BUENOS AIRES (NA). El Gobierno nacional, representado por Jorge Capitanich, Axel Kicillof y Carlos Zannini, explicó ayer en el Congreso su estrategia frente a los fondos buitres y cosechó el “respaldo” de los espacios políticos con representación parlamentaria, aunque hubo algunas críticas de la oposición. En poco más de dos horas y media, el jefe de Gabinete, el ministro de Economía y el secretario de Legal y Técnica analizaron junto a los jefes de todos los bloques de Diputados y Senadores la situación del país ante los holdouts, tras el fallo adverso en la Justicia estadounidense.“La síntesis que hemos recibido es que el Congreso ha habilitado el pleno respaldo a la posición argentina”, aseguró Capitanich, al dar un mensaje a la prensa tras finalizar el encuentro.El titular de ministros expresó: “Todos han coincidido en repudiar la actitud de los fondos buitres, consideraron que el fallo es lesivo contra la soberanía nacional y que están dadas las condiciones para respaldar la estrategia argentina”.No obstante, algunos sectores de la oposición cuestionaron al Gobierno, aunque se mostraron cautos, ante la complejidad del tema.“La posición del Gobierno hasta ahora parece frágil. Simplemente trajeron un diagnóstico de la situación, que ya conocíamos”, se quejó el jefe del bloque de diputados del Frente Renovador, Darío Giustozzi.A su turno, el senador radical Ernesto Sanz cuestionó las posturas “soberbias” y la búsqueda de “responsabilidades en el pasado” de la Casa Rosada.“Vamos a acompañar todas las decisiones que sean prudentes”, anticipó el titular de la UCR.La reunión comenzó a las 10.30 en el Salón de Honor de la Cámara baja, donde primero habló Capitanich, luego Kicillof hizo un balance de las acciones adoptadas por el Gobierno argentino en materia de reestructuración de la deuda pública y, por último, Zannini se refirió a cuestiones técnicas.Durante la reunión, el Frente Renovador propuso la creación de una comisión bicameral compuesta con representantes de todos los bloques para manejar el tema de la deuda en conjunto con el Ministerio de Economía, una propuesta firmada por Sergio Massa.En tanto, el Frente de Izquierda planteó la realización de una consulta popular sobre si hay que pagar o no la deuda, que consideran “ilegítima”.Los funcionarios fueron recibidos por el titular de la Cámara baja, Julián Domínguez, y el presidente provisional del Senado, Gerardo Zamora.Por Diputados asistieron Juliana Di Tullio, María Teresa García, Roberto Feletti (Frente para la Victoria), Mario Negri, Julio Cobos, Miguel Bazze (UCR), Federico Pinedo (PRO), Darío Giustozzi (Frente Renovador), Juan Carlos Zabalza (Socialismo), Claudio Lozano (Unidad Popular), Mario Das Neves (Trabajo y Dignidad), Martín Lousteau (Suma + Unen) y Alberto Asseff (UNIR).También estuvieron Néstor Pitrola, Nicolás Del Caño (Frente de Izquierda), Carlos Heller (Nuevo Encuentro), Eduardo Brizuela del Moral (Frente Cívico y Social de Catamarca), Alicia Comelli (Movimiento Popular Neuquino), Victoria Donda (Libres del Sur), Jorge Balinotto (Frente Cívico), Francisco de Narváez (Unión Celeste y Blanco), Lino Aguilar (Compromiso Federal), Omar Plaini (Cultura, Educación y Trabajo), Gustavo Fernández Mendía (PJ La Pampa), Ramona Pucheta (Frente por la Inclusión Social), Oscar Anselmo Martínez (Movimiento Solidario Popular) y Graciela Boyadjian (Movimiento Popular Fueguino).En tanto, en representación del Senado participaron Miguel Ángel Pichetto, Aníbal Fernández, Marcelo Fuentes (Frente para la Victoria), Ernesto Sanz, Gerardo Morales (UCR), Adolfo Rodríguez Saá (Compromiso Federal), Fernando Solanas (Proyecto Sur), Gabriela Michetti (PRO) y Rubén Giustiniani (Socialismo).No fue de la partida el vicepresidente Amado Boudou, a quien el oficialismo prefiere cuidar del contacto con los opositores en medio de la investigación judicial que lo tiene como protagonista, a pesar de que es la autoridad máxima del Senado.Sergio Massa no asistió, dado que no es jefe de bloque. Aunque varios de los radicales presentes tampoco ostentan ese cargo y sin embargo participaron en el encuentro. Tampoco fue de la partida Elisa Carrió, quien envió al diputado de la Coalición Cívica, Fernando Sánchez, en su reemplazo. Bonistas italianos en alertaBUENOS AIRES (Medios Digitales). El asesor legal de los italianos tenedores de bonos argentinos adelantó que están dispuestos a recurrir a la Justicia si el Gobierno nacional les paga a los holdouts como ordenó el juez Thomas Griesa, ya que se incumpliría la cláusula Rights Upon Future Offers (RUFO) establecida en el canje de deuda. La misma dispone que si algún acreedor recibe una mejor oferta que el resto, el país deberá igualarla para todos por igual.“Cualquiera de nosotros, si acepta primero una reducción, una modificación en las condiciones en la cantidad de pago, y después ve que aquellos que no entraron… Si existe la posibilidad técnica y legal, creo que lo vamos a hacer”, respondió al ser consultado al respecto el asesor legal de acreedores italianos Tulio Zembo.El letrado estimó que al Gobierno argentino le resultará “muy difícil pagar en tiempo y forma” el 30 de junio a los bonistas que ingresaron en la última reestructuración de deuda, debido a las complicaciones surgidas tras el rechazo de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos.“Todo marchaba sobre rieles, tranquilo, y ahora esta situación viene a poner a los bonistas que entraron con mucho sacrificio en la reestructuración en tela de juicio, entre dos partes con las que no tendrían nada que ver aquellos que entraron en el canje”, sostuvo Zembo, en diálogo con radio Continental.A través de sus abogados, Argentina ofrecería a todos los bonistas que ingresaron al canje trasladar a Buenos Aires la sede de cobro que deben percibir el 30 de junio.La iniciativa parece al menos complicada: pocos son los acreedores internacionales que están dispuestos a trasladar sus cobros a la Argentina, debido a que esos pagos quedarían bajo jurisdicción de la Justicia nacional y no de los tribunales de otro país.
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