POSADAS. Mediante una nota formal dirigida al ministro de Economía de la Nación, Axel Kicillof, la Federación Argentina de Productores de Tabaco (FAPT) solicitó su intermediación para mantener el impuesto al 7%, tal como sucede todos los años. La organización estima que es muy importante que el Gobierno nacional “mantenga la alícuota del Impuesto Adicional de Emergencia en el 7%, para llevar alivio y previsibilidad al sector”, ya que estiman que un incremento significaría un serio perjuicio para la producción del tabaco en Argentina, al generar una disminución en los ingresos del Fondo Especial del Tabaco (FET). Según refiere la misiva dirigida al Ministerio de Economía, el FET significa “una ayuda invalorable para todas las provincias productoras de tabaco (Misiones, Corrientes, Chaco, Tucumán, Catamarca, Salta y Jujuy) por cuanto es una actividad que, si bien tiene particularidades e idiosincrasia diferentes en cada una, tiene una importancia superlativa tanto en la generación económica social como en la constitución del producto bruto geográfico de las provincias productoras”.En la misma línea Pedro Pascuttini, presidente de la Cámara de Tabaco de Jujuy. agrega que “los productores de las provincias tabacaleras estamos atentos y a la expectativa para que el Gobierno nacional firme el decreto que permite mantener el impuesto al 7%, tal como viene haciendo desde el año 2000. Los productores argentinos de tabaco consideramos esto fundamental, ya que el simple hecho de no mantener esta alícuota puede significar graves problemas para las economías regionales que producen tabaco”. Vale destacar que la producción de tabaco en las provincias es parte de su economía de subsistencia, por lo que de verse afectada, las consecuencias irían desde una merma en la plantilla de trabajadores, dificultades para el pago de salarios en tiempo y forma, menor desarrollo productivo y una notable disminución en la actividad económica general de estas provincias. El Impuesto Adicional de Emergencia se creó en 1996 bajo la ley 24.625, para financiar programas sociales. Anualmente, el Poder Ejecutivo nacional mantiene por decreto una alícuota del 7%.
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