POSADAS. Se esperaba una declaración conjunta, pero fue la Cámara de Comercio e Industria de esta capital la que dio el primer posicionamiento. A inicios de semana, se sumaría la emitida por la Cámara Empresaria Misionera delAutotransporte de Cargas (CEMAC) con un documento que también apuntaría en el mismo sentido: el malestar que genera el accionar de la Dirección General de Rentas (DGR) en el puesto del Arco de ingreso a Misiones por ruta nacional 12; como también el puesto sobre la ruta 14.Desde hace tiempo, PRIMERA EDICIÓN viene publicando los dramas que viven fleteros, camioneros y empresarios que, por simple sospecha de papeles, quedan horas y días con la mercadería retenida por la voracidad de la aduana interna que la política fiscal de Maurice Closs aplica. (ver página 4).“Empresarios y comerciantes de Misiones transmitieron a las autoridades de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas su gran preocupación, por el modo en que se están llevando a cabo las retenciones y secuestros de transportes de carga de mercaderías de todo tipo, en los controles que Rentas de la Provincia de Misiones montó en los accesos a esta provincia, sobre las rutas nacionales 12 y 14”, confirmó la CCIP.Según advirtieron, “estos secuestros están generando grandes problemas de abastecimiento en la provincia y también complicando el trabajo de los transportistas y la relación de éstos con los proveedores de otras provincias y los comerciantes de Misiones que solicitan la mercadería”. La cámara empresaria posadeña afirmó que “el malestar es también por los desmesurados montos de multas realizadas a empresas por cuestiones formales en remitos de mercadería correctamente declarada, sin un criterio claro de aplicación de sanción. Los empresarios y comerciantes reclaman que existen altos grados de irritabilidad por la manera en que se están llevando a cabo las retenciones de los camiones y de la mercadería, que llevan -por más que no se trate de la que está en observación- ocasionando retrasos de varios días y sus consecuentes pérdidas al romper los tiempos de las logísticas de las empresas. También se cuestiona fuertemente que no hay oficios específicos de las retenciones y secuestros, sino que sólo se los ataja en el puesto de control con el claro objetivo de acelerar el pago de una multa”.Suponiendo el pago de las multas, el problema es que quien recibe las mercaderías no reconoce las mismas. “En caso de que el transportista o el comerciante local realicen el pago de la supuesta infracción, genera a su vez problemas con los que envían la mercadería, quienes manifiestan desconocer los motivos de las onerosas multas exigidas por Rentas de Misiones, produciendo roces innecesarios entre proveedores, clientes y transportistas”, reveló la CCIP.Advirtió que “además también preocupan los denunciados actos de corrupción que pudiere haber vinculados a estos procedimientos de incautación de transportes y mercaderías”.Otro reclamo de los empresario se sitúa “en torno a los controles y a la legislación actual de Rentas, como es la exigencia del pago anticipado de las mercaderías que ingresan a Misiones a los proveedores que se encuentran inscriptos en el convenio multilateral y están dados de alta en la jurisdicción de Misiones, lo que genera también cargas administrativas innecesarias en empresas proveedoras que luego declararán esas ventas en forma mensual”.También se cuestiona que “no pueden obligar a un privado, como un transportista, a que controle si los remitos de la mercadería del cliente son verdaderos o falsos, ya que eso excede la tarea formal y capacidad operativa de los mismos”.Solicitud a las autoridadesLa Cámara de Comercio e Industria de Posadas solicitó “que se revise la legislación actual y, principalmente, su modo de aplicación para que no afecte el normal abastecimiento de Misiones y el funcionamiento de los comercios y empresas. De la misma manera, se pide que se informen desde Rentas los errores formales más comunes que las empresas proveedoras y sus clientes cometen, quienes podrían subsanar rápidamente para evitar onerosas multas y contratiempos que ocasionen pérdidas considerables de dinero”. Por último, hacen “un llamado a la racionalidad a los funcionarios públicos que aplican las normas, a efectos de que en aquellos casos donde no hay una evasión manifiesta y en cambio una falla formal, exista una instancia previa de advertencia y no una multa discrecional y elevada que en los momentos críticos que vive el país no hacen más que agravar la ya delicada situación del comercio y del transporte de Misiones”. “Nos tratan como si fuéramos delincuentes”, dijo ArrecheaEl pasado miércoles, un camión proveniente de Resistencia con dos máquinas viales pretendió ingresar a Posadas para seguir camino a Oberá, retirar una máquina expuesta en la última Fiesta del Inmigrante y seguir rumbo a Córdoba, donde las compraron. Son parte de la empresa ZMG Argentina, cuyo representantes en Resistencia y Misiones es el empresario Camilo Arrechea y que importa maquinaria vial china de Liu Gong, importante fabricante oriental.Al llegar al Arco, por sospechas de que la documentación fotocopiada no era real, en el puesto de Rentas de Misiones secuestraron las dos máquinas. “El camión venía de Resistencia, donde tenía un local comercial que tuve que cerrar en diciembre porque ya no era rentable por los costos fijos. La empresa me pide las máquinas que tenía en Resistencia para ser enviadas primero a Buenos Aires, porque estaban vendidas en Río Tercero (Córdoba). Llegando a Misiones, en el control de Rentas, paran el camión carretón y dicen que la documentación que traía el camión no era correspondiente porque era fotocopia y no tenía respaldo”, relató con indignación Arrechea a PRIMERA EDICIÓN.Luego de labrada el acta, fue hasta la sede central de Rentas. Allí lo atendió una contadora que lo derivó con el coordinador de Políticas Fiscales de la provincia, José Garzón Maceda. “Me dicen que la multa era de 300 mil pesos por infringir la ley. Llamé a mi abogado a Buenos Aires para pedir los remitos originales, que me enviaron urgente. Las máquinas estaban en tránsito rumbo a Río Tercero, no se iban a vender acá”, insistió el empresario.Arrechea pidió hablar con Garzón Maceda. La espera duró seis horas, según reveló el misionero: “Esperé desde las 8 hasta las 14, cuando se dignó a atenderme. Me atendi
ó de mala manera. En una posición de hacerme un favor, como si fuese un delincuente que fue a hablarle. Nos tratan como delincuentes y no lo somos, queremos trabajar. Le pedí poder ingresar con las máquinas, que me sellen en un control y luego verifiquen la salida por el control de la ruta 14. Me pidió la documentación y se la mostré. Me dijo que la multa era de 300 mil pesos y que con $30 mil él lo podía arreglar. Le dije que la multa y los problemas que tenemos con esta situación podrían poner en riesgo la continuidad de la sucursal de Misiones, de la que dependen muchas familias. Me pidió volver al día siguiente”.Sin solución más que el dineroCamilo Arrechea continuó relatando que al otro día, la misma contadora que lo atendió inicialmente volvió a mirar los papeles exigidos, ingresó al despacho de Garzón Maceda y al salir “me dijo que no se podía solucionar nada. Me puse muy nervioso porque estuve desde las 9 a las 13 esperando que me atienda. Le quise pedir explicaciones del motivo por el cual debía pagar la multa y me ratificó que se arreglaba con 30 mil pesos. No entendí cómo bajaba de 300 mil a 30 mil, aun con toda la documentación. Un flete perdido de un alto valor”.El empresario destacó que “la empresa que represento tributa en Misiones, tiene convenio multilateral. Cada mercadería que ingresa para la venta en Misiones, la empresa paga adelanto de Ingresos Brutos y me manda el comprobante con el transporte. Tiene una conducta fiscal impecable. Siempre cumplió con los requisitos exigidos. En este caso puntual, alegan aparentemente que la mercadería venía con fotocopia, por eso la sospecha de irregularidad. Pero se le presentó la documentación original, por lo que se extingue el hecho punible”.Camilo Arrechea ratificó que “continuaremos con las acciones legales. Voy a demandar a Garzón Maceda porque es una mala persona que representa a la institución. Lo unico que reclamo son mis derechos como ciudadano, como misionero. Quiero solucionar todo de la mejor manera. No amenazo a nadie, porque el funcionario dice que amenacé a su familia y no fue así. El altercado que tuvimos es independiente a las familias. Quiero trabajar y que esto llegue a un buen fin. Pero voy a seguir con las acciones legales contra Garzón Maceda”.Por su parte, el abogado del empresario, Miguel Arrechea, dijo que se pretende dejar sentada una posición para que “otros empresarios no pasen por la misma situación. Las autoridades deben arbitrar los medios para que la aplicación de la ley sea de la manera más clara y transparente posible. Este accionar que entendemos es irregular, repercute en el comercio de la provincia, en la actividad comercial que todo el tiempo se esta tratando que se reactive. Las balanzas comerciales estan caídas. Pero esta situación es un lastre más para los empresarios”, afirmó.





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