BUENOS AIRES (Agencias y diarios digitales). El fiscal federal Jorge Di Lello imputó ayer al titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, por presunta violación de secreto fiscal a raíz de la divulgación de información sensible de dirigentes opositores.En tanto, en otra denuncia, el mismo fiscal pidió la realización de medidas de pruebas al juez Sebastián Ramos. La denuncia contra Echegaray la hizo el ex fiscal y actual diputado de la oposición Manuel Garrido, luego de una conferencia de prensa que brindara Echegaray en la cual -sin nombrarlos- sugirió información sobre algunos dirigentes como Elisa Carrió, Fernando Solanas y hasta del cineasta Eliseo Subiela.Según el denunciante y así lo expresó Di Lello en su requerimiento, existe la sospecha que se habría utilizado esa información impositiva de los dirigentes de la oposición, la cual es secreta, con el fin de amedrentarlos.La alusión a Subiela fue luego de que el cineasta criticara por no poder conseguir dólares para realizar un viaje al exterior.La conferencia dada por Echegaray fue después de su cuestionado viaje a Brasil con el empresario Jorge Lambiris, y al criticar a la oposición el titular de la Afip se refirió a Carrió al asegurar: “La señora que dice voy a ser candidato a presidente, se pasa todo el verano en Punta del Este y puso en Twitter que no es bueno que Echegaray compre dólares, tiene cero pesos de impuesto a las Ganancias”.Entre las medidas de prueba solicitadas por el fiscal Di Lello al impulsar la causa, requirió al juez que por oficio pida a la Afip el listado de funcionarios que componen un área determinada y en la cual tienen acceso a la información que sugirió Echegaray.En paralelo, Echegaray fue denunciado por presunto enriquecimiento ilícito por el abogado Alejandro Sánchez Kalbermattenk, y en ella el fiscal aún no requirió sino que pidió medidas previas.Según el denunciante, Echegaray incrementó su patrimonio en un 2.055% desde que asumió en la función pública. Ciccone en paraleloEn tanto, Echegaray solicitó al juez federal Ariel Lijo que resuelva su situación procesal, “si es testigo, imputado o si será indagado” en la causa Ciccone, tal como pidió el fiscal federal Jorge Di Lello a principios de este mes.El funcionario hizo llegar un escrito al juez en el que le planteó que su actuación fue “en el marco de la ley, tal como la ley decía y que no hizo lo que la ley no habilita”, explicaron fuentes judiciales a la agencia DyN. El titular de la Afip había sido llamado a declarar como testigo en diciembre, ya que fue quien le otorgó a la ex imprenta una moratoria excepcional para que salde su deuda con el fisco. Echegaray tomó esa decisión después de consultarlo con el entonces ministro de Economía, Amado Boudou, vinculado al director de la sociedad que controlaba la empresa, Alejandro Vandenbroele.En marzo de 2012, el titular de Afip negó que Boudou hubiera intercedido para favorecer a la imprenta, pero de acuerdo con documentos oficiales, que integran el expediente 1-257899-2010, él mismo lo habría consultado ante la posible quiebra de la compañía.En 2010, por una nota oficial de la Afip, Echegaray le pidió al actual número dos de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner que decidiera si otorgaba o no el salvataje a la empresa de Vandenbroele, lo que demuestra que la intervención de Boudou fue “determinante” para sacar de la quiebra a la ex Ciccone Calcográfica. Quince días después se aprobó la moratoria.El intercambio entre el titular de la Afip y el entonces ministro tiene fecha del 25 de octubre del 2010. Allí, Echegaray le informa a Boudou que la ex Ciccone le pedía una moratoria para pagar la deuda de 62,7 millones de pesos que tenía con el fisco. En el documento, que ya está en manos de la Justicia, Echegaray notifica a Boudou que él no respondería sobre esa cuestión porque “excede la competencia de (la) Administración Federal” y, por eso, pediría “su necesaria intervención”,especificando que lo que el actual vice decidiera sería “determinante”.
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