POSADAS. Incertidumbre, inflación, falta de comunicación, menor poder adquisitivo. Es un combo que golpea fuerte a los trabajadores de la administración pública misionera. Por esta razón, los integrantes de la multisectorial de gremios estatales (compuesto por la ATE y CTA Misiones; el Frente Gremial Docente; conjuntamente con docentes jubilados de Marea Blanca y la CCC), remitieron una carta al gobernador Maurice Closs, donde cuestionan severamente su política salarial. Además, solicitaron una “urgente audiencia”.La situación se torna más compleja aún, al quedar al desnudo la mentira de Closs respecto a que el Estado no tiene recursos. Cuando su socio político y presidente de la Legislatura reveló que el Gobierno tiene entre mil y mil quinientos millones de pesos a plazo fijo en el sistema financiero (ver recuadro).“Su gobierno debe otorgarnuevas recomposiciones”En la misiva a la que tuvo acceso PRIMERA EDICIÓN, firmada por los principales referentes del sector de trabajadores del Estado, se hace una evaluación de la inflación (según dato oficiales y privados). Y también se aborda la polémica por la actualización de haberes de los diputados jubilados decidida por el diputado Rovira.Ingresada el pasado jueves (antes del feriado largo), explica que “los representantes de las organizaciones sociales, gremiales y de jubilados abajo firmantes, nos dirigimos a usted con el fin de demandar una recomposición e incremento salarial para el segundo semestre del año en curso para todos los trabajadores estatales activos y pasivos”, afirmaron. Paso seguido, cuestionaron la cuota de aumento conocida en mayo, que un mes después, resulta insuficiente.“Las recomposiciones otorgadas por su gobierno en el primer semestre resultaron excesivamente insuficientes – exiguas por lo que, tomando cualquiera de los indicadores económicos (evolución de los ticket del almacén, los datos oficiales y estudios privados, los acuerdos paritarios, con gremios privados, el sentido común, entre otros), su gobierno debería otorgar nuevas recomposiciones-incrementos para el segundo semestre del año”, ratificaron los integrantes de la multisectorial de estatales.Diferencias que generanbrechas en los bolsillosEn la nota de los gremios, recordaron que “dos sectores ya han tenido recomposiciones que posicionan los salarios muy próximos al valor de la canasta familiar por lo que deberían hacerse extensivos a los demás trabajadores estatales”, aseguraron en referencia a la Policía de Misiones y los diputados e intendentes jubilados.“El sector de la Policía ha tenido un incremento en los salarios mínimos en el último tiempo del 207% y el reciente aumento otorgado a los diputados jubilados ronda el 85%, fundado en “razón de la difícil situación inflacionaria que afecta significativamente el poder adquisitivo…”; y que dicha modificación representaría una erogación insignificante, inferior al uno por ciento de la masa salarial según la solicitada del presidente de la Cámara de Representantes del 9 de junio pasado”, aseveraron.Con el pedido de audiencia concretado, restará saber si Closs reactiva un diálogo perdido con el correr de los meses. Pedido de informes por los 1.500 millonesLos diputados provinciales Claudio Wipplinger y Víctor Kreimer del bloque “Trabajo y Progreso” ingresaron a Casa de Gobierno, un nuevo pedido de informes mediante el mecanismo establecido por ley de Libre Acceso a la Información Pública provincial.En el mismo, plantean conocer mayores detalles de una revelación que realizó el presidente de la Legislatura Carlos Rovira, cuando defendió la gestión del echado ministro de Economía Daniel Hassan. Entonces, el exgobernador, dijo que la provincia cuenta con un plazo fijo y otros fondos que totalizan unos 1.500 millones de pesos.Wipplinger y Kreimer solicitaron conocer: monto exacto discriminado entre los plazos fijos y otras formas de resguardo de los recursos de rápida disponibilidad; bancos y entidades intervinientes; tasas de interés y condiciones pautadas; planilla que refleje la información comparativa de los tres puntos anteriores, año por año desde el 10 de diciembre de 2007 hasta la fecha.La solicitud genera expectativas, teniendo en cuenta los antecedentes negativos que acumula la acción del Gobierno ante el derecho de libre acceso a la información pública provincial.
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