POSADAS. A ocho años de la muerte de Iván Andrés Mercol, y sin juicio a los involucrados en el hecho, la causa será enviada ahora a la Justicia en lo Correccional y de Menores que, a partir de la modificación del Código Procesal Penal, se encargará de juzgar aquellos delitos cuyo máximo no supere los seis años de cárcel. La causa -hoy se cumplen ocho años del deceso del estudiante de Ciencias Económicas- tiene dos acusados: Sebastián Ruiz y Diego Cantallops, imputados por el delito de “homicidio preterintencional”, que básicamente significa que para la instrucción ambos actuaron con intenciones de lesionar a la víctima pero no de quitarle la vida.Esa calificación contempla un mínimo de tres y un tope de seis años de prisión, por eso el expediente será remitido al fuero Correccional y de Menores, para que intervenga el juez César Raúl Jiménez o la magistrada Marcela Leiva.En cualquiera de los casos, se trata de un hecho que se cobró la vida de un estudiante de 19 años por el que nadie rindió cuentas ante la ley. No se sabe, a ciencia cierta, cuándo llegará a la instancia de debate; si es que alguna vez sucede, porque el fantasma de la prescripción acecha con el cronómetro en funcionamiento. AntecedentesRuiz y Cantallops iban a comparecer ante los magistrados del Tribunal Penal 1 posadeño por última vez en marzo de 2011, pero el debate se suspendió por tercera vez porque la defensa de Ruiz, representada por el abogado penalista Hugo Zapana, presentó un pedido de “probation” -juicio a prueba- que fue rechazado por los camaristas, pero que fue apelado y llegó hasta el STJ, que finalmente denegó ese pedido y a fines del año pasado envió de regreso el caso al Tribunal.De todas maneras, las fuentes informaron que Zapana elevó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por esa misma cuestión. Sin embargo, pese al tiempo que pasó, el alto cuerpo nacional aún no se pronunció al respecto.El juicio contra Ruiz y Cantallops, además, ya había sido suspendido otras dos veces previamente. En diciembre de 2010 uno de los acusados cambió de abogado horas antes de sentarse en el banquillo, por lo que la audiencia volvió a caer.Originalmente, el debate debía realizarse en marzo de 2009, pero el escándalo de las escuchas telefónicas que involucró a la Justicia misionera obligó a postergarlo.Iván Andrés Mercol (22) falleció en la tarde del domingo 19 de marzo de 2006. En la madrugada de ese día sufrió una golpiza en el interior de un boliche de la avenida Corrientes. La Justicia determinó, en principio, que Ruiz y Cantallops fueron los autores del crimen.El joven estudiante sufrió rotura de vértebras superiores y pérdida de masa encefálica. En un primer momento se dijo que había recibido un botellazo. Sin embargo, con el correr de las horas y el testimonio de testigos se llegó a la versión que hoy por hoy tienen las autoridades, que habla de una feroz golpiza.En la última entrevista realizada por este diario a Mauricio Mercol, padre de Iván, el hombre reflejó en palabras el dolor de la familia por la penosa espera. “No se puede explicar. Es sumamente pesado para el espíritu ver cómo el juicio se posterga una y otra vez. Todos sabemos de la lentitud de la Justicia, de los derechos que tienen los acusados, pero yo creo que ya es hora de que se los juzgue”, dijo, dolido, en marzo de 2012. Hoy, a ocho años de la muerte de Iván, la causa aún aguarda por su lugar en la agenda de debates de la Justicia misionera.Es uno de los hechos más trascendentes de la criminología misionera de los últimos años y una de las tantas cuentas pendientes de la Justicia local. Una Justicia que podría colapsar“Cargaron la carretilla de causas y se la enviaron a la Justicia en lo Correccional y de Menores”, consignó una fuente consultada por PRIMERA EDICIÓN respecto de la cantidad de expedientes que deberán ser remitidos al fuero Correccional y de Menores a partir de la modificación del Código Procesal Penal de la provincia.La misma especie consignó que en Misiones habría unas 700 causas en trámite de juicio y pendientes de sentencia, todas con penas de hasta seis años de cárcel.Cuando el delito endilgado supere ese techo, entonces sí deberá intervenir el Tribunal Penal que corresponda a la jurisdicción judicial en que ocurrió el mismo.En este orden, el mayor peligro es que se produzca una prescripción masiva de causas por cada circunscripción.
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