mercados ilegales con precios superiores a los regulados”.Señaló además que la experiencia internacional demuestra que los mercados funcionan satisfactoriamente en los países en los que el Estado no los interviene, y por el contrario, en los países en los que hay intervención, abunda el desabastecimiento, el racionamiento, la insuficiencia de la oferta y los llamados “mercados negros”. Según la Asociación que representa a los bancos de capital nacional, fue el Gobierno el que logró entre 2003 y 2011 que la economía funcionara de manera “satisfactoria”, con altas tasas de crecimiento y precios estables, sin recurrir a ningún tipo de intervención.Adeba aclaró que apoya esas políticas que sostuvieron a la economía durante ocho años a pesar de los trastornos internacionales, con tipo de cambio competitivo, superávit fiscal y superávit comercial.“Una vez más pedimos al Gobierno que convoque al diálogo de los sectores productivos, trabajadores y empresarios, para encontrar en conjunto fórmulas de consenso que aseguren la continuación del ciclo de crecimiento económico con inclusión social”, expresó la entidad. Y agregó: “Creemos que este es el modo de armonizar los intereses de los distintos sectores, dejando de lado políticas que, como la intervención del Estado en los mercados, han demostrado su fracaso en nuestro país y el mundo”.En tanto, el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Héctor Méndez, rechazó la intención del Gobierno al sostener que una medida así “puede afectar la inversión y el financiamiento” de las empresas. De este modo, se opuso a la sanción de un nuevo régimen sobre “regulación de las relaciones de producción y consumo”, a partir de un proyecto de ley del Ejecutivo que avanza en el Senado.Según Méndez, los industriales “queremos discutir algunas cosas, como el proyecto oficial para aprobar una nueva Ley de Abastecimiento, que puede afectar a la inversión y al financiamiento. Por eso, pedimos que esa propuesta no se debata rápidamente”.Méndez reconoció que la inflación “es un tema complicado, no solo le hace daño al trabajador sino también al empresario. Es difícil trabajar con este mecanismos y se empiezan a ver los problemas de los precios”. “(El secretario de Comercio, Augusto) Costa no está de acuerdo con nuestro proyecto para bajar la inflación. Ellos tampoco pueden resolver el problema económico, hay cosas que se les escapan. Resolverlo de un día para el otro no es fácil”, enfatizó. En este marco, el directivo reconoció que esa entidad tiene posturas “picantes” contra el Poder Ejecutivo, pero admitió que el país atraviesa “un período complicado y no quisiera estar en la piel del Gobierno”.El presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), Daniel Funes de Rioja, calificó como “inconstitucional” al nuevo proyecto de Ley de Abastecimiento que impulsa el Gobierno y mostró su “preocupación” por el avance del Estado sobre la iniciativa privada. Funes de Rioja alertó que la nueva iniciativa kirchnerista busca instaurar una regulación de los márgenes de utilidades de las empresas y quiere fijar precios máximos y mínimos.En ese sentido, se mostró esperanzado en la posibilidad de “encontrar una nueva normativa (alternativa a la propuesta del kirchnerismo) que no afecte el derecho a la propiedad y a la iniciativa privada”. “Son cuestiones realmente serias”, consideró el presidente de
la entidad empresaria y sostuvo que el Estado “debe controlar, pero no sustituir la actividad privada. Mercado y Estado deben ser compatibles y este proyecto no contribuye a eso.Además, Funes de Rioja aseguró que la iniciativa “resulta claramente inconstitucional” y añadió que espera poder dialogar con el Gobierno para consensuar una iniciativa entre todos los sectores.El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss, advirtió que la intención del Gobierno “es altamente riesgosa” para las empresas.“Comparto totalmente la postura de mis compañeros empresarios. No es el momento de sancionar una ley de Abastecimiento. El instrumento tal cual está diseñado, le va a permitir al Gobierno tomar el control de cualquier empresa privada y esto es altamente riesgoso”, alertó el empresario.Weiss consideró: “Creo que en este momento hay que tratar de incentivar que el sector privado invierta y esto no es un incentivo para ello. El sector de la construcción está cayendo. Perdimos 20 mil puestos de trabajo. Cuando hay una caída empieza a haber sobrestock en las fábricas y corralones, y por eso es necesario frenar unos días la producción”, enfatizó.El presidente de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), Jaime Campos, también rechazó enfáticamente la decisión del Gobierno de modificar la Ley de Abastecimiento, por entender que eso “es inconstitucional”, ya que apunta a “intervenir en la vida de las empresas”.“Es una intervención que no tiene ninguna razonabilidad”, se quejó Campos, quien a la vez consideró que el rol del Estado es “fijar las reglas por las cuales debe funcionar la economía, aplicarlas y controlar que se cumplan, dejando a las empresas con margen de actuación”.El dirigente calificó de “inoportuno” al proyecto oficialista al señalar que “una iniciativa de este tipo junta mucha unanimidad del lado empresario, porque nos damos cuenta de que realmente es muy negativa. El Gobierno debe reflexionar y escuchar el por qué de la postura empresaria”, enfatizó el titular de AEA. Los puntos principales del proyecto del kirchnerismo• Alcanza a todas las actividades económicas, no sólo a la industrial, sino también a la comercial y de servicios, hasta ramas como el deporte, el esparcimiento y la cultura. • Endurece el control del Estado en materia de abastecimiento de bienes y cumplimiento de los servicios. De hecho, genera un marco regulatorio para el proceso de formación de precios. Y hasta autoriza a los gobernadores y a los jefes de Gobierno de Buenos Aires para fijar en sus jurisdicciones precios máximos.• Incorpora sanciones pecuniarias regidas por el principio de “pague ahora y reclame después”.• Se le da mayor poder a la Secretaría de Comercio en caso de “ser necesario”, para establecer encualquier etapa del proceso económico márgenes de utilidad, precios de referencia, niveles máximos y mínimos de precios, volúmenes de producción, fabricación, ventas o prestación de servicios. También disponer de la cancelación de concesiones privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales. • Por otra parte, puede incautar, consignar e incluso vender bienes o servicios escasos o en infracción sin juicio de expropiación previa. Además de requerir a las empresas “toda documentación relativa al giro comercial”. Esto implica la potestad de requerir y secuestrar toda documentación contable o comercial. • Las sanciones por incumplimiento van desde multas, clausura, inhabilitación, decomiso y, en caso de reincidencia, clausura definitiva para quienes eleven injustificadamente los precios, revalúen existencias, acaparen materias primas y productos, nieguen o restrinjan arbitrariamente la venta de bienes o una prestación de servicios, discontinúen el abastecimiento normal y habitual de una zona o ramo comercial o no produzcan bienes con precios máximos y mínimos a los márgenes de utilidad fijados. • Las penas económicas son aplicables tanto a las personas jurídicas como a los directivos.• Quita la pena de cárcel pero eleva las multas hasta 10 millones de pesos y se autoriza la clausura por un plazo de 90 días.
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