BUENOS AIRES (NA). La eliminación de todo lo referido a la responsabilidad del Estado en el nuevo Código Civil y Comercial ya comenzó a generar polémica pero en el oficialismo aseguran que esto no dejará desprotegidos a quienes se vean damnificados por acciones estatales. Luego de las modificaciones que el Gobierno le realizó al proyecto original para reformar y unificar los códigos Civil y Comercial, se determinó que la responsabilidad del Estado Nacional y sus funcionarios debe ser objeto de una ley especial, que la Cámara de Diputados ya tiene en tratamiento.Esto generó críticas por parte de la oposición, como la que realizó el diputado del PRO Pablo Tonelli, quien advirtió que “la posibilidad de que el Estado no responda cuando provoque daños a las personas es ridículo y un absurdo”.Sin embargo, la diputada oficialista Diana Conti indicó, en diálogo con Noticias Argentinas, que las modificaciones hechas al Código, así como la ley especial para regular la responsabilidad del Estado no impedirán que los ciudadanos reclamen una reparación integral por eventuales daños en casos como, por ejemplo, la tragedia ferroviaria de Once.La diputada aseguró que “el Estado tiene responsabilidad por posibles daños a partir de la actuación legítima o ilegítima” de los funcionarios y aseguró que los ciudadanos podrán hacer reclamos si “la actuación lícita produce daños más allá de los tolerables”.Según explicó, el término “tolerables” se refiere a casos como el corte de una calle y los ruidos molestos cuando se debe arreglar un bache, por ejemplo.Conti precisó que todo lo referido a la responsabilidad del Estado “se dejó aparte porque se decidió que el Código Civil y Comercial es absolutamente de derecho privado y la responsabilidad del Estado es derecho público”.El artículo 1.766 del proyecto de Código presentado por el oficialismo establece que “los hechos y las omisiones de los funcionarios públicos (…) por no cumplir sino de una manera irregular las obligaciones legales que les están impuestas se rigen por las normas y principios del derecho administrativo nacional o local, según corresponda”.Al respecto, Conti indicó que esto significa que “cada provincia deberá adherir a la ley sobre responsabilidad del Estado” que el oficialismo comenzará a tratar en la Cámara de Diputados a partir de esta semana y que prevé aprobar el 27 de noviembre.Por su parte, el diputado de la UCR Ricardo Gil Lavedra también consideró que “la responsabilidad del Estado debe ser regida por el derecho civil y no por el administrativo” y afirmó que “esto es una disputa histórica entre civilistas y administrativistas”.“Si uno abre (el tema de la responsabilidad del Estado) al derecho administrativo local”, como ese el proyecto del Código Civil y Comercial en algunos de sus artículos “va a depender de cada provincia, de cada municipalidad determinar cuál es la responsabilidad del Estado”, explicó Gil Lavedra.A su turno, el legislador denarvaísta Gustavo Ferrari cuestionó que el oficialismo “pretenda hacer un dictamen para el cambio del Código Civil la semana que viene antes del cambio legislativo” y denunció que “es evidente que hay inconstitucionalidades como por ejemplo en el tema de responsabilidad de los funcionarios y en la nueva regulación de derechos individuales”.En tanto, los diputados opositores también cuestionaron el artículo en el que se establece que si alguien contrae obligaciones en moneda extranjera puede cancelarlas “dando el equivalente en moneda de curso legal, de conformidad con la cotización oficial”.





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