POSADAS. Una segunda denuncia penal por acoso fue radicada ayer ante la Justicia provincial por una empleada del Tribunal Administrativo y de Faltas Municipal local. Ésta se suma a una anterior presentada ante el Juzgado de Instrucción Tres de Posadas, a cargo del juez Fernando Verón, por una joven que cumplía tareas de pasante.Empero, hasta el mediodía de ayer esa imputación no había sido radicada todavía en el Concejo Deliberante local que es el que debe dar los pasos administrativos y políticos que lleven a la destitución del magistrado acusado, el titular del Juzgado de Faltas Dos, Hugo Javier Barrios. Éste a su vez, le restó veracidad a la primera de esas acusaciones -cuando lo hizo, no se conocía aún la otra-, afirmando que se trataba de una campaña interesada, de desprestigio hacia la labor que en esa última instancia administrativa municipal desempeña como juez desde 2001.El Jurado de Enjuiciamiento aún incompletoMientras se esperaba la radicación formal de la denuncia y el pedido de destitución, en el Concejo Deliberante seguía pendiente la designación de los tres ediles que deberán integrar el Jurado de Enjuiciamiento municipal, para reemplazar a quienes fueron nombrados en 2012 y cuyo mandato feneció en marzo pasado. Esas nominaciones y la particular circunstancia de un posible juicio político al juez Barrios, motivó una reunión del bloque renovador en la cual se habrían discutido diversas eventualidades y acordado algunos nombres.De acuerdo con la Carta Orgánica Municipal (COM) artículo 229, en ese primer mes de actividad deliberativa es cuando debería designarse a los concejales que integrarán el Jurado y sortearse a los cuatro electores que se sumarán a éstos en representación de los abogados del foro local (dos de ellos) y de los vecinos (los restantes); todos ellos con sus respectivos suplentes en idéntico número y distribución. Todos con mandato bienal (artículo 227).Los cuatro electores, sorteados en marzo de 2013 y con mandato por dos años, son los abogados Karina Alejandra Aguirre y Ariel Omar Belda Palomar, y los vecinos María Cristina Ortega y Antonio Ramón Palaci, como titulares. En tanto, son sus suplentes los abogados María Gabriela Gómez Ortiz y Guillermo Dusso, y los vecinos Silvina Guimaraez y María Cristina Sosa. Los concejales a ser reemplazados (o reelectos) son Laura Grisel Duarte, Claudina Deglise (ambos renovadores) y Pablo Velázquez como titulares; y Magdalena Solari, Rolando Rubleski y José Vicente Almirón. De éstos, Almirón concluyó su mandato como edil posadeño en diciembre pasado y Deglise desde entonces integra la Comisión de Legislación General, Régimen del Empleado Municipal y Enjuiciamiento, que debe definir las denuncias que serán elevadas a juicio de destitución y desempeñar la labor de fiscal ante el Jury, lo que hace incompatible una confirmación de su presencia en este Jurado (artículo 9, ordenanza 71/96).En idéntica situación a esta última se encuentran los restantes integrantes de la mencionada comisión: Julio Vivero (su titular), Christian Humada, Mario Florentín, Santiago Enríquez, Alejandro Velázquez y Gabriel Nielsen, quienes deberían renunciar a esta responsabilidad si desean integrarse al cuerpo de juzgamiento político. Entre ellos se designará a la o las personas que, como fiscales, sostendrán la acusación e intervendrán activamente en el juicio oral y público.Claro que para llegar a éste resta un largo período previo, a partir de la radicación de la denuncia escrita u oral -ésta con intervención del secretario del cuerpo para asentarla- y donde la Comisión de Enjuiciamiento, convertida en investigadora, deberá recoger y habilitar todas las pruebas que sirvan para ratificar o rechazar lo denunciado.Según el artículo 40 de la COM, las causales de destitución son “ineptitud, negligencia, indignidad e incapacidad física o intelectual”. Tercera vez en 26 añosDe resolverse a favor del enjuiciamiento político contra el juez Hugo Barrios, sería la tercera vez que se constituya el Jury habilitado para destituir a aquellos funcionarios comunales designados por el Intendente municipal, con acuerdo del Concejo Deliberante (fiscal, escribano, contador y tesorero municipales, y jueces de los Tribunales Administrativos y de Faltas). Anteriormente, convertido en Jury, se constituyó en dos ocasiones: una, en 2000, cuando se destituyó al entonces juez de Faltas Dos, Estaban Semilla. Y la segunda, en 2005, cuando sobreseyó a la aún jueza municipal de Faltas Uno, María Martha Guimaraes.Este Jurado de Enjuiciamiento fue creado por la Convención Constituyente Municipal que elaboró la primera Carta Orgánica (COM) en 1988. En 2010, la nueva Convención, que revisó aquella norma matriz comunal, ratificó su vigencia, sin mayores modificaciones en la previsión original.En 1996, el Concejo Deliberante sancionó la ordenanza 71/96 -aún vigente- que lo reglamenta y establece los diversos procedimientos formales a seguir para su funcionamiento. Consejo de la MagistraturaUn segundo organismo comunal que podría tener importante trabajo este año, el Consejo Asesor de la Magistratura Municipal, está también incompleto desde hace largo tiempo. Es el encargado de seleccionar y proponer los nombres de quienes deberán ser designados como jueces o secretarios en los Tribunales Administrativos y de Faltas Municipales y que en 2014 debería entender en el nombramiento de dos nuevos jueces de Faltas, los miembros de la recién creada Cámara de Apelaciones Contravencional y de Faltas, y sus respectivos secretarios (artículo 199 de la COM).Desde hace varios años, el Concejo Deliberante está sin designar a quienes lo representarán en ese cuerpo (dos titulares y dos suplentes) que también integran el Secretario de Gobierno, el Fiscal Municipal y un representante del foro local. El primero de éstos, actualmente José Raúl Moglia, es quien lo preside. Además de los ediles, a él se sumarán el fiscal municipal Carlos Manuel Freaza y la abogada Silvia Durán.La última vez que este cuerpo, creado en 2001 por un plebiscito que modificó la COM de entonces (artículo 150), fue en 2009 en ocasión de la designación de la jueza municipal de Faltas Tres, Carolina Andrea Irigaray. Audiencias públicas sin dictamenSigue sin lograr dictamen el proyecto destinado a reglamentar las audiencias públicas en el municipio, indispensables para el tratamiento de cualquier iniciativa que apunte a modificar la
s tarifas de los servicios públicos. Esta vez, la reunión de ayer de la Comisión de Legislación General, Régimen del Empleado Municipal y Enjuiciamiento, que analiza el tema, contó con la asistencia plena de los ediles locales y el secretario de Gobierno municipal, José Moglia; el delegado regional del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), Mariano Antón; y la directora del Digesto Jurídico Municipal, Natalia Valdez.En principio y tras escuchar los aportes y explicaciones de los funcionarios visitantes, hubo acuerdo en torno a elaborar un predictamen, que sería analizado en un próximo encuentro, el lunes 15 de mayo. Pero surgió alguna discrepancia en torno a la figura legal que se le daría a la norma que resulte. Algunos pretenden elaborar una ordenanza y otros, limitarse a dictar una resolución interna, dejando en manos de cada uno de los poderes del gobierno municipal, Ejecutivo y Deliberativo, la potestad de reglamentar en su ámbito cómo se aplicarían y para qué casos estas audiencias públicas.Según comentó tras el encuentro el titular de la comisión deliberativa, Julio Vivero (FR), sobre ello todavía falta avanzar en las coincidencias, aunque sí hay acuerdo de aunar criterios de las dos iniciativas en estudio: la de Daniel Amarilla (UP) y de Magdalena Solari (FR).
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