POSADAS. En una nota que lleva la firma de la mayoría de sus integrantes, la “Mesa de Diálogo Policial y Servicio Penitenciario de la Provincia de Misiones” salió a negar los “aprietes” y amenazas que denunciaron integrantes de las fuerzas, destinadas supuestamente a evitar la reincorporación de tres delegados que habían sido separados de la Mesa y hoy aseguran contar con el pronunciamiento de una asamblea a favor de su reintegro.Desestimando las críticas y denuncias de fuentes policiales publicadas por PRIMERA EDICIÓN en una nota el pasado miércoles 23 de abril, los integrantes de la Mesa adjudicaron a un “grado de maliciosidad con fines encubiertos” los cuestionamientos y aclararon que “los integrantes de la Mesa de Diálogo en función actual somos quienes tenemos la voz oficial de todos los actos realizados en nombre de nuestros colegas”. “Somos nosotros los primeros -agregaron- con el deber de informar a nuestros delegados y ellos a nuestros compañeros que tienen activa participación, los cumplimientos e incumplimientos parciales o totales de los compromisos asumidos por el Gobierno para así tomar posturas en cada caso que lo requiera”. Enfatizaron que, como mediadores ante el Gobierno, obtuvieron diferentes respuestas a sus reclamos, pero “muy pocas veces la solución no terminó siendo convincente para el colega que manifestaba su problema”. En este marco, rechazaron que mantengan una relación de “afinidad” con el Ejecutivo provincial. Peleas de poder La extensa aclaración refleja la fuerte puja de poder respecto a la integración del espacio de diálogo, en el centro de la cual se encuentra actualmente el reclamo de tres delegados: el sargento primero Jorge Alvez, el sargento ayudante Ramón Alvez y el auxiliar Javier Báez Ibáñez, para que la Mesa admita una asamblea de delegados regionales que votó a favor de su reincorporación. Los integrantes de la Mesa admitieron la separación del cargo de los nombrados, pero precisaron que se hizo en julio del año pasado “bajo asamblea formal convocada para tal fin y por votación mayoritaria se les quitó participación como integrantes de la Mesa”. Insisten, además, en que sólo algunas de las firmas corresponden a delegados “que ratificaron su voto de julio de 2013”, en tanto que la mayoría afirma que “el resto no existen en el registro como delegados”. En cuanto a la causa de la separación, aducen que “un grupo minoritario de delegados” decidió cortar la avenida frente al Comando Radioeléctrico, en medio de una manifestación pacífica en la que se volvía de reclamar ante el IPS; el grupo habría intentado continuar con una medida de fuerza a pesar de que los presentes votaron mayoritariamente en contra”. Los integrantes de la Mesa, sin embargo, llamaron a la tranquilidad de “nuestros colegas policías y penitenciarios” y señalaron que “no vamos a bajar los brazos y estamos trabajando en un aumento para este año”. Paritarias:“La puerta está abierta” Ante los comentarios de sectores que critican la actuación de la Mesa de Diálogo en cuanto a la cuestión salarial (quienes habían remarcado que el gobierno de Maurice Closs había “firmado el compromiso de abrir la paritaria el 12 de marzo pasado y no lo hizo”), los integrantes de la Mesa de Diálogo deslindaron responsabilidades. “Aclaramos que el acta firmada en diciembre de 2013, no estipula que el 12 de marzo se iba a tratar un incremento salarial en la reunión con el representante del Gobierno, pero es una obviedad que el hecho de haber asentado que el último aumento correspondía a ese mismo año -2013- abre la puerta para que pidamos una nueva mejora salarial”, afirma el documento acercado a PRIMERA EDICIÓN por los integrantes de la Mesa. “Más ahora que en este mes se termina de pagar la última cuota de lo pactado y se prevé una considerable evolución de la inflación para fin de año”, agregaron. “En detalles como este vemos que quienes desinforman sólo dicen lo que quieren y ni siquiera comprenden lo firmado”, sostiene la nota. Aclaran, asimismo, “respecto al supuesto incumplimiento por parte del Gobierno por no abrir paritarias el 12 de marzo”, que en diciembre de 2013, “cuando por los paros y acuartelamientos de varias policías a nivel nacional, pudimos junto al Gobierno concretar un incremento, consideramos y dejamos bien asentado en acta que era un reajuste de ese año 2013, evitando así que se crea que ese aumento podía corresponder a 2014”.
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