SANTA ANA. Un sector de la población local se prepara hoy para manifestar su repudio a la decisión de la titular provincial del Registro de las Personas, Virginia Alejandra Soto, de sancionar a tres empleadas de mucha antigüedad que se desempeñan en la sede local del organismo. Pero además de eso, la idea de los organizadores es hacer oír otro reclamo, que circula entre los vecinos y que pocos se animan a ventilar, pero con el que coincidirían el 100%: pedir que la ex intendenta Mabel Pezoa deje gobernar tranquilo al actual intendente y no pretenda manejarlo como un títere.En la vereda de enfrente, los partidarios de Pezoa ven todo esto como una batalla por el liderazgo político en la localidad y apuntan sus cañones al intendente Pablo Castro.La concentración “en defensa de las instituciones” se realizará a las 17, frente a la sede del Registro de las Personas, que está al lado de la Municipalidad. Quienes la impulsan adelantaron que aunque vayan dos personas, la intención es “romper el miedo” y que se sepa que no se está de acuerdo con las actitudes que le adjudican a Pezoa y a sus seguidores.Tal como publicó este diario en su edición de ayer, las empleadas sancionadas creen firmemente que Soto decidió castigarlas por su negativa a mudarse a un edificio alquilado y por rechazar la designación de una hija de una ex intendente como jefe del Registro en Santa Ana.SumariadasSoto ayer se contactó con periodistas de este diario para aclarar que no había desplazado a las empleadas, sino que les aplicó una suspensión de diez días (por falta de respeto a su superior).Además del conflicto en el Registro, sobrevuela el pueblo el cortocircuito en la relación entre el intendente Castro y Pezoa. Fuentes consultadas indicaron que el idilio se rompió cuando la ex alcalde quiso seguir gobernando en las sombras y colocando a su gente en puestos clave de la estructura comunal, lo que habría sido objetado por su sucesor, con el argumento de que los platos rotos, llegado el caso, los iba a tener que pagar él. Empleadas atrincheradasSi el jueves había sido un día de máxima tensión en el Registro de las Personas de Santa Ana, el viernes la temperatura subió un poco más. Ese día, las tres empleadas que se resisten a mudarse a un nuevo edificio, alquilado por la directora Soto, fueron notificadas primero que debían desalojar la sede actual del organismo, una vivienda tipo Ñande Roga. Después, les llegó un documento firmado por Soto en el que se les informaba que habían sido sumariadas y suspendidas. Entonces, las tres trabajadoras, que tienen entre 15 y 28 años de antigüedad, optaron por atrincherarse un rato en el inmueble. Tres ediles apuntan al intendente CastroQue la interna entre renovadores está a flor de piel en Santa Ana lo deja en evidencia un comunicado difundido en las últimas horas y donde el presidente del Concejo Deliberante; Aníbal Closs; la vicepresidenta, Romina Schimmenfelgnin; y el secretario del cuerpo, Favio Machado, “repudian” lo ocurrido el jueves en la tensa reunión entre Virginia Soto, el intendente Pablo Castro y las empleadas desplazadas. El trío avala la movida de la directora del Registro de mudar la vieja sede y cuestiona al actual alcalde. “Soto, con buen criterio, ha decidido alquilar un edificio en mejor estado, con acceso a Internet, céntrico, con el confort de aire acondicionado y amplio; por lo cual no entendemos qué reclaman. ¿Cuál es el sentido del reclamo? ¿En qué entorpece esto el trabajo del intendente o del municipio?”, sostienen.Líneas más adelante acusan al intendente Castro de haber “echado” a dos empleadas municipales que cumplían funciones para el Registro de las Personas: una que estaba al frente de la sede “vieja” del organismo y la otra del Centro de Documentación Rápida. Esta versión se contrapone a la que dan las empleadas desplazadas. que apuntan a Pezoa como la responsable de que estas personas hayan dejado sus lugares.
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