POSADAS. Un grupo de vecinos del barrio El Progreso, de San Ignacio, presentó ante el Concejo Deliberante de esa localidad una nota en la que pide la intervención del mismo para evitar ser desalojados del predio que ocupan, según afirman, desde hace muchos años.La nota, con fecha del 20 de agosto, señala entre su párrafos que “desde hace algún tiempo venimos padeciendo amenazas por parte de empleados de la Municipalidad de San Ignacio, quienes alegan ser enviados por el intendente comunal, con la finalidad de molestarnos y exigirnos que en el término de sesenta días abandonemos nuestras casas; caso contrario procederán al levantamiento de las mismas de manera violenta y sin ningún tipo de contemplaciones”.También expusieron los habitantes de El Progreso que “nuestra ocupación en esas tierras siempre fue pública, pacífica y continua desde hace más de veinte años, las que se encuentran con construcciones y plantaciones de todo tipo y que nos sirven de sustento diario ante la escasez de trabajo que tenemos”.Según dejaron plasmado en el escrito, ya habían presentado varias notas del mismo tenor en las que expusieron la problemática territorial y habitacional, incluso afirman que participaron en sesiones del Concejo en las que plantearon su realidad y preocupación, “no obteniendo hasta la fecha respuestas a nuestros requerimientos”.Vale recordar que el jefe comunal, días atrás, manifestó públicamente que el reclamo de los vecinos del barrio El Progreso tendría un “tinte” político y que los mismos estarían influenciados por un ex funcionario comunal.Por otro lado, también los habitantes de El Progreso mencionan que con fecha 14 de marzo de 2012 el Concejo Deliberante “mediante la declaración 05/2012, había declarado en emergencia territorial y habitacional a la zona comprendida como barrio El Progreso. Entonces cabe la humilde pregunta de saber qué pasó con todos los planteos y pedidos realizados oportunamente”.Más adelante dejaron en claro que no abandonarán sus casas, “construidas con el sacrificio de años y plasmadas en esas tierras que caprichosamente hoy tienen un dueño, totalmente desconocido y que sólo especula con réditos económicos…” y recordaron que está vigente una ley que prohíbe y suspende los desalojos judiciales de inmuebles públicos y privados.
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