PUERTO IGUAZÚ. Concejales opositores insistieron con la derogación de la ordenanza 48/11 que declaró la emergencia económica, administrativa y ambiental de la Municipalidad de esta localidad. En la última sesión ordinaria fue el edil Hugo Sartori quien insistió en abolir esa normativa que lleva más de dos años en vigencia y que sirvió para justificar varias decisiones polémicas tomadas por el Ejecutivo comunal.Al momento de la asunción del intendente, Marcelo Sánchez (cuñado del gobernador Maurice Closs), las arcas municipales estaban comprometidas. Fue el Concejo Deliberante el que le dio la herramienta -mediante la emergencia económica- de actuar con algunas preferencias que actualmente están desajustadas.En la misma sesión del jueves, también compartió ese pensamiento la edil radical Natalia Méndez Ferreyra: “Me preocupa la violación a la Carta Orgánica y la pasividad de este Concejo”, señaló.Por su parte, Sartori recordó el tema hace más de un mes, cuando afirmó: “No encuentro motivos que justifiquen mantener la emergencia, entiendo que fue otorgada como herramienta para permitir en poco tiempo el orden en el municipio, pero después de dos años queda en evidencia y total claridad que fue solo un engaño a nuestro pueblo, que confió en el intendente”.Criticó además que “esta herramienta que se le dio al intendente solamente sirvió para tapar cosas y no pagar deudas”. La ordenanza no especificaba un plazo de vigencia y permitía al Ejecutivo la suspensión de pagos de juicios y cumplimientos de ordenanzas, como la colaboración a la escuela de la aldea Mbororé y a los Bomberos Voluntarios, que fue suspendida a pesar de que se cobra en la Tasa de Inmuebles.“No recuerdo gestión tan turbia y cuestionada por no mostrar las documentaciones que deben hacerse y que prometieron en campaña”, señaló Sartori, compañero político del ex intendente Claudio Filippa.El artículo 6 de la polémica ordenanza 48/11 (que declaró la emergencia económica, administrativa y ambiental) autoriza al DEM “a revisar los contratos y a renegociar y/o establecer cánones y contraprestaciones por el uso de bienes de dominio municipal, objeto de concesión y/o permisos otorgados para la prestación de servicios públicos; pudiendo revocar los mismos con autorización del Concejo Deliberante, todo ello con el fin de lograr la superación de la emergencia declarada por la presente ordenanza”.Los opositores no pueden derogarla porque necesitan los dos tercios de votos del cuerpo legislativo, por lo que les faltaría un concejal más a favor.
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