POSADAS. Mientras el gobierno de Maurice Closs empuña el cuentagotas y moviliza a las tropas de élite de la Policía para responder a las legítimas demandas salariales de docentes, trabajadores de la salud y empleados públicos; la revelación del monto al que llega hoy el sueldo de los diputados provinciales plantea un debate que asume ribetes de verdadero escándalo.A fines de la semana pasada, y en el contexto de una dura interna entre los diputados radicales Gustavo González y Luis Pastori; unidos por una misma línea interna pero enfrentados por las mutuas ambiciones de llegar a la Gobernación en 2015; el primero informó que tras los descuentos impositivos y el aporte partidario establecido por la Carta Orgánica de la UCR; percibió en febrero pasado un sueldo neto de 43.745, 24 pesos. Ese monto, explicó González, llegaría a 49.000 pesos aproximadamente si se agrega al sueldo básico que se percibe por depósito bancario (el recibo de haberes del legislador se adjunta a esta nota) otra suma que se percibe a través de cheques del Banco Macro correspondientes a los rubros equivalentes a pasajes y gastos de representación. Además los legisladores reciben vales de combustible y tienen la posibilidad de contratar a dos personas para trabajar en la Cámara.El tenor de la polémica que despierta esta generosa retribución a los representantes del pueblo alcanza altos decibeles en un marco en el que al ciudadano común se le exige que resigne su legítimo derecho a un sueldo digno dada la austeridad que reclama un delicado momento económico de la provincia y el país. A ello se agrega que gracias a una arcaica legislación, los diputados provinciales – que gozan del régimen de receso laboral más benigno del país- concurren a sus bancas en total y en promedio sólo unos seis meses al año. La presidenta Cristina Kirchner, por ejemplo, percibe unos $48.366 de bolsillo por su cargo. El vicepresidente Amado Boudou, $43.756 y el jefe de Gabinete Jorge Capitanich $44.278. Los haberes del resto de los ministros, varían entre $39.000 y $51.000.Claro, a estos montos hay que sumarles los abultados gastos reservados de los que disponen estos funcionarios.Todo suma Debido a esta excepcional situación laboral, un legislador misionero no sólo casi equipara su salario al de la presidenta de la Nación, recientemente cuestionada por recibir un sueldo de casi 50.000 pesos; sino que tiene la oportunidad de sumar aproximadamente ¡294.000 pesos! a su patrimonio sin, prácticamente, poner los pies en la Legislatura provincial. La suma mencionada surge de multiplicar los 49.000 pesos que reciben cada mes por los meses de receso que van de octubre a mayo de cada año; en los que las comisiones no se reúnen ni funciona el recinto de sesiones, que se inaugura cada 1 de mayo con la asamblea legislativa. En esa fecha con gran pompa el gobernador realiza su informe de gestión anual y la Legislatura inaugura su Período Ordinario de Sesiones, todo a un mes de cumplirse la mitad del año. El evidente desquicio horario que esto implica tiene sus raíces en Artículo 96 de la Constitución Provincial, que fijó el período de sesiones ordinarias desde el 1 de mayo hasta el 31 de octubre de cada año.La Constitución, que extendió a seis meses el receso en atención a las dificultades de los diputados que residían en el interior, en la época de su sanción, en junio de 1958; estableció que durante el año exista una Comisión Legislativa Permanente para cuestiones de urgencia. Estableció también que “este término (de seis meses) podrá ser prorrogado cuando así lo disponga la mayoría absoluta de sus miembros”. En los hechos, aunque la reducción horaria ya no tiene sentido dadas las facilidades actuales para la comunicación; y aunque ocasionalmente se han prorrogado las sesiones en períodos de especial agitación política, no se han dado pasos para normalizar la duración del período de sesiones.Para resolver esta situación, claramente superada por la realidad del día de hoy, se necesitaría una reforma parcial de la Constitución; mecanismo que tiene ciertas restricciones constitucionales y debe ser puesto ad referéndum de una ratificación popular en el marco de elecciones generales.El diputado González, junto a otros pares de bancada, presentó también un proyecto respecto a la duración del período legislativo: aunque -debido al largo receso- esta iniciativa, como otras tantas, deberá esperar hasta el próximo mes de mayo para ser tratada. El contexto de lucha de los docentes y trabajadores del Estado misionero para que se les reconozca un salario digno de cara a un año difícil justifica una revisión del estado de privilegio que tiene la política en la provincia. Un debate nacionalEl impacto causado por los abultados sueldos que cobran los diputados provinciales no es un tema nuevo y tiene su correlato a nivel nacional, donde se instaló a principios de año cuando medios periodísticos destacaron que un legislador nacional recibirá en 2014 un salario de 50.000 pesos mensuales. Según esas publicaciones, sumando los montos de la dieta y los gastos de representación, los ingresos de diputados y senadores aumentaron 682,8% durante los últimos diez años, muy por encima de la inflación acumulada en el mismo período, que según el Indec fue de 140% y para las consultoras privadas llegó a 440%, de acuerdo a cálculos del economista Francisco Gismondi. La postura del diputado nacional por Mendoza Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, quien se negó a aceptar el aumento y anunció que se quedará con un salario de 8.500 pesos, similar al de un maestro, y donará el resto, recalentó el debate. El legislador consideró que “es una provocación que los políticos ganan diez veces más de lo que percibe cualquier trabajador” y sostuvo que por esa vía se busca que “se siga gobernando y legislando contra los intereses de los trabajadores y a favor de banqueros y terratenientes”.
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