Posadas. Los guardaparques que cumplen sus funciones en el Parque Provincial Moconá alzaron sus voces, presentaron un escrito y buscan apoyo con el fin de evitar la apertura de un camino que -según un estudio- generará un “impacto negativo” y pretenden sea abierto en el lote 8. Este sector pertenece a una “extraña asociación conformada por comunidades indígenas vulnerables, una ONG extranjera y una empresa forestal entre otros”.Los guardaparques Leonardo Rangel Olivera, Víctor Hugo Soutus, Santiago Belliti, Antonio Millán y Omar Stempel, cumplen funciones en el mencionado parque y realizaron un escrito donde fundamentan el por qué no se debería permitir la apertura del camino. Según detallan en el escrito, hace más de un año los guardaparques afectados a la función de cuidar el Parque Provincial Moconá se enteraron de la construcción de un nuevo camino para comunicar el lote 8, o al menos a la fracción de 200 hectáreas que se había reservado la empresa forestal para un complejo turístico. Los guardaparques rápidamente elaboraron un informe exigiendo los trámites legales necesarios para llevar a cabo este tipo de actividad dentro del parque, que se elabore una evaluación de impacto ambiental y que se respete la zonificación existente en el área. El documento fue titulado “Análisis de los Posibles Impactos del Proyecto Vial dentro del Parque Provincial Moconá” y fue realizado por los guardaparques Víctor Soutus, Santiago Belliti, Antonio Millán y Leonardo Rangel Olivera y presentado en octubre de 2012. El informe impidió que el camino se realizara de manera clandestina y acelerada como preveía la empresa forestal, que ya había mandado personal para verificar una posible traza.No se oponen a obras de infraestructuraEn el análisis de “impacto ambiental” los guardaparques aclaran que “no nos oponemos a las obras de infraestructura que se realizaron y las que están proyectadas dentro del Parque para uso público como restaurante, pasarelas, centro de visitantes y acceso a las embarcaciones entre otras que consideramos son para comodidad del público en general y no para un sector privilegiado como lo que pretenden realizar en el lote 8”. El denominado “lote 8” cuenta con una superficie de casi de 4.000 hectáreas, se encuentra sobre el límite noreste del parque provincial Moconá, contando con la delimitación natural del río Uruguay y el arroyo Yabotí, según describieron los guardaparques.Este lote se encuentra legalmente protegido por ser parte de la Reserva de Biosfera Provincial y por la Ley Nacional de Bosques.La titularidad de la tierra, al momento de crearse la reserva de biosfera se encontraba a nombre de la empresa Moconá SA, de la familia Laharrague. La misma decidió hacer una explotación forestal de este lote a mediado de los años 90, cuando se construyó el denominado puente López, que comunica estos lotes con la ruta 21 y la actual ruta 2. Pero este lote se encontraba habitado desde hace unos 150 años por comunidades indígenas guaraníes pertenecientes a la etnia mbyá. La primera comunidad mbyá de la que se tiene registro es Tecóa Guachú del cacique Dinarte Benítez.En el año 2004, el ingeniero etnobotánico Héctor Keller, perteneciente a la Facultad de Ciencias Forestales de Misiones, realiza un informe que presenta al Ministerio de Ecología, donde plantea la “complicada situación ecológica y social que estaban sufriendo los indígenas, por la presencia de los obrajes que realizaban extracción forestal en su territorio”.En el informe Keller expresa el atropello que se hace por parte de la empresa forestal, que incursiona con sus máquinas y motosierras, incluso hasta en sus lugares sagrados, como su cementerios.“Para ese entonces las comunidades indígenas allí existentes habían comenzado una acción legal contra los que se acreditaban la titularidad de la tierra. El conflicto llegó hasta el Congreso de la Nación, donde el desaparecido Cacique Martín Fernández, de Caapí Ybaté, llevó la voz de pedido de ayuda de las comunidades habitantes de esas tierras a la que la empresa le llamaba lote 8”, recordaron.Finalmente el Ministerio de Ecología suspendió “temporalmente” la explotación forestal de este lote y otros que estaban en una situación similar.Ante esta situación la empresa forestal toma otra estrategia sobre este lote que tenía suspendido, por medio de una ONG inglesa Word Land Trust, que pondría los fondos para comprar el lote 8 y dividirlo convenientemente, entre la empresa forestal que se reservaría 200 hectáreas para un complejo turístico, la ONG se quedaría con diez hectáreas para ella y una porción más en condominio por perpetuidad entre los guaraníes y una fracción de acceso a un mirador para el Ministerio de Ecología y el resto para las comunidades indígenas.La ONG pagaría a la empresa forestal la cifra de un millón dólares por la tierra. “Este acuerdo como se puede ver tiene muchos puntos cuestionables, sobre todo la tierra en condominio entre las comunidades indígenas y la ONG, que no tiene razón lógica, si hablamos de la libre determinación de los guaraníes sobre su tierra”, agregaron.Los guardaparques además refutaron cada uno de los argumentos del por qué la necesidad de un camino y coinciden que el objetivo es beneficiar a la empresa.Cuidar los recursos Según los guardaparques, “hace 40 años los gobernantes pensaban en un parque Moconá de 15.000 hectáreas, hoy tenemos un parque de 1.000 y estamos analizando si es conveniente construir un camino que lo atraviese. Debemos parar la máquina devoradora de recursos y replantear la situación ambiental”. Rechazan los argumentosLa empresa que pretende la apertura del camino, entre los principales argumentos, expuso que las comunidades indígenas necesitan un acceso más cercano y directo para acceder más rápido a los servicios sociales que se les brinda como asistencia médica y alimenticia, además de acceso al transporte público.Según los guardaparques, “éste es el argumento que ha tomado más fuerza últimamente, ya que para acceder a las comunidades con un vehículo hay que hacer un recorrido de cerca de 40 kilómetros de camino de tierra y si se trazara el camino por el Parque, se podría acceder a las comunidades recorriendo sólo entre diez y veinte kilómetros”.“Pero lo cierto es que estas comunidades mbyá eligieron
este lugar apartado para mantener distancia de la cultura occidental y así proteger su propia cultura, pero es importante tener en cuenta su libre determinación y dejarlas decidir por sí mismas. Este tal vez es el punto más difícil, porque se encuentran en una situación vulnerable donde son fáciles de coaccionar y condicionar”, sostienen los guardaparques que defienden la reserva.
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