PUERTO IGUAZÚ. Los concejales Hugo Sartori y Marcela González reflotaron el debate sobre la ley de Acceso de Información Pública que aún no está en vigencia en esta localidad. Mediante un proyecto de comunicación que tomó estado parlamentario en la sesión ordinaria del jueves, los ediles pidieron al Ejecutivo (cuyo titular es Marcelo Sánchez, cuñado de Maurice Closs) que elabore la reglamentación para la puesta en vigencia de la ley a la cual el municipio se adhirió hace casi un año.La ley provincial Nº IV-58, de libre acceso a la información pública, fue sancionada por la Cámara de Representantes de Misiones el 7 de junio del 2012. Un mes más tarde, fue presentado un proyecto para su adhesión en el municipio. Sin embargo, obtuvo un inmediato y polémico rechazo de los ediles oficialistas. Al punto que el concejal sanchista Lucio Schreiner, había tratado de “pseudoperiodistas” a los trabajadores de prensa que reclamaban la sanción de la ordenanza de adhesión; y consideraba que la norma podría ser utilizada como “un golpe de estado” a Sánchez.Durante 12 meses, estuvo cajoneada la adhesión a la ley provincial en el Concejo de Iguazú, pese al pedido de alrededor de cinco mil firmas presentadas para acelerar el trámite, ya que se organizó una campaña para realizar una iniciativa ciudadana.En junio del 2013, el cuerpo finalmente aprobó por unanimidad la adhesión a la ley, sin discordancia ni debate en el recinto. Pasó desapercibido.Sin embargo, la ordenanza no se encuentra en vigencia ya que el Ejecutivo debía reglamentarla para adecuar la manera de canalizarla en el municipio.El proyecto de comunicación de los concejales González (filipista) y Sartori (aliado a la renovación), expresa que “el departamento Ejecutivo, por medio de su cuerpo de asesores, se avoque a la reglamentación de la ordenanza de acceso a la información pública, para que ésta entre en vigencia”.Los ediles elaboraron este pedido, ya que el deliberativo debe velar por la vigencia de las normas ya sancionadas. Consideran necesario intervenir “ante la dilación inentendible y hasta sospechosa de no redactar la reglamentación de dicha ordenanza”.En el visto del proyecto se indica que “ha pasado tanto tiempo desde la sanción de la ordenanza y la misma no ha recibido la debida reglamentación que la pondría en vigencia, para que así, la sociedad toda se beneficie con este derecho que asegura el saber de los actos públicos de los gobiernos y asegurarnos el fortalecimiento de la relación del estado y la sociedad civil”.
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