SAN IGNACIO. Un grupo de familias se encuentra desde hace unos días manifestándose en el acceso a esta localidad. Lo hacen cortando el tránsito en una mano de la ruta nacional 12, reclamando una respuesta de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), porque en cada subida del río Paraná terminan inundados y perdiendo producción y bienes personales.Mantienen además, una demanda ante la Justicia Federal con asiento en Posadas, para lograr una indemnización que les permita hacer frente a una reubicación.Sostienen que por las pérdidas muchas familias incluso, ya no pueden enviar a sus hijos a la escuela.Lorenzo Alarcón, uno de los manifestantes, explicó a PRIMERA EDICIÓN que llevan tiempo tratando se lograr la asistencia de la EBY como del municipio; el tratamiento costero que les posibilite vivir sin pensar las consecuencias de una lluvia; y una mesa de diálogo entre las partes.Admitieron que los vecinos de San Ignacio reconocen poco y nada la difícil situación que les toca vivir.“Venimos de una lucha que lleva 15 años tratando que Yacyretá pague los daños que nos causó, tanto ambientales como laborales. Tenemos un amparo en el Juzgado Federal. No tenemos ninguna respuesta para una mesa de diálogo para buscar solucionar nuestros problemas”, expresó Alarcón.Desde oleros, trabajadores de piedra laja, corta-paja, están en la misma situación: “con una creciente como la que nos tocó vivir fue de lo peor. Los pocos que estaban trabajando perdieron no solo la materia prima sino la poca producción que había podido realizar para vender y así poder comer”, confirmó.Según Alarcón, las familias tienen muchos niños entre sus integrantes. “No tenemos asistencia por ahora. El viernes nos mandaron una bolsa de mercaderías, nada más que eso. Pero necesitamos una solución de fondo”, dijo.En el marco del litigio que mantienen con la EBY, cada uno de los afectados por el lago de la represa con sede en Ituzaingó, reclama una indemnización de 60 mi dólares. “Si no se define la cuestión en dos meses, se terminaría de debatir en un juicio ordinario. Ahí se sumarían cargos como daños y perjuicios, daño moral que significarán un porcentaje mayor en el monto exigido”, contó.La permanencia en la ruta nacional 12, según Alarcón, se extenderá “hasta que consigamos alguna respuesta por parte de las autoridades. En gran parte nos sentimos abandonados. Y discriminados porque no recibimos la misma ayuda que otras organizaciones de oleros”.
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