BUENOS AIRES (NA). El presidente de la Auditoría General de la Nación, Leandro Despouy, presentó ayer un duro informe sobre el programa de viviendas sociales Sueños Compartidos, que manejaba la Fundación Madres de Plaza de Mayo, en el que puso de manifiesto pagos a funcionarios encargados de controlar la ejecución de las obras, deudas previsionales con los obreros y desembolsos efectuados a personas jurídicas no relacionadas con la gestión de obras, entre otras irregularidades.Al respecto, Despouy sostuvo que “el manejo del dinero ha sido poco transparente” y que hubo “pagos por 225.000 pesos a funcionarios públicos que tenían responsabilidad de control y aprobación de gestiones” en las obras.Además, señaló que “más de 36 millones de pesos en cheques” fueron emitidos por la Fundación a nombre de los hermanos Pablo y Sergio Schoklender, que se desempeñaban como apoderados de la entidad presidida por Hebe de Bonafini.Por otra parte, “se hallaron pagos a funcionarios públicos tanto a nivel nacional como provincial que tenían responsabilidad de control y aprobación de gestiones relacionadas con las obras por una suma de 225.000 pesos”, indicó el informe.Entre los involucrados se hallan los ahora ex presidentes del Instituto de la Vivienda porteño Claudio Freidin y del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo de Santiago del Estero Daniel Nasif.Otra de las irregularidades que la AGN presentó en su auditoría fueron los “pagos a personas físicas, en forma sistemática, con cheques por sumas inferiores a 50.000 pesos cobrados por ventanilla, por un monto total de 30 millones de pesos”.“Una sola persona cobró la suma de 4 millones de pesos mediante 85 cheques”, ejemplificó el informe presentado por la mañana en la sede del órgano contralor, que detalló que “de las 4.757 viviendas convenidas se terminaron, a principios de 2011, 822”.También señaló que esas “mismas personas han operado cuentas de la Fundación, por lo que podría tratarse de empleados de la entidad o tener alguna vinculación contractual”. Acerca de los porcentajes ejecutados en la construcción de las viviendas sociales, la AGN precisó que “el 30% de viviendas fueron terminadas” mediante la ejecución del “70% de los fondos”. “No pudo demostrarse la aplicación total de los fondos transferidos por el Gobierno nacional”, sostuvo el informe presentado por Despouy.Además, aseguró que los cambios de dependencias del Estado que debían manejar la operatoria del dinero “afectaron la transparencia y el control”. “La contratación directa vulneró principios de las contrataciones públicas y facilitó la discrecionalidad en el manejo de fondos públicos”, afirmó el informe.Por otra parte, el organismo criticó la calidad de las viviendas construidas, al detectar “falta de infraestructura para la conexión de agua, gas, electricidad y cloacas” en algunas edificaciones, al tiempo que en otras se evidenciaban “filtraciones, fisuras en paredes y rotura de paneles por instalaciones realizadas a destiempo”.También puso de manifiesto que “la falta de mecanismos de adjudicación de las viviendas previamente definidos, otorgando posesión a titulo precario, da lugar a arbitrariedades, clientelismo y a la utilización de criterios disímiles de cada jurisdicción, lo que atentó contra el logro de los objetivos”. En referencia al acceso de la información, Despouy señaló que “hubo dificultades” y valoró “la ayuda de la Justicia”, ya que explicó que el Banco Central invocó al secreto bancario.
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