BUENOS AIRES (NA). El Gobierno argentino presentó ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) el nuevo índice de precios que se busca poner en vigencia antes de fin de año, para que reemplace al que confecciona el Indec y que es cuestionado por el organismo multilateral.Voceros del FMI informaron que el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, se reunió con funcionarios del organismo, en el último día de su viaje a los Estados Unidos, y hoy tiene previsto regresar al país.“Los funcionarios del Fondo y de los miembros del equipo económico de Argentina celebraron debates en el marco del diálogo en curso entre el FMI y las autoridades argentinas sobre el establecimiento de un nuevo índice de precios”, indicaron voceros del organismo multilateral de crédito.El organismo dijo esperar “continuar este diálogo con las autoridades argentinas para acordar la confección definitiva del nuevo indicador”. Lorenzino y una comitiva del Indec viajaron a Washington para explicar al Fondo Monetario cómo funcionará el nuevo registro de la inflación.El ministro había viajado para dar cierre a las asistencias técnicas que la Argentina recibió del FMI en la elaboración del indicador.La comitiva argentina estaba integrada, además, por el director por la Argentina ante el FMI, Sergio Chodos; la directora del Indec, Ana María Edwin; y el director técnico de la dependencia oficial, Norberto Itzcovich, quienes mantuvieron reuniones paralelas con los técnicos del organismo.El próximo 27 de septiembre, el directorio del FMI volverá a analizar los avances que Argentina dio en la concreción del nuevo indicador, previo a la reunión de directorio en la que se tratará el denominado “caso argentino” el 13 de noviembre próximo.En Washington, Lorenzino también se reunió con el equipo de abogados del estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, que defienden al país en el caso contra los fondos buitre.Lorenzino también se reunió con directivos del Banco Mundial para avanzar sobre los créditos que la Argentina tiene pendientes en ese organismo y la resolución de acuerdos con empresas que denunciaron al país en el CIADI, el tribunal que arbitra diferencias económicas entre países y empresas.Los acuerdos se cerrarían con Azurix, la ex concesionaria del servicio de agua potable y cloacas en la provincia de Buenos Aires; con Blue Ridge, que estaba a cargo de CMS Gas Transmission Company; y Vivendi, por Aguas del Aconquija en Tucumán.Las otras dos compañías son la británica National Grid, que formaba parte de Transener, la transportadora de energía eléctrica, y Continental Casualty Company, accionista de CNA ART.
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