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LAN fue a la Justicia para evitar el desalojo y los gremios amenazan con paralizar los vuelos

27 agosto, 2013

BUENOS AIRES (NA). LAN Argentina presentó un recurso de amparo ante la Justicia para evitar que el Gobierno pueda disponer el desalojo del hangar que esa empresa ocupa en el aeroparque, mientras gremios aeronáuticos lanzaron una huelga para el próximo jueves y amenazaron con frenar todo el tránsito aéreo ese día en el país.“El paro es una medida extrema y nadie quiere llegar a ese extremo, pero si llegamos al próximo jueves sin que el Gobierno recapacite o sin que la Justicia intervenga, se va a parar la aviación total del país, los aviones no van a salir”, advirtió la secretaria general del gremio que tripulantes de cabina ATCPEA, Paula Marconi.Ayer, la Asociación de Tripulantes de Cabina de Pasajeros de Empresas Aerocomerciales (ATCPEA) y la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (APTA), que dirige Ricardo Cirielli, anunciaron un paro para el jueves, en rechazo a la decisión oficial de forzar a LAN a que abandone su hangar en aeroparque.La medida, como planteó Marconi en declaraciones a Noticias Argentinas, amenaza con mantener paralizado durante toda la jornada el tránsito aéreo en el país y afectaría tanto a vuelos de cabotaje como internacionales.También, en la continuidad de un conflicto iniciado la semana pasada, LAN Argentina se presentó en la Justicia para tramitar un recurso de amparo, en un intento por impedir que se cumpla el ultimátum del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), que le otorgó diez días corridos para el desalojo del hangar.Ese plazo vence el próximo viernes, pero tanto la firma de capitales chilenos como gremios aeronáuticos, que temen por la continuidad de la fuente laboral de unos 1.500 de los 3 mil empleados con los que cuenta actualmente LAN en Argentina, resisten la decisión del ORSNA.“Todos los trabajadores de LAN estamos con una gran incertidumbre. En lo inmediato, el desalojo del hangar afectaría a unos 1.500, el 50% del total de los empleados de la compañía, pero estamos todos muy preocupados por esta situación”, dijo Marconi, en diálogo con NA.“Esperamos que el Gobierno recapacite o que la Justicia intervenga y frene el desalojo”, agregó la secretaria general de ATCPEA, uno de los gremios que irán al paro el jueves: la medida de fuerza incluye a técnicos aeronáuticos, despachantes de aviones, controladores aéreos y tripulantes de cabina.Ocurre que LAN advirtió que podría irse del país, en caso de no contar con el hangar en disputa, aunque el gobierno nacional aseguró que la compañía puede seguir operando “perfectamente” desde y hacia el aeropuerto metropolitano Jorge Newbery sin esas instalaciones.Polémica entre LAN y el GobiernoEl titular del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), Gustavo Lipovich, fustigó la negativa de LAN Argentina a desalojar el hangar que ocupa en aeroparque y acusó a la aerolínea de transformar una “cuestión técnica en algo puramente político”.Por su parte, el director de Asuntos Corporativos de esa compañía, Agustín Agraz, cuestionó el tratamiento que el programa “6,7,8” de la Televisión Pública realiza de esta disputa entre LAN  y el ORSNA, al calificar a esa empresa como “la línea aérea de bandera de la oposición”.Mientras continúa vigente el ultimátum a la compañía de capitales chilenos para que abandone las instalaciones que ocupa en la zona sur del aeropuerto metropolitano Jorge Newbery, Lipovich cargó contra LAN: “Quisieron encender un escenario fatalista y catastrófico, convirtiendo lo que fue la adopción de  una cuestión técnica en algo puramente político”, se quejó el funcionario. En declaraciones a Tiempo Argentino, señaló que esa compañía “quiso plantear como estrategia una supuesta inviabilidad para operar, y generar así una alarma en los gremios y en los pasajeros que ya habían comprado billetes para los próximos días o meses”.“El planteamiento del tema del hangar tiene que ver con cuestiones técnicas del aeropuerto y de una reorganización en el uso del espacio”, explicó el titular del ORSNA.Además, insistió: “Lo que hicieron los representantes de LAN Argentina fue tratar de politizar este tema, generando una situación de preocupación para los gremios y el público. Y el fin es evitar la aplicación fehaciente de una política de Estado sobre el aeroparque Jorge Newbery”.Agraz, en este contexto, arremetió contra el programa “6,7,8” al considerar que “no es comprensible que desde la Televisión Pública (Canal 7) se denomine a LAN la línea aérea de bandera de la oposición”. “Nosotros somos todos argentinos, nuestros 3 mil empleados son todos argentinos (…) Desde LAN queremos que le vaya bien a Aerolíneas y también a nosotros”, enfatizó el directivo.En declaraciones periodísticas destacó: “Queremos seguir volando en Argentina y por eso necesitamos nuestro hangar en aeroparque. Queremos seguir creciendo, generar más puestos de trabajo e invertir en una industria en la que las normas y las regulaciones sean las mismas para todos”.

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Desde la Cámara de Turismo de las Sierras Centrales de Misiones salieron a advertir que, si bien la demanda de viajeros se mantiene, las reservas se desvían al alojamiento ilegal. Exigen fiscalización urgente y preparan una presentación legal.
El uso diario, el costo del transporte y el interés deportivo impulsan la demanda en bicicleterías y talleres.
Con índice extremo de peligrosidad, organismos provinciales coordinaron acciones de prevención y respuesta, definieron una agenda de trabajo desde febrero y solicitaron un informe a Nación para reforzar el abordaje integral frente al riesgo de incendios.
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Mecánicos de distintas especialidades señalan que la situación económica obliga a priorizar reparaciones, mientras crecen las revisiones previas al verano y persisten daños antiguos, como los provocados por la gran granizada.
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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