PUERTO IGUAZÚ. Las imágenes que en vivo que difunde la empresa de Cable Video a través de su canal y programación generó conflicto en el Concejo Deliberante de esta ciudad y algunos ediles pidieron conocer si se trata del mismo sistema que utilizaría la Policía para seguridad y vigilancia anunciado por el Gobierno provincial. La situación surgió con un pedido de informes del Concejo Deliberante al Ejecutivo Municipal sobre la instalación y utilización de cámaras en la vía pública por parte de un multimedios local y allí trascendió que serían las mismas que la provincia estaría “experimentando” para la seguridad. El proyecto de comunicación fue elaborado inicialmente por la concejal Marcela González, quien cuestionó la falta de autorización del deliberativo en la instalación de cámaras que son utilizadas por la empresa Cable Video Imagen (CVI) y que difunde a través de su programación. “Queremos saber si existe alguna autorización o convenio, lo cual no sería legal porque en este Concejo desconocemos si llamaron a licitación”, expresó González y añadió que “cualquier vecino puede presentar una demanda al sentirse invadido en su privacidad”. El canal muestra imágenes desde la ruta 12 a la altura del Kilómetro 5, en la rotonda de la ciudad, en la calle Córdoba y República Argentina, en Guaraní y Córdoba, y en el Hito tres Fronteras. La comunicación al DEM reclama saber: si CVI detenta de algún tipo de autorización para la instalación de cámaras en la vía pública, régimen legal que se ha aplicado al caso. Motivo por el cual se obvió el procedimiento de licitación pública y otros datos que pedían ser de interés para el cuerpo legislativo. A partir de este cuestionamiento, el edil Roberto Arévalo, pidió en el recinto que se amplíe el pedido de informes al Ejecutivo para interiorizarse sobre la instalación y funcionamiento de las cámaras de seguridad anunciado por el ministro de Gobierno de la provincia, Jorge Franco. La extensión del pedido de informe se basa en que “el intendente municipal informe a la brevedad a este Concejo: el motivo por el cual ha solicitado a la provincia el servicio y monitoreo de las cámaras sean civiles y no la Policía como el resto de la provincia. Si también intervino en la aparente contratación directa de fibra óptica que explota la empresa CVI y cuál sería el motivo de la misma”. Además también se solicitó conocer si “es cierto que el costo, según trascendidos, rondaría entre 500 y 800 mil pesos mensuales”. Arévalo expresó que “aunque estuviese en etapa experimental este Concejo debería saber cuál es el proyecto, a qué apunta y cómo se van a hacer las cosas. Por otra parte dejar la inquietud de que si se deja a alguien que se experimente algo todos estamos con el mismo derecho a hacerlo”. “Experimental”El concejal Lucio Schreiner le respondió que “si el concejal tiene plata para poner la fibra óptica y las cámaras bienvenido sea, simplemente se hace a través de esa empresa porque ya tiene toda la red de cables en la ciudad. Justamente experimentar con esa red de cable porque si no sería incrementar el nivel de costo”. Añadió que “es una etapa experimental que todavía no tiene ningún tipo de realidad. Simplemente está conectada la cámara de un monitor y la gente lo puede ver a través del canal”. En marzo pasado se conoció el decreto del Gobierno que se invertirían más de cinco millones de pesos un sistema de video-vigilancia y llamadas al 911.
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