C on seis años de demora a sus espaldas, si se toma en cuenta que la presidenta Cristina Kirchner, anunció en 2008 su vocación de saldar la deuda con el Club de París, el acuerdo que cerró el gobierno nacional con ese organismo fue visto, sin embargo, como un paso en la dirección correcta por la mayoría de los analistas.El beneficio que trae esta regularización a un país que necesita con urgencia reinsertarse en el sistema de crédito internacional, para recibir inversiones que ayuden a superar una economía con signos recesivos, está fuera de dudas; y se estima que si el 12 de junio próximo se resuelve favorablemente en la Justicia de Estados Unidos el diferendo con los llamados fondos buitre; Argentina estará cerca de haber renegociado exitosamente el pasivo de más de 100 mil millones de dólares, que puso al país al borde de una implosión económica, social e institucional en 2002.Desde este punto de vista, y teniendo a la vista que son muchos los proyectos privados y públicos que buscan financiamiento, el trato que cerró el ministro de Economía nacional, Axel Kicillof, en París este jueves es un indudable punto a favor del gobierno krichnerista; aunque la transacción no carece de aspectos potencialmente polémicos y no logra despejar del todo las señales de incertidumbre respecto al futuro.El diputado opositor Claudio Lozano fue uno de los primeros en poner reparos al acuerdo, considerando inadmisible que se haya reconocido una deuda de 9.700 millones de dólares, “cuando a septiembre de 2013 la cifra ascendía a sólo 6.089 millones”.Si bien el acuerdo a cinco años con vencimientos atados a la evolución de la deuda argentina y a la afluencia de inversiones de los países deudores, es auspicioso en el entorno actual, y el gobierno kirchnerista se salió con la suya al conseguir que el FMI no sea partícipe activo de las negociaciones; todavía es prematuro creer que se ha dado un giro cien por ciento sostenible a la ecuación financiera. Tomando la simbología que instalara el fallecido expresidente Néstor Kirchner, en este paso es posible ver el alejamiento definitivo de la Argentina del infierno de 2001; pero aún seguimos en el purgatorio.La regularización de los vínculos con la comunidad financiera internacional tiene dos aristas complementarias pero opuestas; dado que por un lado el gobierno trata de “huir para adelante” de una tendencia depresiva en la economía. En tanto que, por otro, alienta un salto estratégico abriendo la puerta al ingreso regular de fondos para la explotación de las reservas de petróleo y gas no convencionales.Mochila pesadaMenos clara parece verse la repercusión del acuerdo en la situación política y económica interna. Uno de los problemas que se avizora, es el incremento de la deuda pública que, sumando el pago previo a Repsol por la expropiación de YPF, llegaría a más de 210.000 millones de dólares. Preocupa también el aumento del monto de los vencimientos que se acumulan para ese año; que crecieron significativamente y no bajarían de los 8.600 millones de dólares; una pesada mochila para el gobierno que asuma en 2015. Kicillof trató de despejar dudas subrayando que “Argentina no está arrodillada” y el esquema de pagos se sostendrá con el crecimiento de la economía, una apuesta tan pragmática como riesgosa. El alivio financiero, no obstante, no se transformará necesariamente en oxígeno político para un gobierno que, aún cuando lograra llevar el barco de la economía a flote hasta 2015; pierde terreno en la opinión pública por otros flancos, como el de la corrupción institucional y la inseguridad. También es necesario colocar en la balanza los efectos del acuerdo financiero: de poco sirve amistarse con los mercados externos, si se mantiene sobre el ciudadano común la presión del impuesto inflacionario y el ”apriete” fiscal permanente. Presente griegoEn este contexto, la decisión del juez Ariel Lijo de convocar a indagatorias para el próximo 15 de julio al vicepresidente Amado Boudou, sospechado de “negociaciones incompatibles con la función pública” en la controvertida causa Ciccone; refuerza la pérdida de sostén político del gobierno en vastos sectores sociales. Más allá de las particularidades del caso, la citación a indagatoria a un vicepresidente es una indudable mala señal en términos institucionales. La insistencia del vicepresidente en no dar un paso al costado, cosa que tendría que haber hecho en el mismo momento en que surgieron las acusaciones o sospechas en su contra; vulneró su imagen pública anticipadamente y se convirtió en un presente griego para el gobierno; que aparece como garante de impunidad. Una situación similar, salvando las distancias, se presentó en la provincia, con el caso del cuestionado presidente de Vialidad Provincial, Julio “El Viejo” Duarte; quien se parapetó en su despacho negándose a renunciar a pesar de la evidente responsabilidad del ente a su cargo en la “Tragedia de Acaraguá”; y lo único que logró es desvalorizar su propia imagen y perjudicar al gobierno provincial que lo sostiene de hecho, aunque deje trascender que tanto Closs como Rovira le “sacaron la escalera”. Pedido reveladorLa postura ambivalente del gobernador en este caso -que tenía la posibilidad de pedirle la renuncia y no lo hizo- quedó patente en el pedido de informes que aprobó por unanimidad la Legislatura el jueves; solicitando, entre otros muchos ítems -incluyendo lo que se hizo y no se hizo para evitar la tragedia de Acaraguá- que Vialidad explique “si se formó un comité de crisis para evaluar la situación de los puentes y rutas de la provincia”. Curiosamente, el oficialismo que se ocupó de frenar la ley de emergencia vial, que querían declarar diputados de la oposición y convertirla en un inofensivo pedido de informes, reconoce en este punto la existencia de una crisis en la gestión vial provincial. Algo que en nada se condice con la inacción respecto al cuestionado funcionario. En el contexto legislativo, esta semana Rovira se despachó con declaraciones que sugirieron una suba de tensión en la cúpula de la alianza de gobierno.Bajada de líneaEn una conferencia de prensa al término de la sesión cameral; Rovira primero deslizó un implícito llamado de atención a los diputados nacionales del oficialismo; al señalar que es necesario insistir en la Ley de Envasado en Origen de la yerba mate, una norma de su autoría qu
e se frenó en el Congreso. “Ha habido una labor muy destacada por parte de nuestros senadores (Cabral Arrechea y Giménez), que han conseguido una media sanción; lamentablemente no se ha puesto el mismo énfasis en la Cámara de Diputados de la Nación”, disparó Rovira. Aunque negó que se trate de un “llamado de atención” a los diputados nacionales de la Renovación.Luego, insistiría en la misma conferencia tirando por elevación a la persistencia de una “actitud sumisa y genuflexa” frente al gobierno nacional. Finalmente, insistiría en la demora que encuentra en el Congreso la decisión renovadora de formar bloque propio. Al hablar sobre el proyecto referido a la yerba mate; el titular de la Legislatura destacó que está convocando “a una reunión de nuestros legisladores” para que se insistan “principalmente en ese tema y no en otros”. Aunque es probable que en el cónclave, de concretarse, termine redondeando la bajada de línea respecto al bloque propio, también frenado en Congreso.En este marco, llamó la atención la ausencia de legisladores misioneros en la audiencia convocada por el Senado, para discutir con sus protagonistas, la situación de las economías regionales, entre ellas la de la yerba mate. Muy poco se vio de una postura “misionerista” en un faltazo en bloque de legisladores y referentes del gobierno misionero, que -evidentemente- cerraron filas detrás del gobierno kirchnerista; antes de usar la reunión -aunque más no sea- como tribuna para reafirmar la necesidad de la sanción de la ley de envasado en origen y otras iniciativas pendientes de tratamiento en el Congreso. Sin sobreestimar las señales implícitas en los dichos del titular de la Cámara, queda en pie la sensación de que la alianza que dio lugar a la formación del Frente Renovador -hace más de una década- enfrentará en 2015 su más complicado desafío. ¿El nuevo escenario presiona desde ya sobre la alianza Rovira-Closs?
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