POSADAS. Mientras un planteo espera resolución para saber quién es para el Poder Judicial el intendente de Santa Ana, uno de los alcaldes, José Luis Rodríguez, firmó ayer su primer documento designando al gabinete comunal.Pero, Pablo Castro, que asumió en diciembre en reemplazo de la ahora diputada Mabel Pezoa, sigue desconociendo la decisión unánime del Concejo Deliberante que convirtió a su titular (Rodríguez) en sucesor de la legisladora el pasado 27 de febrero.Si Castro fuera legalmente el jefe comunal, no habría problemas en las disposiciones que toma en materia financiera con la coparticipación, compras y licitaciones, entre otras medidas. Pero, si la legalidad y reconocimiento recaen sobre “Coco” Rodríguez, lo actuado desde fines de febrero hasta ahora por el primero terminaría demandado ante la Justicia penal.“Que vuelva la paz social”En PRIMERA EDICIÓN, Rodríguez hizo público su nuevo gabinete: como secretario de Gobierno asumió Héctor Juan Furiasse; como tesorero lo hizo José César Butof; en Acción Social, Mirta Parodi; en Obras Públicas, Roberto Keller; en Cultura y Turismo Antonio Bermuller; y en Mujer y Juventud, Jordana Báez Ojeda.“No me pude hacer cargo del edificio municipal. No quiero confrontación en mi pueblo, debo intentar que vuelva la paz social a Santa Ana. Que se viva en comunidad. No vamos a propiciar la pelea de pobres contra pobres”, dijo Rodríguez.“A partir del 27 de febrero soy el nuevo intendente. Le recuerdo a la gente que, cuando me destituyeron con el voto de sólo dos concejales que era ilegal e ilegítimo, yo me fui a mi casa para litigar y acaté la decisión de la máxima autoridad del municipio que es el Concejo. Castro, no. Sigue sin reconocer las leyes. Que me deje trabajar”, pidió.A su turno, el titular de Gobierno municipal, Juan Furiasse, fue consultado sobre el manejo de las finanzas desde el 27 de febrero al presente: “No nos hacemos cargo de ese período porque una vez firmada la resolución del Concejo designando al intendente Rodríguez, comunicamos al banco, a la Provincia, a los organismos de control el cambio. Es un problema, porque al bloquearse las cuentas se coarta la posibilidad de pago a algunas personas y se las perjudica. Quien provoca esto es quien no reconoce ni cumple la ley ni la resolución del Concejo”, dijo el funcionario.“Es lamentable el ambiente que se vive, se perdió la paz social. Nos dejamos de saludar entre amigos pero no queremos enfrentamientos entre grupos. Le pedimos al ministro (Jorge) Franco y al gobernador Closs que tomen medidas, nos brinden seguridad a nosotros y al pueblo de Santa Ana para volver a la normalidad y dejar de perder tiempo que trae atrasos al desarrollo de la comunidad. Que le digan a Castro que se vaya”, afirmó.
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