BUENOS AIRES (DyN). La presidenta Cristina Fernández reglamentó ayer la ley 26.913, que dispone el otorgamiento de una pensión graciable a quienes estuvieron presos por motivos “políticos, sindicales o estudiantiles” hasta el 10 de diciembre de 1983.Aunque el Estado en los años 90, por ley 24.043, ya indemnizó a esos exdetenidos, entre ellos el senador y expresidente Carlos Menem, más varios de los actuales legisladores, el Gobierno habilitó un nuevo pago, esta vez mensual e igual al sueldo de un empleado público.El secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda, defendió meses atrás el doble resarcimiento con el argumento de que tienen “naturalezas jurídicas distintas”, el primero buscó aliviar el padecimiento y el segunda, dijo, compensar la “indefensión económica, física y psíquica”.La pensión graciable ascenderá a un monto equivalente, según el decreto 1.058 publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), al sueldo de la categoría “Nivel D, Grado 02 del escalafón establecido por el Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP).Los aspirantes a beneficiarios que ya perciban otra remuneración de tipo similar, emanada del ámbito “provincial y municipal”, deberán renunciar a la misma si quieren tramitar y cobrar la establecida por la ley 26.913.
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