POSADAS. Con las costillas fisuradas y una hemorragia pulmonar, Carlos Raúl Guirula no pudo haber aguantado mucho más que un par de cuadras antes de morir. De hecho, llegó sin vida a la comisaría seccional Decimotercera, donde intentaron encubrir el hecho y alterar un escenario a todas luces nefasto. Ahora se supo que los uniformados tuvieron unos 40 minutos para modificar el lugar. Las marcas de arrastre del cuerpo, que fueron detectadas a través de la prueba de luminol, configuran la teoría del encubrimiento masivo.De hecho, las dos detenciones ordenadas el lunes por el juez Marcelo Cardozo tienen relación con esa circunstancia: los policías apresados ese día no tuvieron intervención en el procedimiento del sábado pasado, pero habrían visto todo lo que sucedió en la comisaría y prefirieron callar.Para el caso es lo mismo, al menos desde una perspectiva social: da igual quien pegó que aquel que no hizo nada por detener una acción macabra y cobarde.Ayer trascendió que uno de los dos policías arrestados el lunes habría facilitado un celular a uno de sus camaradas aprehendidos para que llamara a un abogado; quebrantando el estado de incomunicación que pesaba sobre ellos.Hoy los once policías serán conducidos a los estrados judiciales de calle Santa Fe. Allí deberán designar abogados y decidir si prestan declaración indagatoria o se abstienen de hacerlo.Por el momento, los once sospechosos están imputados de homicidio. La Justicia será la encargada de determinar si todos son responsables y el papel que desempeñaron en el lamentable episodio. Costillas fisuradasFuentes de la investigación consignaron que Guirula sufrió fisura de costilla derecha, producto de la violencia de los golpes que sufrió en ese flanco.La autopsia estableció que el trabajador de la construcción sufrió un “hemotórax”, es decir una hemorragia masiva pulmonar debido a un puntapié demoledor.Una fuente consultada indicó que, con esa lesión, Guirula no pudo haber aguantado más que un par de cuadras después de producida. Nombres en danza por la defensa José Luis Rey, Eduardo Paredes y Ramón Moisés Grinhauz son tres de los abogados penalistas que al parecer representarán a algunos de los once policías detenidos por el homicidio de Carlos Raúl Guirula.Los acusados serán llevados hoy a los juzgados de calle Santa Fe, donde deberán decidir si prestan o no declaración indagatoria.Todo indica que no lo harán, porque los defensores se pondrán al tanto del expediente en el mismo instante en que sus defendidos deberán comparecer.Guirula murió el sábado pasado, antes de llegar a la comisaría seccional Decimotercera, producto de una hemorragia pulmonar.Ayer se supo que, además, tenía la costilla derecha fisurada.El trabajador de la construcción había concurrido con dos amigos y dos mujeres a un motel ubicado en la esquina de las avenidas Santa Catalina y Andresito.Al parecer, no pagaron una botella de whisky y eso motivó una discusión con el encargado, quien llamó a la Policía.Primero llegó una camioneta de la Decimotercera; luego tres móviles del Comando Radioeléctrico I. Como Guirula se resistió, los uniformados no tuvieron mejor idea que golpearlo sin piedad. El amigo advirtió de la billetera y el celularUno de los amigos que acompañaba a Carlos Raúl Guirula la noche en que lo mataron brindó la información respecto de la desaparición del celular y la billetera de la víctima, en cuyo interior había unos mil pesos aproximadamente.Al parecer, el trabajador de la construcción había cobrado la quincena ese día, razón por la que andaba con dinero.El amigo, que se retiró del alojamiento supuestamente advertido por uno de los policías de que terminaría preso, al igual que Guirula, se acercó el mismo sábado al Juzgado de Instrucción 1, para aportar datos a la causa.En ese contexto habría contado a los funcionarios judiciales sobre la billetera y el teléfono, que finalmente apareció en poder de la oficial de calle de la comisaría 13.Lo que jamás recuperaron fue la billetera con el dinero. EL MINISTRO DE LAS TEMPESTADESCarlos Raúl Guirula (33) murió de la peor manera, masacrado a golpes, agonizante, con mucho dolor. Le perforaron un pulmón de un golpe devastador. Fueron hombres, y al parecer una mujer, a los que se les paga por proteger a la ciudadanía y no para atentar contra ella.Actuaron como bestias. Incluso, habrían tardado en darse cuenta de que la víctima estaba muerta. Y tal vez, continuaron agrediéndola una vez producido el óbito.Mucho se habla de responsabilidades en estas horas. Fuera de lo estrictamente legal, para el caso es lo mismo: tiene idéntica culpa el que pegó como aquel que no movió un dedo por evitar una paliza desigual, cobarde e irracional.Pareciera un episodio de otros tiempos, como diría Soriano, “cuando en la calle había más tiros que culos”. El policía tiene el deber de proteger a la ciudadanía y la obligación de prevenir y combatir el delito, pero aun en este caso, con un respeto sublime por la ley.Salir de ese encuadre legal sería volver a aquellos tiempos de mano dura, de puro plomo, de violación permanente de las garantías individuales y colectivas.Hay prácticas que no fueron desterradas de la fuerza de seguridad. Un sector de la Policía sigue creyendo que la simple condición de “sospechoso” de una persona lo habilita a “molerla a palos”.O por el hecho de estar detenida, así sea por una borrachera, carece de todo derecho.Así pasó con Mario Wasyluk en Oberá, al que dejaron morir en una celda de la comisaría seccional Primera.El principio de inocencia y la garantía del debido proceso deben ser la estrella que guíe el accionar del Estado, de la Justicia y, sobre todo, de la Policía, herramienta basal de aquellos.Acá no viene al caso analizar el comportamiento o la conducta de Guirula, sino de aquellos que debieron mantener el orden, la calma y el respeto por la ley.Nada de esto ocurrió y por eso hay once policías detenidos. La decisión del juez Marcelo Cardozo fue saludablemente acertada. No dio intervención a la Policía y, ante la sospecha de un encubrimiento masivo, como habría ocurrido, convocó al médico forense de Tribunales, no al médico policial.Eso otorgó a la causa una transparencia tranquilizadora, sobre todo para los familiares de la víctima y también para la sociedad.La Jefatura, rápida de reflejos y temerosa porque la onda expansiva de semeja
nte barbaridad pudiera alcanzar a sus máximos referentes, pasó a disponibilidad al jefe de la Unidad Regional I, al subjefe y encargado de Sección del Comando Radioeléctrico I y al titular de la comisaría Decimotercera.La explicación fue que es el proceder habitual ante este tipo de casos. Sin embargo, un rápido repaso por los hechos más graves que involucraron a personal policial permite establecer exactamente lo contrario.Hernán Céspedes, el único detenido por el aberrante homicidio de Liani Itatí Piñeiro, se suicidó en un calabozo de la UR-V, de Puerto Iguazú, y los responsables de esa Unidad no fueron siquiera desplazados de su función. Mucho menos, pasados a disponibilidad. Sólo hay dos subalternos imputados del delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.Una situación similar ocurrió con la sustracción de una tonelada de marihuana de la comisaría Primera de Puerto Rico, ubicada en el mismo predio de la Unidad Regional IV. El jefe siguió un tiempo en sus funciones y luego fue premiado con el cargo de “supervisor de seguridad de la zona norte”.Son sólo dos ejemplos, entre otros tantos, ocurridos bajo la conducción de la dupla Héctor Munaretto-Omar Amarilla al frente de la Policía y del ministro de Gobierno, Jorge Franco, en cuya gestión se produjo la peor revuelta policial de todos los tiempos, que dejó a la provincia sumida en un contexto de inseguridad absoluta.Esa “rebelión” se cobró la continuidad del por entonces jefe de Policía, Benjamín Augusto Roa, quien fue sacado literalmente a patadas del Comando Radioeléctrico I, epicentro de aquel levantamiento.Ergo: a la cúpula policial y al titular de la cartera política les cabe el mismo criterio aplicado a los cuatro jefes pasados a disponibilidad. Primero ellos y después el resto tienen directa responsabilidad funcional. Pero como reza el adagio popular, “el hilo se corta siempre por lo más fino”.Es curiosa, cuando no extraña, la situación de Jorge Franco. Julio Duarte se tuvo que ir de Vialidad Provincial tras la caída del puente Acaraguá y está bien que haya sucedido. El ministro de Hacienda Daniel Hassan fue echado por otorgar un plus de 10 mil pesos a los diputados jubilados sin la autorización del Gobernador, aunque con la venia del “jefe” de calle Ivanowski. Néstor Ortega debió irse de la cartera del Agro por la puerta de servicio porque estaba desgastado y su gestión dejaba mucho que desear para las huestes del primer mandatario provincial.Sin embargo, pese a los continuos papelones y escándalos protagonizados en su área bajo su gestión, Jorge Franco continúa impertérrito en su sillón. Es el ministro de las tempestades.Es el mismo funcionario que pidió terminar con la “puerta giratoria” del Poder Judicial y que todo sospechoso fuera a prisión sin importar el delito que cometiera. En otras palabras, al igual que su “cuate” de la Subsecretaría de Seguridad, Julio Lenzken, abogó a favor de la política de “mano dura”; de “tolerancia cero”.Vaya contrariedad. El caso Guirula, justamente, convoca a reflexionar sobre estos dos términos. Así nos va con este tipo de políticas, que desembocan irremediablemente en excesos de parte de las fuerzas de seguridad, que por actuar al margen de la ley se ganaron en otros tiempos el mote de “policía brava” o “maldita policía”.El homicidio de este albañil, de 33 años, sea quizás la oportunidad de redireccionar la política de seguridad en la Provincia; tal vez con otros nombres y capacidades. Para ello, en beneficio del bien común, se necesita un gesto de grandeza, quizás un paso al costado, porque también se gobierna con buenos ejemplos.
Discussion about this post