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Recrudecen las críticas contra la línea 911 de la Policía de Misiones

2 enero, 2014

POSADAS. “Que nos digan qué pasa, si tienen órdenes de no enviar móviles por falta de combustible o por falta de personal, pero que no nos dejen solos, expuestos a los delincuentes”, dijo a este diario y sin poder disimular su indignación Lilian, una diseñadora gráfica que fue víctima del robo de una motocicleta frente a su domicilio y que aseguró haber llamado al 911 en numerosas ocasiones sin que la Policía acudiera jamás al lugar. Lo lamentable de esta noticia, además del delito que se perpetró y que aún no fue esclarecido por los investigadores, es la reiteración de la queja hacia el número telefónico gratuito de emergencias policiales por parte de gran parte de la comunidad posadeña. Vale recordar que PRIMERA EDICIÓN publicó recientemente el increíble caso de la familia Nielsen Corti, de la chacra 139, que llamó al 911 en siete ocasiones y en otras cuatro sus vecinos, totalizando once denuncias telefónicas que fueron atendidas por las operadoras de turno, pero que no ayudaron en nada a resolver la situación de los damnificados. Los patrulleros de la comisaría jurisdiccional jamás aparecieron, pese a que los moradores padecieron un robo domiciliario donde los ladrones forzaron la puerta a tiros y a que vecinos fueron testigos del hecho y amenazados por los peligrosos “pistoleros”. Por si fuera poco, ahora se conoce un nuevo episodio de características similares. Ocurrió el pasado lunes en un domicilio situado sobre la avenida San Martín, entre las calles Suecia y Suiza.  “Nosotros salimos a buscar a los delincuentes” Lejos de ser un servicio efectivo y presuroso, como fue pregonado por el Gobierno ante la oleada de inseguridad, el 911 dista mucho por ahora de dar una respuesta efectiva a la sociedad en general. Lilian, la profesional que denunció el lunes a las 3 el robo de la motocicleta del novio de su hija, manifestó que “en primer lugar llamé personalmente y me tomaron los datos, tanto de mi dirección como la de la moto sustraída, una Gilera Smash de 110 cc. y de color azul (dominio 302-CWM), que estaba estacionada frente a mi vivienda. Mientras esperamos que llegara un móvil policial, fuimos a ver al sereno del barrio, a quien le preguntamos si vio algo extraño. El hombre nos dijo que él recorre el frente de mi casa cada hora y que no observó movimientos extraños. Pasaron al menos 45 minutos y, como la Policía no llegaba, le pedimos al vigilador nocturno que haga otro llamado al 911. Cuando se comunicó le dijeron que la denuncia ya estaba radicada y que de no aparecer un patrullero tenía que dirigirse a la comisaría jurisdiccional. Cuando el sereno preguntó qué seccional era, le contestaron que no sabían, que averigüe, como si se estuvieran burlando desde el otro lado de la línea”. Posteriormente la mujer agregó que “nos subimos a mi auto y comenzamos a recorrer nosotros el barrio, para ver si el o los ladrones no estaban arrastrando la moto, porque cuando quedó estacionada estaba trabada. Parece mentira, nosotros salimos a buscar a los delincuentes. No sé que pasa, pero ojalá que otras personas no tengan esta experiencia de falta de respuesta”.    Graves fallas de coordinaciónAl ser consultados por este medio, fueron muchos los testigos y personas involucradas en accidentes de tránsito que también manifestaron su descontento con el discado de emergencias 911 con respecto a la coordinación con los servicios de emergencias médicos. “A veces las ambulancias llegan a destiempo e incluso a varias cuadras del lugar del hecho, pero eso ocurre y luego nos enteramos, porque las personas que llamaron por primera vez al producirse un accidente -ya sea de tránsito o de otra índole-, lo hicieron al 911, que a su vez debe avisar a los operadores del hospital Ramón Madariaga, que atienden en el 107”, explicó un vecino que prefirió mantener su identidad en el anonimato. En ese sentido se pudo establecer que desde el Ministerio de Salud se capacitó a los efectivos de la Policía a cargo de atender emergencias médicas en varios aspectos como el lugar exacto del hecho, cómo se encuentra a simple vista la víctima de algún episodio -ya sea accidental o criminoso- y la sintomatología de esa persona, entre otras cuestiones. Las autoridades policiales deberían buscar una solución a esta falta de operatividad en los servicios del 911, teniendo en cuenta que el ciudadano común espera eficiencia y respuesta detrás de la línea.  

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Desde la Cámara de Turismo de las Sierras Centrales de Misiones salieron a advertir que, si bien la demanda de viajeros se mantiene, las reservas se desvían al alojamiento ilegal. Exigen fiscalización urgente y preparan una presentación legal.
El uso diario, el costo del transporte y el interés deportivo impulsan la demanda en bicicleterías y talleres.
Con índice extremo de peligrosidad, organismos provinciales coordinaron acciones de prevención y respuesta, definieron una agenda de trabajo desde febrero y solicitaron un informe a Nación para reforzar el abordaje integral frente al riesgo de incendios.
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Mecánicos de distintas especialidades señalan que la situación económica obliga a priorizar reparaciones, mientras crecen las revisiones previas al verano y persisten daños antiguos, como los provocados por la gran granizada.
Durante la feria administrativa, la farmacia del Parque de la Salud en Posadas atiende solo hasta el mediodía y entrega 150 turnos por jornada. Los reclamos de la gente.
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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