BUENOS AIRES (NA). El fiscal federal Federico Delgado impulsó una investigación por presuntos pagos a la empresa venezolana PDVSA con fondos de la Anses, a partir de una denuncia presentada por dirigentes de la oposición.Lo hizo al impulsar una denuncia de las diputadas Elisa Carrió y Fernanda Reyes, quienes acusaron al titular de la Anses, Diego Bossio, y a los secretarios de Finanzas y Hacienda de la Nación, Adrián Cosentino y Juan Carlos Pezoa.La denuncia fue radicada por “el posible desvío de dinero perteneciente a la Anses a través de cuatro resoluciones dictadas en forma conjunta las cuales habrían sido publicadas después de ocho meses en el Boletín Oficial”.Según citó el fiscal Delgado en su dictamen, es por la suscripción de “letras” por 835 millones de pesos, 1.378.357.753 de dólares y 21.642.247 dólares tomados del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino.Ese dinero estaba destinado a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA (Cammesa) y Energía Argentina SA (Enarsa) “con el objeto de cancelar las obligaciones con PDVSA”.“La denuncia pone foco en estas últimas dos resoluciones, debido a que la norma que habilita la creación de esa deuda pública data del día 18 de octubre de 2012 y su emisión del 18 de enero de 2012, pero recién fue publicada el 28 de junio de 2013”, explicó Delgado.Los denunciantes acusaron a los funcionarios de que “sin ley que lo habilite, sin parámetros que expliquen las condiciones, montos, plazos, intereses, etcétera, se habrían emitido letras nueve meses antes que la norma lo establezca, vulnerando así el imperativo legal de publicidad en los actos de gobierno o bien que tal vez se trate de una operatoria que está ocultando un delito mayor que debe ser investigado”.A partir de ello, el fiscal Delgado pidió impulsar una investigación ante el juez federal Julián Ercolini.Delgado solicitó que “se obtengan los expedientes administrativos de las resoluciones” y que la Auditoría General de la Nación “designe un grupo de expertos que brinden su opinión técnica sobre el procedimiento que denuncian”.
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