POSADAS. Rodeados del afecto de sus amigos, María del Carmen Guirula (28) y el resto de sus hermanos seguían ayer sin poder creer el episodio que terminó con la vida de Carlos, su hermano. Cómo fue que salió en la noche del viernes para no regresar jamás, en medio de un final que, encima, tiene como trasfondo un nuevo caso de brutalidad policial.En diálogo con PRIMERA EDICIÓN, María se mostró acongojada y tomó la palabra en representación del resto de sus hermanos, de la mujer de Guirula, de sus hijos y sobrinos, para pedir por el esclarecimiento del hecho.“Queremos que esto se esclarezca, que se sepa qué fue lo que pasó dentro del motel y después qué sucedió hasta llegar a la comisaría”, tras lo cual agregó que “pedimos justicia por mi hermano, que los culpables paguen por lo que hicieron”.María recordó con dolor la última imagen de Carlos, ya sin vida, en la despedida: “Yo lo miraba y no era él, estaba brutalmente golpeado”, explicó. La golpiza que sufrió dejó marcas en el cuerpo de su hermano que serán imposibles de olvidar para quienes las vieron.La joven aseguró sentir “mucha bronca e impotencia; jamás en la vida uno espera una cosa así”, lanzó, tras lo cual agregó que “a mi hermano no lo devuelven y ellos no saben el dolor que le causaron a mi familia”.Sobre el hecho de que haya once policías detenidos por el hecho, María sostuvo que, de ahora en más, resultará difícil creer en la fuerza policial. “Cómo confiar en los que te tienen que cuidar, si fueron ellos los que lo mataron”, se preguntó en medio de la angustia.Al respecto, aseguró que, pese a que ya pasaron tres días del hecho, no recibieron ninguna explicación del Ejecutivo provincial sobre lo sucedido. “Nadie se acercó, nadie vino a dar la cara. Queremos que el Gobernador o alguien se haga cargo, porque los que hicieron esto son su gente y a su vez trabajan para todos nosotros”, reclamó con razón. Es que, efectivamente, resulta inverosímil pensar en que los principales sospechosos del crimen son los mismos que deben cuidar y proteger a la sociedad.Prudente, la familia prefirió mantenerse cauta a la hora de hablar sobre la investigación. María sólo dijo que existen “muchas pruebas” y que espera que sean utilizadas para que se conozca la verdad. “Queremos que estas personas detenidas no salgan mañana o pasado. Pedimos que paguen por lo que hicieron, que éste no sea un caso más”, sostuvo.Con respecto a la investigación que lleva adelante el magistrado Marcelo Cardozo, al frente del Juzgado de Instrucción 1, dio a entender que hasta el momento la familia está conforme y que espera que se haga justicia.“Le pedimos a Dios que ilumine al juez, a la fiscal y a todos los que tengan que intervenir. Yo tengo fe en que se van a hacer las cosas como corresponde. No queremos que la muerte de mi hermano ‘se tape’ por una u otra cosa”, finalizó la joven, a la espera de obtener respuestas sobre un crimen por el que los principales sospechosos son agentes del Estado provincial, nada más y nada menos. Las pericias confirman manipulacióny encubrimiento masivo en la escenaLos investigadores ya no tienen dudas: de las pericias realizadas se desprende una situación grave por demás, aún peor si se tiene en cuenta que ocurrió dentro de una dependencia de la Policía, teóricamente “brazo auxiliar” de la Justicia.Mediante las pruebas de luminol realizadas en la camioneta de la Decimotercera y en el playón de la dependencia de la chacra 241, los investigadores pudieron reconstruir cómo fue la llegada del rodado en el que Guirula ya estaba muerto.Al parecer, al llegar a la comisaría, los uniformados bajaron a Guirula pensando que su inconsciencia se debía a su estado de ebriedad. Los rastros de sangre confirmaron que fue arrastrado desde la Toyota Hilux hasta cerca de los calabozos. Habría sido en ese lugar donde los uniformados notaron que algo no andaba bien. Y entonces, en vez de dejar allí el cuerpo y dar aviso a la Justicia, habrían montado una escena en la que arrastraron nuevamente el cadáver hasta cerca de donde estaba estacionada la camioneta.Después, según la reconstrucción que hacen los detectives, habría sido el momento en el que se decidieron a lavar la sangre que había quedado en la caja de la camioneta a los fines de borrar esa evidencia clave. Claro que el luminol terminó por sacar a la luz esa grave situación.Encadenada a ese relato está la sospecha más que firme sobre la oficial detenida, en cuyas prendas de vestir guardadas en el armario se encontró el teléfono celular de la víctima, guardado en una media. Ese hallazgo resulta injustificable y marca a las claras lo que sucedió durante la madrugada, al decir de los detectives.Ante el temor lógico de que la investigación se desvirtúe fue que el juez Cardozo ordenó que las pericias sean realizadas por miembros de la Saic. Silencio oficial, otra vezComo en los últimos casos resonantes registrados en la provincia, desde el Gobierno provincial se volvió a guardar silencio a más de tres días del hecho.No hubo comunicados oficiales, rondas de prensa ni nada parecido. Junto con los once policías detenidos hasta ayer, también fueron desplazados altos mandos de la Decimotercera, de la UR-I y del Comando Radioeléctrico por la denominada “responsabilidad funcional”, que solamente pareciera regir para los funcionarios de la Policía. ¿Y las autoridades ejecutivas de las que depende la fuerza? Nada, ni cambios, ni palabras. Solamente silencio.




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