BUENOS AIRES (NA). El Gobierno nacional advirtió que Uruguay se expone a “violar el Estatuto del Río Uruguay” si decide autorizar el aumento en la producción de UPM (ex Botnia) sin el consentimiento de la Argentina, por lo que podría terminar el conflicto en el Tribunal de La Haya. Un día antes del acto que compartirán la presidenta Cristina Kirchner y su par uruguayo, José Mujica, en Buquebús, la Cancillería se manifestó en contra de que la pastera eleve su producción anual y le exigió a Uruguay que presente los informes correspondientes del caso.“Estamos seguros que el interés de la empresa Botnia UPM, por más poderosa que sea, no puede promover la violación de fallos internacionales ni acuerdos entre naciones hermanas”, enfatizó la cartera de Héctor Timerman.El Gobierno recordó que la Corte Internacional de Justicia de La Haya tomó como referencia para su fallo “una producción de 1 millón de toneladas anuales”.“Todo cambio que se realice en Botnia-UPM altera la sentencia de dicho tribunal. También estableció que sea la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) la que asuma el control y vigilancia sobre los efectos de la dicha empresa sobre el río Uruguay. Ambos gobiernos ratificaron este procedimiento”, subrayó Cancillería.Indicó que “en marzo de 2012 Uruguay puso en conocimiento de la CARU una solicitud de aumento de producción”.“Al hacer esta presentación, el Uruguay reconoce que el aumento de producción puede afectar la navegación, el régimen ambiental del río y la calidad de sus aguas. También reconoce que se requiere la opinión de la Argentina para decidir dicho cambio”, resaltó.El Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que “en tiempo y forma la Argentina hizo saber al Uruguay por intermedio de la CARU que la información recibida era incompleta de acuerdo a los artículos 7 y 8 del Estatuto del Río Uruguay y se solicitó información adicional para poder expedirse”.En ese sentido, sostuvo que “la Argentina reiteró en cuatro oportunidades la solicitud de información, sin recibir la información adecuada, por lo tanto, aún no ha comenzado a correr el plazo de 180 días para que la Argentina responda a la solicitud uruguaya tal como queda estipulado en el artículo 8 del Estatuto”.“En caso que la República de Uruguay no espere los 180 días luego de haber satisfecho el pedido de información argentino o no haya acuerdo entre las partes, el Estatuto del Río Uruguay establece que debe resolverse por medio de negociaciones entre los dos países y en caso de no arribar a un acuerdo cualquiera de las partes puede someter el diferendo a la Corte Internacional de Justicia”, recalcó.
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