POSADAS. Tras la publicación de PRIMERA EDICIÓN en la que se recordó la vigencia de la disposición 22/13 de la Subsecretaría de Transportes de la provincia, las negociaciones por el próximo aumento del boleto en el sistema integrado de transportes se maneja con absoluto hermetismo, al parecer, por pedido de las autoridades del área. Dicha resolución impide discutir nuevos aumentos de boleto a la Comisión Ejecutiva Coordinadora del Sistema Integrado, hasta que se implemente el Sistema Unico de Boleto Electrónico (SUBE) por parte del monopolio del transporte.En múltiples consultas realizadas por este diario desde hace varios días, ningún funcionario de las tres comunas (Garupá, Candelaria y Posadas) como de la provincia, aceptaron conversar sobre el tema. Es más, ni siquiera se animaron a confirmar los términos de la reunión anticipada por el secretario de Gobierno, José Moglia, la semana pasada, la cual se habría adelantado al pasado viernes en lugar del lunes 6, como se había agendado inicialmente.Lo unico que trascendió es que las comunas solicitaron un plan de profundización en la registración de usuarios para obtener la tarjeta SUBE durante la segunda quincena de enero, con el objetivo de llegar a un 90% de pasajeros con la tarjeta para febrero. Pero como muchos pueden estar fuera de la provincia por vacaciones, no se descarta que la Comisión Ejecutiva emita una resolución ampliando aun más los plazos para la implementación y un posible “boletazo” anticipado para el mes de febrero. También se exigió conocer el plan de radicación de los puntos de recarga de las tarjetas SUBE. Algo que solo el Grupo Z maneja a discreción y con sus tiempos, lejos de los plazos oficiales.Una fuente, que pidió absoluto anonimato, reveló a este diario que se analiza, incluso, si se va a aplicar un valor diferenciado en el boleto del transporte público del área metropolitana si se utiliza o no la SUBE, tal como ocurre en el área metropolitana de Buenos Aires.Cabe recordar que la sola mención de un posible aumento ya generó el rechazo de legisladores como el diputado Claudio Wipplinger (Trabajo y Progreso); los ediles de la UCR y de Unión Pro; del socialismo; y del Defensor del Pueblo, entre otros que expresaron sus críticas a la posible medida en forma pública.El pueblo quiere saber de qué se trata, pero nadie lo explica.
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