POSADAS. La jueza Civil y Comercial Nº 2, Rosanna Venchiarutti, se convertiría por estas horas en la primera magistrada en fallar a favor del popularmente rechazado incremento del boleto del transporte urbano de pasajeros, para los usuarios de Posadas, Garupá y Candelaria. Hoy, se notificaría a los seis concejales opositores y a una entidad de defensa de consumidores, respecto a la resolución de la magistrada donde se rechaza el recurso de amparo presentado la semana pasada contra el boletazo.La jueza habría entendido en su defensa jurídica al boletazo que los amparistas no probaron que el aumento del boleto fuera “ilegal, injustificado y desproporcionado”.Respecto a las audiencias públicas previas a la resolución de aumentos de servicios, previstas en la Carta Orgánica Municipal, la magistrada expresaría que al no estar reglamentadas, no se pueden llevar a cabo.Incluso, hasta les recordaría a los concejales que pueden actuar por medio de ordenanzas sobre el aumento del boleto, posición contrapuesta con la ordenanza 1.600 que cede facultades al Ejecutivo y a la provincia.Conocida la novedad, el edil Martín Arjol (uno de los promotores del recurso de amparo ante Venchiarutti) lamentó que los medios de comunicación se hayan enterado antes que los demandantes, a pesar de haber ido dos veces al juzgado a buscar la resolución judicial.Admitió a PRIMERA EDICIÓN que por la experiencia vivida con la Justicia misionera cuando se denunció a la presidente del Concejo Magdalena Solari por utilizar para la campaña proselitista muebles del cuerpo colegiado, “teníamos una responsabilidad como ciudadanos de recurrir a la Justicia por una situación que seguimos considerando que es injusta. Creemos que todavía no nos cierra que no se escuche a los usuarios antes de tomar una resolución sobre el aumento. Más allá de eso, no hay que bajar los brazos”.Sobre la falta de reglamentación de las Audiencias Públicas que la jueza menciona en su fallo, el edil expresó que “la jueza se detiene en el artículo 45 pero no llega al 46 y 47 que de alguna manera reglamentan las Audiencias al mencionar cómo se realizan, el carácter vinculante o no tiene. Ni siquiera hace falta una reglamentación sino que es de aplicación efectiva, con una convocatoria por parte del ejecutivo o el deliberativo. Creo que también habría una falta de lectura global o tratar de cercenar un derecho al que nosotros planteamos en la demanda que era operativo”.Respecto al planteo de que los ediles cuentan con herramientas administrativas para accionar por el tema del boleto, Arjol aseguró que la ordenanza Nº 1.600 sigue vigente y brinda la potestad al ejecutivo.“Ese es otro error, una falta de conocimiento de su Señoría, porque el Concejo ha quedado a partir de la ordenanza Nº 1.600 separado de todos los temas tarifarios y no nos queda cuestión administrativa sin saber qué interpreta la jueza sobre las instancias o recursos administrativos. Como cuestión legislativa, tenemos el pedido de sesión extraordinaria, presentamos un proyecto sobre un ente de transporte o el de reglamentación de las audiencias públicas. Pero de la cuestión administrativa, como que los concejales presentemos una nota, esa no es una cuestión que pueda cambiar el decreto de Solari”, aseguró.A partir de hacerse de la resolución judicial, los concejales deberán determinar si quedan instancias legales para apelar el mismo, ya que trae confusión la decisión de rechazar el amparo pero seguir el proceso: “Si se rechaza la cautelar el proceso no sigue! Por eso veremos mejor si el amparo prosigue”. Al fuero federalLa diputada nacional kirchnerista Julia Argentina Perié se presentó ayer por la mañana en los Tribunales Federales de Posadas, a fin de presentar un recurso ante ese fuero contra el aumento del boletazo en Posadas, Garupá y Candelaria.“Ya habían presentaciones ante la Justicia provincial y como en esto también nos ampara la Constitución Nacional, se puede insistir en que sea la Justicia federal la que trate el tema”, explicó la legisladora a PRIMERA EDICIÓN sobre el fuero elegido.Respecto al recurso judicial, detalló que se presentó “un amparo para declarar inconstitucional al Decreto 101/14 y mientras el amparo se resuelve, presentamos una medida cautelar con algunas consideraciones que son más o menos parecidas, con jurisprudencia de Buenos Aires, Corrientes, de situaciones parecidas”.También, como usuaria, Julia Perié hizo una presentación “por verme afectada en mis intereses, con la respectiva presentación de boletos de colectivo y otras pruebas. Pedimos concretamente dejar sin efecto esta medida y que se vuelva atrás. Luego que se convoque a audiencias públicas, que la jueza indicaría que no se pueden hacer por falta de reglamentación. Entendemos que se tienen que empezar a cumplir con la norma”.Mal servicio y caroPara la legisladora del Frente para la Victoria, estamos frente a un “mal servicio, precio alto, enriquecimiento ilícito, dado que en ningún momento hubo una consulta a todas las partes para llevar adelante el aumento”.Consultada por las razones que la AFIP puso para no ejercer un control sobre las empresas del Grupo Z, expresó que “no recuerdo haber hecho un pedido de informes en ese sentido. No conozco los motivos. Acá hay demasiadas cosas que se tienen que corregir. Porque no puede ser que la empresa no tenga a quien responder o lo haga con una declaración jurada solamente sobre la cantidad de boletos que corta; que ahora con el SUBE haya destratado al usuario, a tanta gente; que esté trabajando con el dinero del SUBE. Todas esas cosas que son complicadas e irregulares- Y seguimos sin saber cuánto dinero mueven las empresas del transporte”, recordó.
Discussion about this post