POSADAS. En una extensa sesión, plagada de áridas discusiones y sin mayores temas trascendentes, el Concejo Deliberante local decidió adherir el municipio al Día Nacional de la Promoción de los Derechos de las Personas Trans, cada 18 de marzo, instituido en homenaje a Claudia Pía Baudracco. Aceptó también el veto a la ordenanza 3.152, sancionada el año pasado, en la que se establecía la prohibición de fumar dentro de los vehículos particulares cuando en éstos viajan niños menores de doce años o mujeres embarazadas.Evitó además pronunciamiento sobre un proyecto con tratamiento preferencial destinado a integrar la Junta Electoral comunal, ordenada por la Carta Orgánica Municipal (COM), aduciendo el oficialismo, al igual que en situaciones similares, a la necesidad de seguir analizando en profundidad el tema. Coincidentemente, poco antes se había dado ingreso a un proyecto idéntico que, a diferencia del propuesto por el radicalismo, es iniciativa de la titular del cuerpo Magdalena “Maggie” Solari.Ésta también fue la autora de otro proyecto destinado a establecer un régimen de audiencias ciudadanas que establecería un recurso participativo similar al de las audiencias públicas -las suple en varios de sus propósitos- pero más acotada. Precisamente, cuando está previsto el tratamiento especial de la reglamentación de estas últimas en la sesión del 24 de abril, en base a una iniciativa opositora, planteada tras el “boletazo” que, en ejercicio de la Jefatura Municipal, firmó Solari en enero pasado y para las que en materia tarifaria esas audiencias son obligatorias.¿Gestione o intime?Entre múltiples pedidos al Departamento Ejecutivo Municipal (DEM), llamó la atención una comunicación en la que se le requiere gestione ante la empresa concesionaria de la línea 21 del transporte urbano de pasajeros que ésta cumpla con el recorrido y las frecuencias, particularmente en días de lluvia. El dictamen de la comisión que preside Mario Florentín, volvió a demostrar involuntaria, quizás, la sumisión renovadora hacia esas empresas del transporte público o de la Jefatura Municipal, ya que, por disposición expresa de la Carta Orgánica (artículo 91) a esta última le compete el poder de policía y control en el servicio: la recomendación debió haber sido de intimación a las empresas y no de una “gestión” ante éstas para que cumplan con una de sus obligaciones como prestadoras.
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