POSADAS. La situación política de la concejala opositora Clelia Alfonsina Carballo de San Vicente, comenzó a complicarse. En una tensa sesión del Concejo Deliberante, sus pares del oficialismo, la sancionaron con un apercibimiento, aunque sus allegados temen que se trate del paso previo a una destitución.Por estos días, la Justicia penal imputó a la edil y a su abogado por supuesta “instigación al delito y falsificación de pruebas”, por presentar a un falso testigo del asesinato de su padre. Si queda procesada, el oficialismo no descarta avanzar con su destitución o suspensión como edil, según admitieron fuentes de la renovación. Aunque públicamente, al ser consultado si la decisión judicial complicaría la situación de Carballo en el Concejo, el presidente del cuerpo deliberativo, Héctor Omar Arndt dijo a PRIMERA EDICIÓN: “Hasta el momento no se ha tocado el tema, no hemos hablado. (…) Si la situación amerita, sí. Hasta ahora es una cuestión que la concejala deberá resolver con la Justicia y a partir de allí… nosotros venimos de la democracia, por eso estamos donde estamos. Debemos ser respetuosos de los poderes. Quien debe resolver esto, es el Poder Judicial. Cuando lo haga, se verá. Esa es mi interpretación”. Respecto a la sanción aplicada a la edil por resolución 13/2014, Arndt fundamentó la misma en que “hubo una contradicción con respecto a lo que la concejala había votado con respecto a una ordenanza y, ya reunidos con los vecinos del barrio, manifestó que no estaba de acuerdo con esa ordenanza”. La norma votada en el Concejo, aprobó la venta de tierras municipales a vecinos que luego expresaron no poder pagarlas, obteniendo el posterior respaldo de Clelia Carballo.“Ante cualquier inconducta de cualquier persona, de cualquier ciudadano, corresponde que se le llame la atención para que cambie su conducta. En este caso, con mayor necesidad, es imperioso que cambie de actitud tratándose de una concejala que tiene que demostrar cordura en todo momento, honorabilidad sobre sus actos y sus dichos”, detalló Arndt. Algo inédita, la sanción supone haber castigado un cambio de postura política.





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