Tras las celebraciones de fin de año, la atención pública se vio ocupada por una agresión a dos periodistas del Grupo Clarín en el marco de una lujosa escapada del titular de la Afip, Ricardo Echegaray, a Río de Janeiro; y por el silencio de la presidenta, Cristina Kirchner, recluida en su residencia en el Sur; que motivó críticas de la oposición y especulaciones varias. En tanto, a la vuelta de un año electoral en el que el dato central fue el derrape del kirchnerismo en las elecciones legislativas de medio término; y luego de un rearme del gabinete nacional deslucido por la rebelión de las policías provinciales, que puso en peligro la paz social; los aumentos salariales que se otorgaron bajo presión siguen siendo una de las claves -junto a la inflación y la incertidumbre sobre los salarios- del año que se inicia. El receso veraniego, habitualmente moderador de las tensiones políticas y sociales, se inició todavía bajo el impacto de la onda expansiva de los conflictos irresueltos que dejó 2013; tanto en la economía, como en el clima social y, en no menor medida, en el escenario político-partidario.Este viernes, aunque decreció la ola de protestas que cruzó el fin de año, tras los compulsivos cortes de luz eléctrica en la región metropolitana, la tensión volvió a subir; esta vez porque en varias provincias se plantearon dudas sobre la posibilidad de cumplir con los altos aumentos salariales otorgados a los policías; que contrastan con los magros ingresos de otros empleados estatales, y ponen a prueba la solvencia fiscal de los distritos provinciales. La preocupación de los gobernadores se justifica si se tiene en cuenta que los aumentos a los policías significan, en el conjunto de las provincias, un incremento adicional de 20.000 millones de pesos y la recomposición que piden otros empleados estatales, movilizados en muchos distritos -entre ellos Misiones- por el “efecto contagio”; elevaría el gasto salarial total en 100.000 millones más de lo previsto para 2014. La reciente refinanciación de una deuda de 75.000 millones a 17 provincias, con una quita de 11.000 millones y un esquema acotado a tres meses renovables fuertemente monitoreado por la Nación; que pidió recientemente se le eleven las listas de empleados estatales; alivia sólo parcialmente un panorama que, como lo demostró el gobierno de Maurice Closs con la efímera “tasa yerbatera”, se complica por el traslado del costo de las subas salariales a los sectores productivos.Legalidad dudosaEn este contexto, dos administraciones de signo kirchnerista, Entre Ríos y Chaco, patearon el tablero al manifestar que no están en condiciones de cumplir con el acuerdo con los policías. En Entre Ríos, la tensión escaló de inmediato, este viernes, con una concentración de policías en la plaza de Concordia; luego de que el procurador general del Superior Tribunal de Justicia afirmara que el acta-acuerdo firmada entre los policías y el Gobierno, que les aseguraría a los primeros un sueldo mínimo de 8.400 pesos, está “viciada de nulidad porque fue firmada bajo extorsión”. El Gobierno chaqueño anunció que no abonará lo acordado “debido a que no aceptará el acuerdo bajo presión” y a que las finanzas no se lo permiten y redujo de 8.000 a 6.000 pesos los sueldos de los agentes. Otras provincias, como Catamarca y Neuquén, habrían negociado una graduación razonable del pago de los salarios prometidos, que les permitiría mantener los parámetros de política salarial del sector público para el ejercicio 2014. Pese a la dudosa legalidad, los efectos de los amotinamientos policiales, se estima, seguirán influyendo en el contexto de un año que se inicia bajo el signo de la inquietud salarial, y le agregarán presión a unas negociaciones paritarias desde ya presionadas por el fuerte rebrote de la presión inflacionaria. La suba del costo de vida se aceleró en los últimos meses, dando paso a un escenario distinto al de los primeros años de la década, proceso que, según algunos economistas, agravaría la aceleración de la devaluación del dólar oficial si continúa como en los últimos meses.El Gobierno, en la figura de los ministros Jorge Capitanich y Axel Kicillof, pretende enfrentar el incremento de la inflación con instrumentos como el nuevo acuerdo de precios que lanzó a pleno este viernes y que, a diferencia del anterior congelamiento, pretende monitorear en forma pormenorizada, desde mañana, una canasta de 201 productos con precios mínimos acordados con el supermercadismo. El esquema recibió críticas porque recoge en muchos productos los fuertes incrementos de precios que se aplicaron en el interín entre la partida de Guillermo Moreno y el nuevo pacto con los supermercados; como también por la influencia en el poder adquisitivo popular de artículos como las naftas que subieron recientemente un 10% y según algunos pronósticos podrían llegar a ubicarse en 12 o 13 pesos el litro, o el 66% de suba del transporte y 35% de los peajes en la región metropolitana. Tasa conflictivaEn Misiones, por ahora no rige el acuerdo, aunque sí los aumentos, como el de los colectivos, que ya subieron en localidades del interior y lo harían en breve en Posadas. El gobernador Closs, que refinanció a último momento en 2013 la deuda provincial y tiene en 2014 desembolsos por 430 millones de pesos, intentó recaudar unos 230 millones mediante una tasa por indefinidos “servicios yerbateros”, pero tuvo que retroceder finalmente ante la fuerte resistencia que se planteó desde el sector productivo. La desafortunada implementación de la tasa dejó al desnudo las urgencias recaudatorias del Gobierno misionero, que se precia de haber contenido la ecuación financiera, pero intensifica la presión fiscal más allá de lo razonable. El “impuestazo yerbatero” llamó la atención hasta en medios nacionales, por su falta de oportunidad y el evidente impacto inmediato sobre el costo del producto en góndola. Menos visibles fueron las otras subas dispuestas por la DGR, como el incremento de 0,50 y 0,60 en la alícuota de Ingresos Brutos, el 8,45% de gravamen a la telefonía móvil y subas en servicios bancarios y juegos de azar, entre otros, todos manotazos recaudatorios que terminan metiéndose en el bolsillo del consumidor. Por ahora, el período de gracia en la refinanciación de la deuda, que culmina el 31 de marzo, permite al Gobierno misionero, como a las demás provincias; sobrevivir a un receso veraniego caldeado al extremo por el lado financiero. Lo que se viene después es un misterio. Las paritarias
comenzarán a develarlo al dar la pauta de cómo seguir adelante en un año crucial antes de la cita electoral de 2015.
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