POSADAS. Los diputados provinciales Claudio Wipplinger y Víctor Kreimer (del partido Trabajo y Progreso) presentaron hace varias semanas una serie de pedidos de información vinculados al servicio de transporte urbano de Posadas y el área metropolitana; el servicio de agua potable y cloacas; y los gastos del helicóptero de uso exclusivo del gobernador Maurice Closs, en el marco de la Ley IV Nº 58 (Ley de Libre Acceso a la Información Pública). Con los plazos legales que establece la norma y su reglamentación más que vencidos, recibieron como respuesta una nota firmada por el subsecretario de Justicia y Seguridad, Julio Lenzken, que generó un fuerte malestar en los bloques legislativos.En la misiva, el funcionario clossista les indicó que por ser diputados deben pedir informes en la Legislatura e incluso, en una lamentable postura, les recordó un artículo del Reglamento de la Cámara vinculado a la redacción y forma de presentación de proyectos de informes. Por lo tanto, a entender del funcionario, los diputados no podrán hacer uso de un instrumento de transparencia en la gestión, como resulta la Ley de acceso a la información pública sancionada en 2012, del que sí puede valerse el resto de los ciudadanos misioneros. “La postura sostenida por el Ejecutivo provincial a través suyo nos genera enorme preocupación y deja en evidencia una grave falencia conceptual en lo que hace a una norma básica y fundamental de nuestra organización democrática”, opinaron los diputados misioneros.Agregaron que “el argumento que pretende utilizar es absolutamente absurdo. Pretender que los diputados solamente pueden expresarse a través de proyectos es tan evidentemente ilógico como pretender que en toda ocasión que un diputado pretenda hablar, en el ámbito que sea, deba atenerse a las disposiciones establecidas en el reglamento de Cámara para el uso de la palabra”.Respuesta a nota de LenzkenEntonces, Wipplinger y Kreimer respondieron con otra nota a Lenzken: “En primer término queremos expresar que nos resulta llamativo y alarmante que el Poder Ejecutivo, por usted representado en esta cuestión, pretenda vedarnos, por nuestro carácter de diputados provinciales, la posibilidad de acceder a información pública en el marco de lo establecido por la Ley IV Nº 58 (Ley de Acceso a la Información Pública). Por otra parte, el texto de la Ley es suficientemente claro al expresar en su Art. 1 que el Acceso a la Información Pública es un derecho de participación ciudadana de ‘toda persona física o jurídica’, por lo que, aun siendo diputados e invocando tal carácter, no caben dudas respecto del derecho que nos asiste a solicitar informes en el marco de esa Ley”.Destacaron que “La Ley de Acceso a la Información, sin dudas, una herramienta fundamental en la búsqueda de transparencia en la administración del Estado, con ese objetivo primario la ha sancionado por unanimidad la Legislatura provincial, y todos los intentos de obstaculizar su cumplimiento deben entenderse como lo que son, esfuerzos en sentido contrario. Por tal motivo, y dada la gravedad institucional que reviste el tema, giraremos copia de la presente, y de vuestra nota que a ella ha dado lugar, al Gobernador de la Provincia, Presidente de la Cámara de Diputados y bloques del parlamento misionero”.Finalmente, ratificaron el pedido de respuestas a los pedidos de información: “Hacemos propicia la oportunidad para reclamar pronta y adecuada respuesta a los pedidos de información que, en el marco de la Ley IV Nº 58, oportunamente hemos presentado ante la dependencia a su cargo y a la fecha aún no han sido respondidos estando los plazos legales vencidos”, dijeron Wipplinger y Kreimer en su nota al subsecretario Julio Lenzken.Y, al mismo tiempo, “solicitamos se adecuen los procedimientos a efectos de posibilitar a partir de ahora el cumplimiento cabal de la Ley, es decir, que los informes sean entregados en tiempo y forma, evitando la continuidad de los incumplimientos que actualmente son evidentes”.
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