POSADAS. El oficialismo renovador bloqueó ayer la pretensión opositora de convocar al secretario municipal de Gobierno, José Raúl Moglia, para que explique al Concejo Deliberante local y a la ciudadanía las acciones asumidas por la Municipalidad en relación al conflicto gremial en las empresas del transporte público del holding Z que durante cinco días afectó el servicio y perjudicó a los usuarios en el área metropolitana misionera. No conforme con ello, desechó también otra iniciativa para instar al Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) a que las indique, actúe y ejerza el poder de policía exigiéndole al conglomerado de empresas de colectivos que cumpla con sus obligaciones contractuales en ese conflicto que afectó, en materia de frecuencia y regularidad, fuertemente a los vecinos de Posadas, Candelaria y Garupá.Pero, para suavizar esa actitud rayana con la complicidad -y que se manifiesta cada vez que se trata algo relacionado con el servicio concesionado al Grupo Z-, con la abstención opositora, aprobó una solicitud al DEM para que “tenga a bien” informar sobre ese problema entre la empresa y los choferes que, finalmente, ayer quedó superado (ver página 3). A lo que el presidente de la Comisión Deliberativa de Transporte y Tránsito, Mario Florentín (FR), sumó el compromiso de invitar al secretario Moglia a responder a las inquietudes de los concejales sobre el tema en una reunión en ese grupo de trabajo.Cinturones de seguridad En una sesión que se caracterizó por lo desordenada y la falta de transparencia, el cuerpo colegiado municipal sancionó una ordenanza que establece la obligatoriedad a las unidades del transporte urbano de pasajeros de contar con cinturones de seguridad en los dos asientos delanteros, reservados al uso de personas con capacidades diferentes y adultos mayores. Aquí también hubo algunas advertencias desde la oposición por los errores legislativos contenidos en el dictamen de Transporte y Tránsito que fueron oídas parcialmente, luego de rechazar el oficialismo el planteo de que éste retornara a comisión para corregirlo.Y otra vez, la tarea de investigación de la Comisión de Enjuiciamiento de la denuncia contra el juez municipal Hugo Barrios volvió a servir de pretexto para excusarse por la ausencia de dictamen de un proyecto destinado a regularizar la situación de las areneras que trabajan en el municipio. Aunque se aclaró que el estudio fue hecho en dos reuniones de comisión anteriores, aclarando que lo único que faltó es la redacción y firma del dictamen correspondiente, que no pudo concretarse por la suspensión de la última reunión de ese grupo.Se prometió que éste bajaría al recinto para su debate en la próxima sesión del jueves 22. Toda argucia es buenaCada vez se agudiza más la falta de transparencia en la labor deliberativa en el recinto del Concejo local. Sobre todo si se tratan temas molestos, donde la oposición pone en el escenario un tema que responde a las inquietudes ciudadanas, pero que al oficialismo le resulta comprometido debatirlo abiertamente.Se recurre entonces a diversas argucias: suavizar los términos o la intencionalidad del proyecto, considerarlos en un paquete de otras iniciativas para que no tengan destaque, soslayar la lectura de las carátulas de los expedientes, recurrir a que la discusión debe ser exclusiva en comisión u obviar su fundamentación.E incluso, cuando no es posible otro mecanismo, se busca confusión soslayando, como ayer, el propio Reglamento. En comisión, se buscó evitar la votación de un predictamen que, en opinión de Presidencia, “no tenía las firmas suficientes” y éste, forzado por la oposición, como los restantes, se votaron luego sin las fundamentaciones obligadas ni aclarar el texto definitivo suscrito. ¿A ciegas?
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