POSADAS. El manejo del Instituto de Previsión Social con sus proveedores sigue generando sospechas en el entorno de los empresarios que no participan del negociado y los empleados que observan pasar los expedientes repletos de pagos y liquidaciones.El circuito de contrataciones directas, licitaciones y liquidaciones es pequeño y está bien cercado por allegados e íntimos funcionarios ligados políticamente a la presidenta del organismo, la radical renovadora Sandra Montiel. Todo el manejo pasa por pocas manos, casi todos llegaron en 2009 o pocos meses después y fueron acomodados para cubrirle las espaldas y darle tranquilidad en las maniobras.“Hay negocios millonarios en cada centímetro del IPS. Con una estructura bien armada se puede sacar agua de cada ladrillo”, lanzó en voz baja un alto funcionario, apartado de los manejos gruesos desde la llegada de Montiel.“El negocio más común es con proveedores, hay que prestar atención a los diez que más venden, la mitad empezó a vender fuerte desde 2009, esos son los ´amigos de la casa´, los otros son empresas grandes que están desde siempre”, señaló el informante, profesional de la medicina.“Después, el otro tema complicado es la relación entre lo que se paga y lo que ingresa como medicamentos y prótesis, es muy difícil para cualquiera, encontrar la forma de comprobar que ingresó todo, eso lo maneja auditoria y es gente de ellos”, deslizó el médico. “Hay insumos que se compraron y nadie nunca los vio, pero eso no lo podes probar, es imposible”, finalizó.Para 2014 el IPS pidió un presupuesto de 1.500 millones de pesos, con un incremento del 25% con respecto a este año. El Instituto tiene actualmente unos 174.619 afiliados a quienes prestar servicio de obra social.En 2014, Montiel piensa gastar 480 millones en la obra social; gran parte de ese presupuesto se destinará a compra de medicamentos y prótesis. Se estima que serán más de cien millones de pesos.Lo otro que desemboca en sospecha por parte de las proveedoras competidoras es gran cantidad de compras que se realizan por adjudicación directa, sin abrir los procesos de licitación, dejando afuera a eventuales proveedores que podrían mejorar las ofertas y la calidad de los productos ofrecidos.El argumento rebuscado que se utiliza siempre es la urgencia temporal con la cual se debe realizar la compra. “Una obra social que atiende a 170 mil afiliados debe tener un mínimo de previsión, no puede comprar medicamentos a las apuradas, a último momento, eso no pasa en ningún lugar del mundo”, opinó un ex funcionario del IPS consultado para este informe.Silencio y nuevas vinculacionesUn mes atrás este diario publicó un informe donde se revelaron manejos por lo menos extraños con los proveedores. Resulta que dos empresas que proveen al IPS aparecen en la misma dirección, pero con diferentes propietarios. Pero cuando se inscribieron en la AFIP, cada una de ellas declaró tener otra dirección diferente.Los casos son Insumos Pampa e Implamed. En los presupuestos presentados ante IPS declararon la misma dirección: Calle 60 Nº 7165. Si bien, no es ilegal, es por lo menos llamativo que ocurra con dos firmas que podrían competir entre sí. Pero ante la Afip, Implamed declaró domicilio fiscal en Catamarca Nº 1375 de Posadas, mientras que Insumos Pampa se inscribió en Calle 135 Nº 3145.Aunque a simple vista no hay ninguna irregularidad comprobada, algunos empleados del Instituto consideran que la situación merece, por lo menos, una investigación y aclaración debido a que desde que llegó Sandra Montiel a la presidencia comenzaron a correr rumores, nunca comprobados, sobre negociados con algunas proveedoras “preferidas”, mientras que otras denuncian sentirse al margen.Incluso dejaron trascender que sería irregular el hecho de que el auditor que firma y autoriza la compra de todos los implantes, prótesis, etc, es un doctor que está en pareja con la presidenta del organismo.Sin embargo, desde la presidencia hubo un total silencio sobre la cuestión. Más aún llamó la atención la protección que recibió Montiel en la Legislatura, cuando fue a exponer sobre el presupuesto para el año próximo, donde la diputada Eugenia Safrán, presidenta de la Comisión de Presupuesto, no le permitió a los diputados oficialistas ni opositores abrir la habitual ronda de consultas.Todos los funcionarios que asistieron recibieron preguntas, principalmente de la oposición, pero en el caso de Montiel, el silencio fue total. “¿O tiene mucho para ocultar o no tiene explicación para muchas cosas?”, analizó un legislador de la oposición sorprendido por la maniobra oficialista.En tanto, un funcionario del IPS, cercano al despacho de la presidenta, contó que después de la publicación sobre las dos proveedoras en la misma dirección hubo un “importante revuelo en auditoría y en presidencia”. “Se revisaron papeles y expedientes como nunca antes, parece que estaban buscando algunos casos puntuales para revisar”, consideró el directivo.El hecho no quedó solo ahí, sino que aparecieron nuevas pistas sobre estos hechos extraños del mundo de los proveedores del IPS. Según revelaron varias fuentes a este diario, las dos firmas, casi desconocidas, que aparecen en una misma dirección, en la Zona Oeste de Posadas, tienen vinculaciones de parentesco con otros dos empresarios que están entre los principales proveedores del organismo estatal.“El titular de Insumos Pampa es el hermano menor de dos importantes proveedores de Salud Pública, que son los propietarios de las Farmacias Venus y Monserrat Norte”, indicó un empresario del ambiente. “Los tres hermanos son proveedores, además de una mujer que tendría una relación con el menor de los tres y sería la propietaria de la cuarta proveedora. ¡Un pequeño grupo familiar tiene cuatro proveedoras al mismo tiempo!” exclamó el informante que ofreció dar información sin que se mencione su nombre.Al revisar el archivo digital del boletín oficial de la provincia se encuentra más de una docena de decretos y resoluciones, a través de los cuales estas dos empresas, reconocidas e importantes en Misiones, abastecen al IPS y al Ministerio de Salud. Se observan adjudicaciones directas y licitaciones en las cuales resultaron beneficiadas desde hace por lo menos tres o cuatro años.Una de ellas creció tanto en los últimos tiempos que inauguró un moderno sistema de acondicionamiento para la preservación de insumos, un sistema muy costoso y poco común en la región. Desde la llegada de Montiel se escucharon quejas de proveedores por la presencia de empresas “amigas”, que son beneficiadas con las compras más importantes, y por otro l
ado algunas que se sienten discriminadas del reparto o solo les toca las ventas menores. Entre las “amigas” apuntaron especialmente a una, que fue inaugurada hace solo dos años pero a pesar de su corta vida se queda con una importante tajada del negocio. La firma señalada aparece a nombre de un joven abogado, ex funcionario provincial hasta el año 2009, cercano al ministro de Desarrollo Social. Los númerosDesde el año 2003 a esta fecha, el presupuesto anual del IPS fue disminuyendo porcentualmente en la participación total del presupuesto anual de la provincia. Por ejemplo: En el 2003 el IPS participaba con el 22,3% del presupuesto total de la provincia, mientras que en 2012 participó solo con el 8,7.Esto, según los afiliados, quiere decir menos prestaciones, menos calidad de los servicios, menos jubilación, menos blanqueo de sueldo, etc.Los estudiosos de sistemas previsionales señalan que deben haber tres trabajadores en actividad aportando por por cada jubilado para cubrir la necesidad de recursos. En el IPS esta situación es mucho más ventajosa ya que la proporción es 5 activos por cada pasivo: 66 mil activos y 13 mil pasivos.El IPS debería ser una caja previsional con superávit, sin embargo tiene déficit y millonarias deudas.“Para colmo la presidenta se ufana se tener un ahorro en la cuenta del IPS, pero en la salud pública no se debería ahorrar porque quiere decir que podes prestar mejores o más servicios”, se quejó un médico, director de un hospital.El principal inconvenientes que observan los trabajadores es un decreto del ex gobernador Ramón Puerta, del año 1994, por el cual se unificaron las cajas del Ejecutivo, de la obra social y de la jubilación. No hay claridad ni control y el Gobierno termina utilizando los recursos de los trabajadores como parte de su presupuesto, destinándolo a otros fines, relegando la obra social y la jubilación.El decreto le permite al gobernador no enviar al IPS todo el dinero que le descuenta a los trabajadores en concepto de aportes, utilizándolo en otros fines y enviando solo lo mínimo para el funcionamiento.
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