El Gobierno nacional anunció esta semana el inicio de un desmantelamiento gradual de la estructura de subsidios a los servicios básicos en este caso al agua y el gas, que instaló el mismo Ejecutivo en 2003, y que se mantuvo más de una década a pesar de su carácter distorsivo. El debate que suscitó el parcial desmonte, anunciado por los ministros Julio De Vido y Axel Kicillof, dice más de la fuerte polarización política de cara a las elecciones de 2015, que de la medida en sí misma, que el Gobierno lleva a cabo en forma tardía, en momentos en que el modelo económico está lejos de su mejor momento, de “superávits gemelos”, pero acertada en sus objetivos. La polémica tal como quedó planteada tras el anuncio oficial, entre quienes demonizaron la reducción calificándola de “tarifazo”, y quienes la embellecieron definiéndola como “distributiva”, entre otros la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, pasa por alto que, en uno u otro momento, el Gobierno está obligado a poner coto a un gasto que en 2013 llegó a 98 mil millones de pesos. Aunque el porcentaje, de un informe oficial de Economía, es menor al 5% que calcularon consultoras privadas, la erogación no se justifica en un Estado que necesita controlar el nivel de gasto público. El ministro Kicillof se quejó con razón del uso de porcentajes de los incrementos y no del valor absoluto del alza de las facturas en algunos análisis críticos: “Por ejemplo, para un lugar de consumo reducido, que representa a 7 millones de usuarios de gas, alguien que paga hoy 20 pesos pasaría a pagar en abril 8 pesos más bimestrales”, indicó. El funcionario exageró, sin embargo, al señalar que “estamos encarando una profundización, una sintonía fina en el tema subsidios. Lo estamos haciendo con la tranquilidad que da el hecho de que no hay una necesidad imperiosa de reducirlos. No hay ningún problema”. La situación económica no es, obviamente, tan apacible como sostiene el ministro, que no dice que el motivo por el cual el Gobierno no se decidió antes a intervenir en la cuestión de los subsidios fue el temor al costo político de una medida antipática en términos electorales. Vía negociadaEn la semana, otro hecho destacable fue la finalización del paro docente en territorio bonaerense, luego de 18 días de cierre de las escuelas públicas, y a partir de una nueva oferta salarial del gobierno de Daniel Scioli a los gremios. La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) y el 92% de las asambleas de base de SUTEBA, el gremio con más maestros afiliados en la provincia de Buenos Aires, aceptaron el aumento promedio del 32,5% que ofreció el Gobierno además del “no descuento de los días de paro y una cláusula de monitoreo de la inflación, entre otros puntos”. La resolución del largo conflicto se logró, finalmente, no por la judicialización que planteó el Gobierno -a través de la Defensoría del Pueblo- sino por la vía de las negociaciones paritarias, en las que a la flexibilización relativa de la oferta oficial, las bases docentes reaccionaron asumiendo tanto el desgaste de un largo conflicto como la necesidad de asegurar el inicio de clases. El incremento salarial logrado, que llevó a 5.000 pesos el sueldo inicial de un docente que estaba en 3.500 pesos, es significativo en tanto en lo sucesivo el Ejecutivo nacional logre frenar la inflación; el principal -y nada menor- problema de aquí en adelante. En este contexto, los resultados de la paritaria docente en el principal distrito del país, y , paralelamente, el acuerdo de un incremento del orden del 27,30% con el sindicato metalúrgico, cercano al Gobierno; tienden a dar una señal de resolución razonable de la puja distributiva. La evolución del programa de Precios Cuidados, que la Secretaría de Comercio reformó esta semana con la vigencia de un sistema inédito de control de los costos de las empresas más importantes, es una de las claves de lo que se viene a corto y mediano plazo. Las fuertes disparidades de ingresos que subsisten, por regiones, actividad y entre los ingresos registrados y el sector informal, son por otra parte, una deuda pendiente difícil de saldar. En Misiones, también esta semana se aplacó, al menos por ahora, el conflicto docente que había crecido con fuerza desde el pasado 5 de marzo, con la represión en el puente de Garupá; y mantenía a un sector de la docencia fuertemente movilizado. El acuerdo que cerraron esta semana el Consejo General de Educación (CGE) y el Movimiento Pedagógico de Liberación (MPL) mostró un fortalecimiento del MPL como referente de la lucha reivindicativa en el sector. Aunque el titular del MPL, Rubén Ortíz, fue personalmente víctima de los abusos de la política de criminalización de la protesta que se lanzó desde el Gobierno, en el tramo final de la discusión el dirigente supo maniobrar para arribar a un consenso que significó una mejora salarial mayor a lo obtenido por la Intersindical, liderada por el gremio mayoritario, UDPM; bajo la conducción de la oficialista “Marilú” Leverberg. La postura combativa habría llevado a un crecimiento importante del MPL, que tendría hoy representación en 25 localidades; luego de haber partido prácticamente en solitario desde Montecarlo. El Frente Gremial, que no apoyó el acuerdo, se vio debilitado en su postura de continuar con el paro, y resolvió volver a clases, cierra el muestrario de tres posturas que, en territorio misionero, ejemplificaron el dilema del sindicalismo en un contexto como el actual. La filosofía de la que parten las paritarias, que implementó por primera vez el peronismo, eliminaron los gobiernos militares y rehabilitó el kirchnerismo, abreva en el concepto de pacto social, con lo que impone límites institucionales y también políticos, al ejercicio de la representación sindical; como al propio Estado. El incidente entre la diputada Leverberg y el jefe de gabinete del CGE, el exsindicalista “Colita” Galarza, mostró a su turno no sólo el desgaste de la diputada en su rol de dirigente sindical, sino los límites de su postura. La publicación de una supuesta declaración de Galarza reconociendo que las huestes de Ortíz habían hecho un mejor acuerdo que la Intersindical encendió las iras de “Marilú”, que pidió el inmediato apartamiento del funcionario y, de paso, exigió que se anticipen los pagos del esquema de aumento escalonado ya negociado con el Gobier
no. El enojo personal no explica todo, en este incidente. El Frente Renovador misionero, en tanto, se hizo notar en el Congreso nacional, ubicando a la polémica diputada Leverberg al frente de la Comisión de Educación de la Cámara baja, un disputado espacio político que, aparentemente, la renovación consiguió con sus amagues de asumir una postura independiente del bloque K en el Congreso. El suceso político se vio empañado, en parte, por la difusión nacional, en la pantalla del mutimedios enfrentado al Gobierno, principalmente, de una filmación sobre la celebración con strippers que la diputada nacional y sindicalista organizó en su gremio, UDPM, en 2007.Empate radical En el radicalismo, las aguas se apaciguaron este viernes, luego de una extensa reunión entre todos los sectores internos representados en el Comité Provincia. El movedizo presidente partidario, Hernán Damiani, consiguió su objetivo de evitar las internas convocadas para el 18 de mayo, luego de que en una presentación a la Junta Electoral un afiliado impugnara el texto de la convocatoria. Damiani tuvo que ceder, sin embargo, y aceptar la propuesta del sector que lidera Osvaldo Navarro de convocar a las elecciones internas para cargos electivos y partidarios- para el 24 de agosto próximo.El mismo viernes, a nivel nacional, se cerró la alianza “Frente Amplio Unen”, que define el campo en que se movería, de aquí hasta las PASO de 2015, la interna del radicalismo y, dentro de ella, la puja interna misionera en el marco de un partido que con la buena performance electoral del año pasado, renovó expectativas de protagonismo político-electoral, pero también inveteradas rencillas de dirigentes que, a cierta altura, tienden a licuar las expectativas. Mientras tanto, la interna en la renovación se mantiene latente, aunque no inactiva, a la espera de que mejore el humor social.
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