POSADAS. A partir de una extensa investigación de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), la Justicia Federal dictó el procesamiento con prisión preventiva al Contador Público, Rubén Eduardo Kuhlmann, oriundo de Oberá, por ser “el jefe de una asociación ilícita fiscal que ayudó a evadir más de 70 millones de pesos al fisco”. A pesar de la medida, Kuhlmann se encuentra prófugo y tiene prohibido salir del país.Además, la conjueza Alba Larraburu le trabó un embargo de 10 millones de pesos a la banda y dictó el procesamiento sin prisión preventiva del abogado Hugo Lesiuk; de los contadores Adriana Minoura, Nancy Rodríguez, Raúl Kuhlmann y Rolando Ranzoni y también de Norma Trzcinski, Mauricio Arias y Gustavo Komatsu. Todos sindicados como responsables del delito de “asociación ilícita fiscal”.De acuerdo al procesamiento, Rubén Eduardo Kuhlmann “lideraba una organización -Consultora Centro- dedicada a facilitar la evasión tributaria de terceras personas a través de la creación de empresas fantasmas, utilización de presta nombres, documentación apócrifa, simulación de empleados y cesiones permanentes de socios”.“La Afip detectó que las firmas ‘de cartón’ generaron comprobantes apócrifos para que las empresas usuarias omitieran declarar ventas al fisco por 300 millones de pesos”. ¿Cómo se generó la evasión?Desde la Afip explicaron que “la creación de sociedades que sólo son un sello permite simular operaciones de compraventa y así generar crédito fiscal a favor de las empresas. Las firmas operaban como proveedoras y trasladaban a los empleados de una compañía a otra en forma permanente, simulando así la apariencia de una empresa en marcha. Las operaciones se cancelaban con cheques emitidos por alguna de las firmas involucradas y se descontaban en financieras creadas por el grupo investigado a un tipo de interés irrisorio. En un mismo lugar se fijaba el domicilio fiscal de diversas empresas apócrifas. Por ejemplo, la dirección particular de uno de los integrantes de la asociación ilícita -ubicado en Oberá- era utilizada por trece personas físicas y jurídicas”. Una “aceitada” maniobraLa Afip brindó detalles de la operatoria ilícita de los procesados. “Se detectaron innumerables modelos de mutuo o reconocimiento de deuda, utilizados por los contribuyentes para deducir incorrectamente gastos en las declaraciones juradas, tal como un contrato de ‘Reconocimiento de Deuda’ con opción de aporte irrevocable entre las firmas involucradas por la suma de 1.050.000 dólares, instrumento que fue confeccionado con la única intención de ser utilizado durante la fiscalización que se estaba llevando a cabo a una de las firmas”.La causa se inició en febrero de 2013, luego de una denuncia de la Afip ante el Juzgado Federal de Posadas, por presunta comisión del delito de asociación ilícita fiscal de una organización compuesta por profesionales. En el curso de la investigación, la cual inició el juez federal Ramón Claudio Chávez y la continuó en febrero de este año Alba Larraburu (conjuez), dispusieron 22 allanamientos a domicilios reales, fiscales y legales de las personas involucradas y se secuestró documentación. Asimismo, se estableció el secuestro de libros de protocolo de dos escribanías de Oberá. Se trata de una asociación ilícita compuesta por más de 30 empresas fantasmas que simulaban prestar servicios inmobiliarios, financieros, de salud, seguridad y asesoramiento jurídico contable con el fin de evadir impuestos. En esta causa se investiga la actuación de un grupo de profesionales de la zona centro de Misiones que ofrece servicios a terceros entre los cuales se puede mencionar: creación de empresas apócrifas; creación de documentación falsa; utilización de presta nombres; utilización de cheques de manera cruzada; simulación de relaciones laborales; utilización indebida de exenciones impositivas; falsificación de sellos y firmas; estafas procesales en procesos ejecutivos; maniobras con obras sociales; maniobras de lavado de dinero.
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