SAN BABLO, Brasil (Medios Digitales). La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, es claramente una de las mayores detractoras del programa de espionaje de Estados Unidos develado este año por las filtraciones del “topo” Edward Snowden. Esas encendidas críticas se le volvieron ahora en contra. Uno de los mayores diarios de Brasil publicó hoy una investigación en la que afirma que su país también incurrió en esas prácticas.Según Folha de S. Paulo, los servicios de inteligencia brasileños interceptaron comunicaciones de diplomáticos rusos, iraníes e iraquíes en las embajadas y también en sus casas entre 2003 y 2004, bajo el gobierno del antecesor y padrino político de Dilma, Lula da Silva.La información, que surge de documentos de la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN), da cuenta de otro programa que tenía como blanco oficinas alquiladas por la embajada de Estados Unidos en Brasilia, porque el gobierno sospechaba que eran utilizadas para operaciones de espionaje.Según los informes de la ABIN, las intercepciones alcanzaron al entonces cónsul de Rusia en Río de Janeiro, Anatoly Kashuba, y a representantes de la agencia de exportación de equipos militares Rosoboronexport. La agencia, según Folha, al parecer sospechaba que estaban involucrados en actividades de espionaje en Brasil.ABIN también monitoreó al entonces embajador de Irán en Cuba, Seyed Davood Mohseni Salehi Monfared, que visitó Brasil entre el 9 y el 14 de abril de 2004. Además, el gobierno brasileño espió a la embajada de Irak poco después de la invasión de Estados Unidos a ese país en 2003, dijo Folha en su edición del lunes.Lo admiten La Presidencia brasileña admitió el espionaje y aclaró en un comunicado que los datos se refieren a operaciones de contrainteligencia realizadas por la ABIN hace casi una década. Sin embargo, advirtieron que no pueden determinar la autenticidad del informe porque no pudieron verlo.Las operaciones citadas “obedecieron a la legislación brasileña de protección de los intereses nacionales. Como la Folha de Sao Paulo prefirió no enviar copia de los documentos obtenidos, no podemos validar su autenticidad”, señala la nota divulgada por el Gabinete de Seguridad Institucional de la Presidencia.La publicación de informes secretos “constituye un delito y los responsables serán procesados según la ley”, advirtió la presidencia.
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