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Estudian una Caja Compensadora para retirados de Policía y el SPP

19 marzo, 2014

POSADAS. La Mesa de Enlace policial casi a pleno visitó ayer PRIMERA EDICIÓN. Fue para negar la firma de un acta que aplique recortes a los aumentos acordados con el Gobierno, denunciados por un grupo de retirados autoconvocados.En la entrevista, revelaron que está en estudio la creación de una Caja Compensadora para mejorar los retiros del personal policial y del Servicio Penitenciario provincial (SPP). De aprobarse, deberán equilibrarse los fondos entre aportes y erogaciones en el sector de las fuerzas de seguridad. Por lo cual, los efectivos deberán realizar mayores aportes que no superarían el 5% para mejorar los retiros del personal.Dijeron que para ello  habrá que volver a discutir con el Gobierno provincial una nueva suba de salarios.Los representantes de activos y pasivos de las fuerzas mencionadas negaron cualquier participación político partidaria y llamaron a la unidad del sector.El proyecto de CajaClaudio Cáceres, representante de los activos, aseguró que los aumentos pactados en un total del 35%, fueron pagados en sus dos primeras cuotas: un 10% en diciembre y un 10% en febrero, restando una tercera cuota en abril “lo que ya está procesado en Contaduría”.Desmintió que “se vaya a producir un recorte este mes a los activos” y reveló que “se está tratando como proyecto la Caja Compensadora que tendrá alcance para el personal retirado de ambas fuerzas. En uno de los puntos para la aprobación (de la Caja) debe haber un nuevo aumento para los activos para poder procesar un descuento y de esta manera evitar que los efectivos se vean perjudicados en sus haberes”.  La afirmación final se debe a que -de crearse la Caja Compensadora- los activos deberán realizar un aporte mayor de sus haberes para financiar la misma. Esos descuentos mayores podrían  ser del 2,5% al 5% según grado del efectivo en forma escalonada. Pero, Cáceres aclaró que el proyecto “sigue siendo analizado y no existe un acta firmada para practicar los descuentos. Para ello, debería salir una ley o decreto creando el sistema. Y en caso de aprobarse, el dinero no será manejado por integrantes de nuestra Mesa de Diálogo”.El referente policial explicó que “para poder generar un fondo que compense el desfasaje que tienen los retirados entre lo que cobran y lo que deberían cobrar; primero hay que hacer un análisis real, con números ciertos de los descuentos a los activos que genera parte del fondo manejado por el IPS. Hoy estamos en alrededor de 32 millones de pesos de descuentos a los activos para el ‘pozo común’ de pago a jubilados, pero no alcanza. ¿Por qué? Siempre decimos que por el vaciamiento, el desmanejo. Y una cuestión muy importante en la Policía, que es la proporcionalidad. Se necesitan 2,5 activos para cubrir el pago de un retirado”, especificó.Cáceres lamentó que “hoy el IPS no maneje como debe manejar el dinero. Antes, lo hacía en forma autárquica. Hoy, existe un traspaso de fondos de Hacienda al IPS para los pagos”. A su vez, Joaquín Kapko de los retirados, agregó que “al IPS le dan los fondos que el gobernador considera que debe entregar, no el dinero que deben darle según la ley vigente”.Sin información financieraPor la falta de números sincerados desde el IPS, a raíz de la dependencia en el envío de fondos del Ejecutivo provincial, aún resulta difícil determinar cuánto hace falta para compensar los haberes de los retirados. “Para poder establecerlo, tenemos que saber cuánto se le retiene a los activos, cuánto paga a los retirados el IPS y cuánto debería pagarles a los pasivos. En ese ‘debería’ está la diferencia por decretos en negro, pagos parciales de los aumentos que se hacen”, dijo Cáceres.“Queremos hacerle entender a los retirados que tergiversaron la información, que estamos proyectando la Caja Compensadora. Y dentro de una de las cláusulas para conformar la Caja es tener la información precisa del IPS. Una vez que tengamos la información, recién se trabajará sobre el monto que corresponde derivar a la Caja. Pero el dinero no será manejado por la Mesa de Diálogo sino un directorio”, explicó a su vez Alberto de Lima.“No queremos que la Caja quede sujeta al manoseo. Cuando haya un monto importante de dinero, no queremos que el Gobierno, a través de algún decreto, toque ese dinero como ocurrió con el IPS. Que la Caja quede blindada”, advirtió Claudio Cáceres.En cuanto a los porcentajes de mayores descuentos que se estudian, el efectivo policial y vocero de la Mesa de Enlace mencionó que “el 5% que se habló sería para retirados, pero sin información son sólo supuestos. El activo andaría con un promedio general del 2, al 3%. Sino, un escalonado por grados: los que menos cobran, menos aportan. Ahí podríamos llegar al 4%. Si resulta, la idea es que a medida que se avance y se generen recursos, el aporte vaya descendiendo”.Para avanzar en la idea, conformarán una mesa de trabajo con el SIAP, la Jefatura de las fuerzas, el Gobierno y la Mesa.Consultados sobre cuánto mejorarían los haberes de los retirados con la Compensadora, aseguraron que en un “100%” y cuestionaron que incluso, con el estado de la Caja previsional actual, se podrían haber mejorado aún más los haberes “pero no hay voluntad política”.Nueva paritariaPara Cáceres, “con la paritaria del año pasado en diciembre, quedamos desfasados en el tiempo. Nosotros como Mesa y algunos integrantes del Gobierno entiendo que tienen la voluntad de hacer un nuevo reajuste, sino quedaremos atrás. Queremos seguir siendo el sector que marque la realidad entre inflación y salarios”.Joaquín Kapko, de los retirados de Policía, advirtió a este diario -a su vez- que “además de la mejora salarial, el proyecto tiene otras patas importantes. El Gobierno tiene el compromiso de incorporar más personal activo al año. Entonces, la Caja tendería a compensarse e ir bajando los porcentajes de aportes a futuro, achicando la brecha. Hoy somos 3.700 retirados y 8.200 activos más o menos entre Policía y Penitenciarios. la brecha no es tan alta, por eso creemos que la Caja está compensada”.Recordó que también está en estudio una norma para ampliar la continuidad del personal cinco años más “que al haber mínimos retiros, podremos incorporar más fondos”.Diferencias entre retiradosDe acuerdo con Kapko, las versiones que parten de los autoconvocados y lo que se resuelve en la Mesa, “genera cierta inquietud en los colegas que están con nosotros hace mucho tiempo. Son gente que ahora se incorporó a la lucha
y que parece que se despertó en octubre de 2013 y dijo ‘nos están pagando mal’. Siendo que nosotros impulsamos presentaciones porque reclamamos más de 4.000 pesos en la generalidad de los retirados como deuda. Dicen que no sabemos lo que nos deben, pero sabemos muy bien por las presentaciones en detalle que nos adeuda el IPS, a la espera que Jurídicos se expida. La base de nuestra Mesa, es que el tema político no debe meterse en la Mesa”. Agregó que “el que quiere dedicarse a la política debe tomar licencia o irse”. 

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Desde la Cámara de Turismo de las Sierras Centrales de Misiones salieron a advertir que, si bien la demanda de viajeros se mantiene, las reservas se desvían al alojamiento ilegal. Exigen fiscalización urgente y preparan una presentación legal.
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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