BUENOS AIRES (NA). El fiscal federal Ramiro González pidió investigar al juez federal Norberto Oyarbide y al segundo de la Secretaría Legal y Técnica Carlos Liuzzi, luego de que el primero de ellos reconociera que frenó el allanamiento a una financiera tras recibir el llamado del funcionario.Se trató del allanamiento a la mutual Propyme el 19 de diciembre del año pasado en donde policías de la Difoc habrían exigido e invocando la figura del juez un soborno de 300 mil dólares para frenar el operativo, así al menos consta en la denuncia que hizo el dueño de la financiera, Guillermo Greppi.Por otra parte, en una causa conexa, el fiscal González decidió ampliar la acusación a 19 policías de la Difoc que hicieron el allanamiento en Propyme, y en donde tal cual denunció su dueño, habrían exigido un soborno de 300 mil dólares invocando la figura de Oyarbide a cambio de frenar el operativo.El propio Oyarbide fue quien al dar explicaciones a sus superiores de la Cámara Federal reconoció que frenó el operativo porque Liuzzi lo llamó poniéndolo en sobre alerta sobre esa situación, y él consideró al funcionario una “confiable fuente”.Eso derivó en una denuncia penal contra Liuzzi y Oyarbide hecha por los radicales José Cano, Manuel Garrido y Mario Negri, y la cual ayer el fiscal González impulsó mediante un requerimiento presentado ante el juez federal Luis Rodríguez.En el pedido, el fiscal pidió varias medidas de prueba tales como recabar información sobre los números de teléfonos funcionales asignados a los empleados de la Secretaría Legal y Técnica, así como los particulares, aportando de cada uno de ellos el cargo y/o función.González también pidió a la Cámara Federal fotocopias del sumario administrativo que se lleva a cabo a raíz del allanamiento y lo hecho por Oyarbide; y que se certifique si en otras causas Liuzzi forma parte de alguna investigación.La denuncia de la UCR fue a partir que Oyarbide reconoció que frenó el allanamiento en Propyme con tan sólo el llamado de Liuzzi, algo que consideraron “llamativo” y más teniendo en cuenta que el juez investigó tiempo atrás y archivó una causa contra el funcionario por presunto enriquecimiento ilícito.Incluso, días atrás el fiscal Patricio Evers pidió reabrir esa causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Liuzzi, a lo que Oyarbide se negó y ahora fue apelado ante la Cámara Federal.“El actuar del magistrado Oyarbide frustrando la medida que él mismo había ordenado horas antes perjudicó irremisiblemente el éxito de la investigación que estaba a su cargo, situación que se agrava si se tiene en cuenta que esa determinación la habría adoptado en beneficio de uno o más funcionarios del Poder Ejecutivo en los que el juez afirma depositar su confianza”, consignaron los denunciantes.Por otra parte, el fiscal González decidió ampliar la acusación sobre los policías de la Difoc que hicieron el allanamiento en Propyme, y en donde tal cual denunció su dueño, habrían exigido un soborno de 300 mil dólares invocando la figura de Oyarbide a cambio de frenar el operativo.El fiscal decidió emprender formalmente una investigación contra 19 policías que integraron la Brigada A, y la cual tuvo a cargo el operativo en Propyme ordenado por Oyarbide en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero y que comprendía el allanamiento a un total de una veintena de financieras sospechadas.Ambos requerimientos fueron presentados ante el juez federal Luis Rodríguez, quien investiga si existió el pedido de sobornos, si, como dijo Greppi, los policías lo hicieron invocando la figura de Oyarbide; y ahora suma la investigación a partir del llamado que éste dijo recibir de Liuzzi.
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