POSADAS. En cárceles y alcaidías federales de Misiones existe un 57% de condenados, 38% de procesados, 4% de inimputables y 1% en otra situación, según difundió en un reciente informe la Procuraduría contra la Violencia Institucional. Las estadísticas reflejan un relevamiento sobre la situación de los reclusos que se encuentran alojados en las cárceles y alcaidías federales de todo el país, en el que se destaca que un total del 57% de los internos (a nivel nacional), están procesados sin condenas. En consecuencia, dicha Procuraduría formuló una crítica al uso extendido de la prisión preventiva a modo de medida suspensiva, como así también, el encierro en unidades penales distantes a cientos de kilómetros del lugar del departamento judicial en que se tramita la causa.Al mismo tiempo, el estudio destacó que “seis de cada diez detenidos en dependencias del Servicio Penitenciario Federal se encuentran bajo medidas cautelares de prisión preventiva, dictadas por la justicia nacional o federal”. Por lo tanto, del total de 10.043 personas distribuidas en las 28 cárceles y 10 alcaidías, el 57% está privado de su libertad sin haber sido declarados culpables en un fallo, este firme o no. El registro de la población penal corresponde a cifras actualizadas al 29 de noviembre de 2013, que se compone con 92% de hombres y 8% de mujeres, mientras que el 96% de ellos son mayores (21 años y más) y apenas el 4% se ubican en el segmento etario de “jóvenes adultos”, cuyas edades van de los 16 a los 21 años. En relación a la distribución, de acuerdo a la jurisdicción de la que provienen los reclusos, el 59% son de los juzgados nacionales, el 34% de los federales y el restante 7% de provinciales.La situación se agrava en los casos en los que actúan los jueces federales, en su mayoría a cargo de expedientes por narcotráfico, ya que los detenidos por estas causas sin condena ascienden al 73%. “La política criminal de encarcelamiento preventivo es enfáticamente sostenida por las prácticas de encierro cautelar de la Justicia Federal”, enfatiza el documento de la PROCUVIN, creada en 2103, que depende del Ministerio Público Fiscal y su titular es Abel Córdoba.En tal sentido, cuestionaron el uso extendido de la prisión preventiva y la modalidad de “confinamiento territorial” en cárceles ubicadas a, en muchos casos, más de 1.000 kilómetros del lugar de residencia del detenido o del departamento judicial donde está asentado el expediente.
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