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Sólo en Posadas roban 20 motocicletas por semana

4 marzo, 2014

POSADAS. “Si hacemos un recuento, nos da que se roban hasta cinco motos por día en Posadas, en el mejor de los casos. En promedio, pueden llegar a ser hasta 30 en una semana”. El que habla revela los números de un tipo de delito tan común que llega al punto de “naturalizar” a todos, autoridades, medios y opinión pública.Sin estadísticas oficiales por parte de los encargados de la seguridad pública en la ciudad y en la provincia, PRIMERA EDICIÓN dialogó con dos fuentes de confianza ligadas a la fuerza provincial, quienes revelaron una cifra alarmante que desnuda el opulento negocio que tanto rinde en el mercado negro, el de “la mafia de las motocicletas”.Los especialistas en seguridad contactados por este medio, cuyas identidades permanecen en el anonimato por cuestiones obvias, coincidieron en señalar que este tipo de delito sigue en ascenso en la capital provincial y tiene como punto principal de referencia “pequeños talleres que funcionan como desarmaderos, donde se reducen los vehículos siniestrados para su venta a menor precio o para el desguace y la venta de accesorios”.Un día, un ejemploLas palabras de las fuentes tienen sustento. Se apoyan, por ejemplo, en los hechos denunciados el último sábado solamente en la zona norte del Gran Posadas, donde se registraron al menos cuatro denuncias por robo de motocicletas.Dos de los episodios ocurrieron alrededor de las 8 de ese día. El primero fue en el barrio Cristo Rey, popularmente conocido como la chacra 32-33. Allí, delincuentes le robaron una Gilera Smash de 110 cc a un hombre de 60 años que había llegado a la zona para realizar trabajos de jardinería.A esa misma hora pero en una vivienda de Ituzaingó al 3.200 (casi Zapiola), un joven de 21 años denunció que desconocidos le habían sustraído una Jincheng de similar cilindrada, que había dejado estacionada cerca de la 1.Aquellas dos primeras denuncias  aún se estaban registrando cuando una mujer de 39 años sumó la tercera del día. La damnificada había dejado estacionada su Honda Wave de 110 cc frente al Colegio de Farmacéuticos, en Rivadavia y Salta, pleno centro de la ciudad horas antes de las 9, cuando se percató del delito.Y la última de la jornada, al menos la que fue denunciada y a la que tuvo acceso este diario, se produjo alrededor de las 22.25, nuevamente en Cristo Rey. Allí, un hombre de 32 años denunció que los ladrones se llevaron una motocicleta Imsa de 150 cc.Este último caso tuvo un final diferente: minutos después, efectivos de la Policía provincial dieron con el rodado y detuvieron a un sospechoso de 21 años que circulaba con la Imsa en inmediaciones de la cancha del barrio Santa Rosa.Ilegalidad“Alrededor del 20 por ciento de los casos denunciados son los que tienen esclarecimiento”, contó otra de las fuentes a este diario, quien aseguró que “muchos guardan los documentos del rodado debajo del asiento y esto termina jugando  en contra del denunciante”.Con respecto a las posibilidades de recuperar un rodado siniestrado, los especialistas aseguran que el tiempo que corre desde el hecho hasta que el propietario se percata del mismo resulta trascendental. “Por eso se habla de un 20 por ciento, porque hasta que se radica la denuncia muchas veces pasan varias horas. Y a esa altura, la motocicleta ya está desguazada o pasó al Paraguay”, señaló, en relación también con la “fuga” de los rodados hacia la vecina orilla.Sobre los vehículos circulantes en la capital provincial, el contacto reveló que cerca del 60 por ciento  son de dudosa procedencia. “Al menos 6 de cada 10 motocicletas que se secuestran no tienen cédula verde o certificado de transferencia”, sentenció, y explicó que detrás de esos rodados “se esconde alguna cuestión ilícita, como una venta no regular, una estafa o directamente un robo”.El circuito“Una buena parte de los talleres de motos de la capital te venden un cuadro, un motor, una rueda armada. Todo es de dudosa procedencia”, aclara el informante, quien explica que el circuito es muy sencillo: el que roba “congela” la motocicleta por un tiempo en algún aguantadero o directamente la vende en los talleres clandestinos de los barrios posadeños.En ese lugar, dependiendo de algunos factores como el estado del rodado, los “reducidores” se deciden por desarmarla y vender los accesorios, o directamente a ofrecerla a precios irrisorios. Sin papeles, claro.“Los ‘reducidores’ se presentan como un taller de motos. Vos te vas y hasta tienen habilitación, un mecánico, todo aparentemente en regla. Pero cada uno de estos lugares es un potencial desarmadero y, como no está regulada la venta de esas autopartes, sigue todo igual”, confiesa la fuente con cierto desánimo.En esos lugares se pueden encontrar todo tipo de repuestos e, indagando un poco más, motos que valen 8 mil pesos a, por ejemplo, apenas 4 mil. Esos lugares también suelen ser punto obligado de “motochorros”, que obtienen allí repuestos a bajo precio, vehículos nuevos o un “cambio de cara” para los utilizados en los asaltos.“Te la venden a mitad de precio y aún menos. Y el que está comprando sabe que está adquiriendo algo ilegal, fuera de la ley”, señala el experimentado servidor público, quien opina que la cuestión es de fondo y sostiene que, según su visión, la ley también debería penalizar al “comprador de buena fe”, porque sabe que lo que está haciendo es ilegal y facilita el crecimiento del delito. “El día que no se compren más cosas robadas, se termina el afano”, finaliza. En el interior, el mismo dramaEl denominado “hurto de motocicleta” es uno de los delitos que más creció en Posadas, pero también en el interior de Misiones. Para ello basta con tomar como “termómetro” los operativos que a diario dan a conocer desde la fuerza.Como este diario publicó ayer, en las últimas horas en San Vicente se allanó un taller clandestino en el que se secuestró importante cantidad de accesorios.Lo mismo sucedió hace apenas horas en Puerto Iguazú, donde se incautaron diez motos robadas que estaban a punto de ser vendidas; en San Javier, donde se recuperaron tres rodados; o en Jardín América, donde se esclareció otro hurto. Esos son los hechos esclarecidos que deben ser tomados entonces en proporción con los incontables robos. 

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Desde la Cámara de Turismo de las Sierras Centrales de Misiones salieron a advertir que, si bien la demanda de viajeros se mantiene, las reservas se desvían al alojamiento ilegal. Exigen fiscalización urgente y preparan una presentación legal.
El uso diario, el costo del transporte y el interés deportivo impulsan la demanda en bicicleterías y talleres.
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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